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Corte Suprema de Cabo Verde concluyó que no es competente para definir extradición de Álex Saab

El colombiano es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro

Caracas. La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde aseguró que no es competente para decidir sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano, Álex Saab.

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“Esta resolución, expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, dijo en un comunicado la defensa de Saab al que tuvo acceso el diario colombiano El Espectador.

Jose Manuel Pinto Monteiro, uno de sus abogados agregó que el tribunal caboverdiano remitió «algunas cuestiones» a dicho Tribunal de Apelación debido a «numerosas irregularidades”, mientras que Rutsel Silvestre J Martha otro de sus abogados afirmó que «la Corte Suprema ha emitido una decisión que amonesta a la Corte de Apelaciones por ignorar los principios básicos del debido proceso”.

El tribunal de apelaciones del que se queja la defensa aprobó el pasado 31 de julio extraditarlo a Estados Unidos (EE. UU.) donde es solicitado por múltiples cargos relacionados con la Administración de Nicolás Maduro, incluyendo el presunto lavado de 350 millones de dólares defraudados mediante el sistema de control cambiario en Venezuela.

En contexto

Tras la detención de Saab en junio de este año, la Administración de Maduro enfatiza que se trata de un ciudadano venezolano que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.

Saab, de 48 años de edad, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios alimentos y víveres para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La Justicia estadounidense destaca que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, el colombiano y su socio Álvaro Pulido, se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias de Estados Unidos, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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