Decreto de emergencia económica: de la escasez a la "producción nacional"

El 8 de abril se informó que Maduro firmó un decreto que declara la emergencia económica. No es nada nuevo porque prácticamente desde 2016 el presidente (RP, del 28 de julio) ha gobernado con algún tipo de emergencia o de excepción, sin los contrapesos que establece la constitución ¡Casi 10 años gobernando a través de la emergencia o la excepción!

El primer decreto de emergencia económica fue el 14 de enero de 2016, publicado en la gaceta oficial N° 6.214 extraordinario.

Un decreto de 10 artículos que respondió a la escasez ya intensa para ese entonces. Su segundo considerando comunicó que, “En el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en los ciudadanos y ciudadanas, dificultando el ejercicio de su derecho a disponer y acceder libremente a bienes y servicios esenciales, en detrimento de sus derechos constitucionales a la salud y a la alimentación”.

Del decreto de 2016 llegamos al de 2025. El decreto de este año pasó sin mayor ruido o comentarios. Es llamativo. El peso de la costumbre -un sistema autoritario en el que se puede vivir- el peso de la inercia que hace que cualquier cosa no tenga eco, o que los agentes económicos y la sociedad en general no perciben que el gobierno regresará a la época de los controles y “del comunismo”, el “coco” hasta no hace mucho.

Incluso el tema cambiario -que en el pasado pensé que catalizaría una respuesta de la sociedad- tampoco tiene mayor resonancia, si se compara con la inquietud de 2022. Hoy no es así. Todo “aparenta tranquilidad” y la sociedad se adapta al doble cambio mientras el gobierno ajusta la tasa oficial a su ritmo para acercarla al valor real. Pero no hay inquietud social. Si la hay, es un secreto muy bien guardado. La represión del Estado cuenta, por supuesto. El caso de la periodista Nakary Ramos es un “deterrence” para evitar cualquier expresión de malestar social. Pero también hay conformismo y -aunque vaya a molestar- bienestar en grupos de élites que se pueden ajustar al salto del dólar sin cambiar su extraordinario estilo de vida “en tiranía”.

El decreto de emergencia de 2025 tiene su justificación en la lista de aranceles de Trump anunciada el 2 de abril. Como afirmó la VP Delcy en la presentación a la AN de este decreto el 10 de abril, la lista de Trump “reformateará el sistema de comercio mundial”. Agregó que las reglas de la OMC “murieron”. Para el ejecutivo, esta decisión del gobierno de Trump es “irracional” y va “en contra de los EUA”.

El motivo de la lista de Trump para la VP es financiar el déficit de los EUA “metiendo la mano en los bolsillos de todos los países”, porque ya no se puede sacar dinero del “pueblo de los Estados Unidos”. Rodríguez Gómez finalizó con que esta lista de aranceles va a cambiar “el curso de la geopolítica”. Para el ejecutivo venezolano “es una guerra declarada contra China” (de los EUA). 

Para la VP Delcy, los efectos de esta lista para Venezuela son parte de la “guerra económica” en contra del gobierno de Maduro la que, en los decretos de emergencia, viene desde 2016. La solución que propone -ya es el discurso oficial en este asunto- “no esperemos nada de nadie” sino “esfuerzo propio”.

Como el ejecutivo no puede controlar situaciones exógenas -las decisiones de Trump, por ejemplo- concentrarse en lo endógeno que es lo que puede controlar, y aceptar la inversión nacional y extranjera que quiera venir a Venezuela.

En el artículo examino el decreto de emergencia de 2025. Para tener un criterio de análisis, se comparará con el decreto de emergencia de 2018.

Si bien el primer decreto es de 2016, tomo el de 2018 porque ese año fue uno de los más intensos desde el punto de vista de la crisis económica cuando, de acuerdo con el BCV, la inflación acumulada de ese año fue de 130.000 por ciento. El decreto de hace 7 años puede ser un buen baremo con respecto al de 2025.

¿Qué dice el decreto de 2018? El decreto tiene fecha 9 de enero de 2018, publicado en la gaceta oficial N° 6.356 extraordinario. Contiene 10 artículos. La duración formal del decreto fue de 60 días. 

El primer considerando del decreto señaló “Que sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección al pueblo venezolano y, en particular a la clase trabajadora más vulnerable, mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana, manifestando nuevas y perversas formas de ataques, como: destrucción de instalaciones públicas y privadas, la agresión física a estudiantes y trabajadores que desean llegar a su jornada diaria, la extracción y ocultamiento del cono monetario nacional, el bloqueo permanente de las vías de comunicación para impedir que los productos básicos lleguen al pueblo, al comercio y a la industria, destrucción y quemas de guarderías infantiles y centros maternales, destrozo al transporte público del pueblo humilde, obstrucción al acceso de la banca venezolana a los servicios financieros internacionales, uso del sistema de tecnología de la información y la utilización del ciberespacio para fomentar el odio y crear una distorsión en nuestra economía y al sistema cambiario, la obstaculización de la entrada al país del transporte de bienes y valores, la difusión de noticias falsas sobre la capacidad o disposición de pago de la República, o de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), respecto de los instrumentos financieros emitidos(…)”.

