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La Lupa

Daniel Ortega también es un criminal del medio ambiente

Cientos de indígenas y ecologistas asesinados y detenidos han llevado a calificar a Nicaragua como el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. Cifras que se suman a serias investigaciones que muestran a Nicaragua como el país que más ha deforestado sus bosques a escala planateria. La ambición de la familia Ortega los vincula con negocios en la minería y la tala indiscriminada de árboles, otro ejemplo del socialismo y sus elites multimillonarias

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Caracas.- Nicaragua acaba de ser catalogado como el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. Indígenas  asesinados o expulsados de sus tierras, zonas deforestadas sin control y la explotación de la minería por amigos del régimen, han generado no solo un desastre ambiental a escala mundial sino que el año pasado fue considerado "el país más mortífero del mundo per cápita para las personas que defienden su tierra y el medio ambiente", según el grupo de defensa ambiental Global Witness.

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La desaparición de los bosques de ese pequeño país avanza a un ritmo de  -2,56 por ciento anual, casi el triple de un gigante como Brasil que ha alcanzado  -0,29 al año. Y si bien el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se han hecho famosos por la corrupción, la represión y su más reciente abuso electoral, ahora se les debe anexar a su oscuro expediente este crimen ambiental  con graves consecuencias para el clima global.

De acuerdo a una investigación llevada a cabo por la FAO y la Universidad de Oxford, el gobierno ha promovido el   acaparamiento de tierras lo que  ha provocado un aumento de la violencia contra los pueblos indígenas. "Los asesinatos de nicaragüenses que defendían su tierra y el medio ambiente aumentaron a más del doble en 2020 en comparación con el año anterior", según Global Witness, una organización dedicada a la defensa del medio ambiente a escala planetaria.

Una de sus principales víctimas ha sido la reserva de la biosfera de Bosawas, que  se conoce como "los pulmones de Mesoamérica" y se considera   la segunda selva tropical más grande de América Latina. Pero los aliados de los Ortega se han dedicado sistemáticamente al acaparamiento de esas tierras y se  estima que unas mil  indígenas de la comunidad Miskitu han sido expulsados de sus tierras en Bosawás, acaparamiento "facilitado y permitido por las autoridades estatales en lo que parece ser una política de colonización interna encubierta por parte del Estado", señala una amplia investigación realizada por la organización OCCRP -Organization Crime and Corruption Reporting  Project-, la cual ha detallado uno a uno cada crimen cometido contra el medio ambiente y sus defensores.

Entre ellos el incendio que consumió miles de hectáreas de la selva tropical  Reserva Indio Maíz, catalogada por el entonces Ministro del Medio Ambiente de Nicaragua como " la peor catástrofe ambiental que el país hayamos enfrentado". Y si bien el gobierno de Ortega hizo poco para detener el desastre, si actuó para reprimir a los manifestantes que  protestaron por esos incendios,  lo que generó una  represión brutal del gobierno, con más  de 300 personas asesinadas y centenares de  activistas ambientales entre las más de 500 personas arrestadas. A lo que se le suma la explotación indiscriminada de la minería, donde presuntamente también están involucrados los miembros de la familia Ortega. Se trata del llamado "triángulo minero", en  la Costa del Caribe Norte, ha convertido en uno de los principales ejes de la ahora floreciente industria de extracción de Nicaragua. Operación que ya suma seis indígenas  asesinados en solo 48 horas porque los nuevos colonos les arrebataron sus tierras y ellos se opusieron. 

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"Los datos  muestran que la primera dama Rosario Murillo -quien también es vicepresidenta- y otros funcionarios públicos intervinieron directamente en el trabajo de la agencia oficial encargada de proteger el medio ambiente, utilizándola para repartir favores a empresas vinculadas políticamente", señala el reporte de  de la OCCRP, quienes  también realizaron decenas de entrevistas que exponen cómo las comunidades indígenas han sido marginadas mientras los forasteros talan sus bosques.

El exministro de Medio Ambiente de Nicaragua, Jaime Incer Barquero, les dijo que la apropiación ilegal de tierras en territorios indígenas, un factor clave de la deforestación, está ocurriendo con el "consentimiento de las autoridades en todos los niveles".

Y un  exfuncionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato para la OCCRP -debido a preocupaciones de seguridad-, dijo que  se entrega permisos forestales bajo la dirección de la presidencia, a empresas cuyos verdaderos propietarios se desconocen.

Pero se supo que un beneficiario, según muestran  datos filtrados, fue Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua y miembro de alto rango del partido sandinista. Aliado cercano de Ortega y Murillo, y quien fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por apoyar "la identificación, intimidación y castigo sistemáticos de la oposición política por parte del régimen".

Lo más grave ahora es descubrir adónde han ido los millones de dólares que ha recibido Nicaragua de donantes internacionales  para apoyar  proyectos ambientales en ese país.

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Donantes como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes aprobaron más de 513 millones de dólares en donaciones, cofinanciamiento y préstamos a Nicaragua. El país también fue incluido en la recepción de  3.680 millones de dolares en   fondos regionales e internacionales entregados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El financiamiento ha generado críticas de conservacionistas y grupos de derechos indígenas.

“El gobierno de Nicaragua ha demostrado que no puede proteger nuestras tierras comunales, nuestros bosques o nuestra población indígena y afrodescendiente”, escribió la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua en una carta abierta al Fondo Verde para el Clima de la ONU, después de que aprobara el proyecto Bio-CLIMA de 115 millones de dólares en noviembre del año pasado.

“Fue un pretexto para canalizar dinero a personas y empresas alineadas con el gobierno”, dijo  un representante del grupo ambientalista  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible.



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