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Corte IDH da plazo hasta marzo para presentar alegatos finales del caso Capriles Vs. Venezuela

Los jueces lamentaron que el Estado venezolano no acreditó a representantes para la audiencia

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Caracas/Foto: archivo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública por la demanda de Henrique Capriles contra Venezuela por presuntas violaciones a sus derechos políticos, judiciales y de libertad de expresión durante las elecciones presidenciales de 2013.

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Tras dos horas de presentar el caso, la jueza y presidenta de la Corte, Nancy Hernández López informó que la defensa del opositor y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen hasta el 8 de marzo para presentar los alegatos finales por escrito. 

Hernández solicitó que la víctima, Henrique Capriles, emita una declaración por escrito sobre las presuntas violaciones. La secretaría de la Corte, liderada por Pablo Saavedra Alessandri, informará el lapso correspondiente para la presentación de la misma. 

Asimismo, la juez Verónica Gómez pidió a la CIDH la presentación de un informe que detalle las notificaciones de “piezas procesales” y el informe de fondo sobre las vulneraciones de los derechos políticos del venezolano. 

Los jueces lamentaron que el Estado venezolano no acreditó a representantes para la audiencia.

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Conclusión de la CIDH

Los observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguraron que las  elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela “no cumplían con los estándares internacionales”, y determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos políticos de Capriles.

También mencionó el “uso inadecuado” de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  Nicolás Maduro, proselitismo, participación de funcionarios públicos en la campaña electoral, manejo desproporcionado de los medios de comunicación a favor del oficialismo y represión contra grupos opositores.

“La Comisión lamenta la no comparecencia del Estado de Venezuela en esta audiencia, y subraya que la participación activa permite que este tribunal realice un mejor escrutinio”, detalló uno de los representantes de la CIDH. Asimismo, indicó que han documentado y constatado el “serio deterioro” de la situación política y electoral del país, entre los que destaca la falta de “independencia” del CNE.

Puntos presentados 

La Comisión acotó que la organización de las elecciones contó con irregularidades, entre las que mencionó, el uso de un padrón electoral desactualizado y un cronograma que no benefició a todos los candidatos.

Los miembros indicaron que el Gobierno incluyó propaganda electoral en los centros de votación durante los comicios y permitió la aglomeración de militantes del PSUV cerca de los centros. A pesar de las solicitudes de algunos candidatos, el CNE no abrió una investigación administrativa por las irregularidades estatales. 

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En este sentido, se concluyó que Venezuela “impidió el acceso” de Capriles para participar en procesos electorales; por ello, solicitaron a la Corte determinar que el Estado venezolano “violentó de manera intencional” el derecho político del dirigente de Primero Justicia. 

“La víctima no contó con el acceso debido a los procesos judiciales. Solicitamos que se declare al Estado responsable por la violación del derecho de las garantías judiciales, en principio de legalidad y de libertad de expresión”, dijo uno de los representantes.

Representante de Capriles

El defensor del dirigente opositor, Ramón José Medina aseveró que desde 1999 el Estado ha aprobado múltiples normas y leyes que “obstaculizan” los derechos políticos en Venezuela.

“Representantes de los Poderes Públicos son personeros abiertos y han sido funcionarios y miembros activos del partido del Gobierno; eso, evidentemente, ha traído como consecuencia unas confrontaciones que, en la práctica, evitan la posibilidad de que se aplique racionalmente la legislación venezolana y que el Estado de derecho prácticamente no exista en el país”, alertó. 

Medina indicó que las “irregularidades” documentadas durante el proceso electoral van desde la “presencia de grupos afines al PSUV” en los centros de votación, vinculación de rectores del CNE al partido del Gobierno, intimidación contra los votantes, centros electorales con presencia de militares vinculados al chavismo, uso de recurso público para impulsar la candidatura oficialista, entre otros. 

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Caso

El caso se refiere a la alegada responsabilidad del Estado por las presuntas "violaciones de los derechos políticos, a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a la protección y garantías judiciales en perjuicio" de Capriles durante el 2013.

La CIDH recordó que el 14 de abril de ese año, cuando terminó la jornada comicial y se dieron los resultados, Capriles solicitó al CNE una auditoría completa de los votos, que fue rechazada, al igual que los recursos presentados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Agregó la Corte que tras la interposición del recurso ante el máximo tribunal, se impuso al también dirigente de Primero Justicia una multa por “ofender” al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas.

“Se alega que en Venezuela existen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos en el país, y que dicho Estado no garantiza de manera suficiente la independencia del CNE, situación que incide directa y negativamente en la protección de los derechos políticos”, ha señalado la CIDH en un documento. 

Argumentó que el uso de recursos y medios públicos para impulsar la campaña presidencial del candidato oficialista “generó una ventaja indebida que le permitió participar del proceso electoral en una situación de superioridad frente al resto de los candidatos”. 

Además, se alegó que la multa impuesta al señor Capriles por la interposición de un recurso ante el TSJ constituyó una violación a su derecho a la libertad de expresión, en tanto carecía de una base legal sólida.

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La audiencia se llevará a cabo en la sede de la CIDH en Costa Rica y está previsto que Capriles brinde su testimonio ante los jueces.





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