Los considerandos posteriores del decreto de 2018 aluden a las sanciones impuestas por Trump I, al papel de la AN elegida en 2015, y a “que sectores políticos oposicionistas, con apoyo de voceros e instituciones extranjeras, han asumido una actitud hostil y desestabilizadora contra la república, agrediendo constantemente a nuestro pueblo física y psicológicamente(…)”.

Los motivos de los considerandos son internos: la lucha política entre el gobierno y la oposición, pero, principalmente, el manejo irresponsable, autoritario e ideológico de la economía por parte del ejecutivo que respondió más a necesidades del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder -desafiado incluso por “chavistas históricos” al comenzar su mandato en 2013- al mostrar que no era un pelele. Es el precio del poder. Así como Trump y Bukele afirmaron que el ciudadano de los EUA -el “Maryland man”- enviado a El Salvador no puede ser retornado a su país, aunque fue la solicitud de la corte suprema de los EUA, devolverlo sería mostrar debilidad y el terror de las deportaciones y de las cárceles de El Salvador, se debilitaría por una excepción. El poder no admite excepciones cuando de mantenerse se trata.

Aunque un senador de los EUA que viajó a El Salvador pudo verlo, el “rey filósofo” de El Salvador -así se define Bukele en su tuiter- construyó un “damage control” con un tuit que buscó comunicar que el senador y el “Maryland man” tomaban margaritas con camisas Tropicana. Es decir, todo feliz. El montaje se cayó cuando el senador explicó que ninguno de los dos bebió las margaritas porque sabían que era un montaje de Bukele para decir algo como, “pero si están felices tomando margaritas ¿cuál es el problema? ¿cuáles campos de concentración?”.

Por cierto, una lección para Venezuela con el caso de Edmundo González Urrutia y los whiskies en la residencia del embajador de España cuando gestionó con el gobierno su salida de Venezuela. No debió ni ofrecer ni tomar güisqui como hizo el senador de los EUA con las margaritas. Eso es saber de política y saber dónde se está parado.

El poder es cruel y cínico -por lo de las margaritas- por eso los necesarios contrapesos. Ese ciudadano en El Salvador es un daño colateral sin importancia y el “caso ejemplarizante” porque “no es alguien”. Es un “Don Nadie” que puede ser sacrificado. La dura realidad del poder.

Para el gobierno de Maduro, los venezolanos fueron daños colaterales para mantenerse en el poder. El año 2017 fue el pico de las protestas y de los intentos de la oposición insurreccional -que fracasa desde 2013 y todavía domina a la oposición, aunque con menos fuerza, pero insiste en su estrategia del fracaso ahora con el “criminal hub”- para derrocar a Maduro. El ejecutivo daba un giro o caía. Optó por lo primero y este decreto es una primera señal, que abrió el camino a las medidas que Maduro anunció el 18 de agosto de 2018, de corte aperturista o la “apertura a lo Maduro”.

En las áreas de acción, el decreto de 2018 contiene 25 de áreas lo que indica la realidad y la percepción del gobierno en ese entonces: una economía en crisis que requirió toda la presencia del Estado. Incluso, dos áreas no son económicas: las N° 12 y 23 sobre seguridad ciudadana y suspensión de sanciones (¿inhabilitaciones?) a altos funcionarios respectivamente. Igual los artículos 5 y 6 que tienen que ver con la “preservación de la paz social”, lo que sugiere el conflicto político presente en ese entonces.

Un mega decreto económico, político, y social –“Estado de excepción y de emergencia económica”- para un país en crisis que la ideología del gobierno promovió, potenciada por el conflicto con la oposición en la figura de las sanciones que Trump impuso al gobierno y a la economía (las sanciones sectoriales) a partir de agosto de 2017.

Ahora voy con el decreto de 2025, numerado con el N° 5.118. El decreto de este año revisado por el TSJ en su sentencia del 11 de abril tiene 8 artículos y, como en 2018, una duración de 60 días que posiblemente se extiendan.

El decreto está impulsado por las medidas de Trump contra PDVSA. En una actividad con los candidatos del PSUV el 14 de abril, Maduro expresó que “Estamos en un momento de gran amenaza geopolítica para la humanidad. Se está pretendiendo revertir el surgimiento de un mundo multipolar, pluricéntrico, y se está tratando de imponer por la fuerza, la hegemonía absoluta de un solo imperio, el imperio de los Estados Unidos, otra vez. Y es una gran amenaza(…)”.

El ejecutivo percibe que las medidas de Trump afectarán a la economía nacional. Sin embargo, a diferencia de 2018, la percepción no es para un mega decreto sino es más acotado en las áreas o acciones en las que el gobierno actúa. Tiene 10 áreas para la acción, 15 menos que el decreto de 2018. 

El 10 de abril en la AN, la VP Delcy afirmó que el decreto persigue “Atender preventivamente lo que la incertidumbre no permite vislumbrar”. El gobierno puede tener escenarios, pero no sabe con certeza qué va a suceder. La norma se acota a la “producción nacional” para que “siga su curso”.

