¡Legado de Cilia! Galindo, el inhabilitador rojo que contrató a 13 familiares en la Contraloría

Caracas, 7 de abril.- El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros mostró su reticencia a la reforma a la legislación que rige al organismo que dirige desde diciembre de 2014. En mayo de 2016, declaró que el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contenía “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional (AN), no contaba con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto.

Pero Galindo Ballesteros no mencionó que la reforma a la ley, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), planteaba una irregularidad que lo vincula. El numeral 28 del artículo 91 del proyecto incorporaba por primera vez el nepotismo, la cual era definido como "la responsabilidad administrativa de todo aquel funcionario que designe a familiares en cargos del organismo que dirige".

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“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: Numeral 28 - Quienes designen, nombren, seleccionen o contraten a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario", destaca la reforma.

De haber sido publicada en Gaceta Oficial, Galindo Ballesteros debía entonces responder por haber contratado bajo su administración a al menos 13 familiares directos en cargos de variable importancia dentro de la Contraloría General de la República, desde que fue designado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2014 como parte del Poder Moral. Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, reseñó Runrunes.