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“Debe ser analizado”: Las triquiñuelas del Gobierno con la prórroga del Estado de Emergencia

El Cooperante | 13 septiembre, 2018

Caracas.- Este martes, a través de la Gaceta Oficial N° 41.478 fue publicado el Decreto N° 3.610 de la Presidencia de la República, se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional. Sin embargo, especialistas aseguran que este último instrumento legal se incluyeron aspectos que no están relacionados directamente con el panorama económico.

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El director ejecutivo de Well Thought Consultants, Herbert García Plaza, aseveró en su cuenta de Twitter que este decreto de Emergencia Económica debe “ser analizado y exigir su anulación“, por cuanto a su juicio es una clara “violación de los Derechos Humanos y Constitucionales de los venezolanos”.

García Plaza afirmó que con este documento se busca “imponer” el uso de carnet de la patria, decretar un estado de conmoción y evadir las acciones legales del Trubinal Supremo de Justicia. Según la Gaceta Oficial, específicamente el numeral 11 del artículo 2 se estableció la “implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”.

Lo que hace suponer que se refiere al carnet de la patria, instrumento político a través del cual el Ejecutivo otorga “bonos” e implementa el subsidio de la gasolina. Por ende, se le estaría dando un respaldo jurídico aun instrumento que no estaba en el decreto que fue aprobado en 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras ser vetado por la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, se decidió “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas”, esto a raíz  de las sanciones contra funcionarios “rojitos” desde el exterior.

Finalmente, “a fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público”, este decreto señala que las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.

Este Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.

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