Es una legislación que, si bien habla de regular, pretende “acompañar la producción nacional” de acuerdo con la funcionaria. El ejecutivo no solo tiene la experiencia de los controles que impuso hasta 2018 que fracasaron a un alto precio para el hombre de carne y hueso de Venezuela -la migración fue uno de sus peores efectos- sino que evalúa que la economía nacional está en un mejor momento para enfrentar las sanciones del gobierno de Trump.

Bajo esta premisa el eje del decreto es la producción nacional con medidas tradicionales como cuotas, compras del Estado, sustitución de importaciones y la eterna promesa para tener “políticas más ágiles para las exportaciones no petroleras” y “agilidad en las decisiones” como señaló la VP desde la AN.

El decreto tiene metas específicas: “acompañar” la producción nacional, estimular exportaciones, y mejorar impuestos, para subir los ingresos del país.

Por supuesto, no es un decreto neutro. El área N° 3 y el artículo 3 sugieren que el decreto es algo como una ley habilitante para el ejecutivo. Principalmente por el artículo 3 que suspende la reserva legal durante la vigencia del decreto.

Esto es relevante porque la reserva legal son áreas que competen a la AN las que, en virtud del decreto, ahora el ejecutivo puede legislar sobre ellas. Ni en el decreto original de 2016 ni en el de 2018 -no sé en las más de 20 prórrogas del decreto original- la suspensión de la reserva legal está. Es decir, es algo nuevo en el decreto de emergencia de 2025.  

El de 2025 es un decreto que convierte a Maduro en una suerte de “legibus solutus”. No hay contrapesos. No por casualidad el TSJ abordó este decreto con base en lo que la constitución establece como el estado de excepción y la ley orgánica que rige este asunto, que pienso no es apropiado para examinar el decreto.

Para mí es lo más serio del decreto. La norma es más acotada, no comunica las amenazas de 2016 y 2018, pero concentra más poder con un tono más suave en la redacción del decreto. Que el PSUV lo haya apoyado, no es de extrañar -aunque es un “tiro en el pie” para el parlamento- pero que la oposición en la AN lo haya hecho, por lo menos merece una explicación porque cedieron una atribución de la AN en un parlamento ya debilitado dentro de un sistema autoritario para ser uno tipo “rubber stamp” en los temas que el ejecutivo decide fuera del parlamento pero éste sanciona en leyes y acuerdos.

Igualmente, el área 3 se presta a confusiones. Veamos, “Concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por ley y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes”.

Luce que son tasas nacionales, pero ¿pudieran ser estadales y municipales? Es decir, si es así, la descentralización se debilita más y se refuerza la concentración ahora en un “gran pote” que maneja el gobierno central a su discreción en vía contraria a lo que la constitución establece en artículo 180 que señala, “La potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta constitución o las leyes atribuyan al poder nacional o estadal sobre determinadas materias o actividades”. La posible suspensión tributaria municipal y estadal ya venía antes del decreto N° 5.118 de 2025. Ahora toma más fuerza.

El 28 de marzo en una actividad del Consejo de Economía Productiva, el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) anunció la suspensión de los impuestos de los municipios a las actividades primarias que se dan en ese nivel de gobierno. La lógica de la medida la entiendo: incentivos para producir como respuesta a las sanciones de Trump. Bien, pero ¿la potestad tributaria de los municipios que es “distinta y autónoma” dónde queda con la suspensión?

Que los alcaldes del PSUV acepten esta medida, lo entiendo, aunque es un autogol para ellos. Sí me cuesta comprender que los alcaldes no gobierno no se hayan pronunciado de manera unitaria -a lo mejor sí lo hicieron y soy yo el mal informado- y que no hayan hecho una demanda o interpretación del decreto, que es lo más sencillo porque la norma afecta el corazón de los municipios que son sus ingresos. Al menos, haber solicitado una reunión con la VP Delcy para conocer los alcances de la suspensión y plantearle el contenido del artículo 180 de la carta magna que, tal como lo interpreto, no dice que no se pueda normar en una emergencia pero que las competencias tributarias municipales son “distintas y autónomas”. Pero silencio de las alcaldías. Y mi propuesta es zanahoria, pero el clima de miedo que hay en Venezuela silencia cualquier cosa, así sea muy inocente o tonta. Esa es la Venezuela que vivimos en la actualidad. Todo el mundo con el miedo a cuestas.

El viaje de los decretos de emergencia económica va de la escasez de 2016 a “acompañar” la producción nacional en 2025 con un “legibus solutus” para adelantar los cambios en las áreas que define el decreto N° 5.118, sin contrapesos.

En el decreto de 2025 la percepción de amenaza del gobierno es menor porque no es la intensidad del conflicto político y económico de 2016 o de 2018. El país tiene estabilidad política, el gobierno no aplica controles, y hoy busca promover la producción nacional al ser la manufactura el sujeto de la economía política para generar ingresos principalmente por exportaciones, acompañado de los impuestos. Es un decreto con menos controles que proclama acompañar a los productores en vez de regularlos como fue en 2016 y, en menor grado, en 2018.