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Delitos y sanciones de alto nivel: La gran tragedia de Hidrocapital que Maduro calla

El Cooperante | 4 abril, 2018

Caracas,  4 de abril.- En horas de la madrugada del sábado, un trabajador de la estatal Hidrocapital, falleció cuando realizaba labores de mantenimiento en el Alimentador Norte, perteneciente al Sistema Tuy II y ubicado en en la urbanización El Cafetal, municipio Baruta del estado Miranda.

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Como Luis Sánchez de 45 años, fue identificada la víctima fatal, quien murió luego de que fuese abierta la llave que activó el torrente de agua dentro de la tubería de 72″ donde aún estaba trabajando. Inicialmente, Hidrocapital intentó ocultar el incidente y emitió un comunicado en el que informaba que “debido a una avería”, los abastecimientos dependientes del Sistema Tuy II, estarían sin agua hasta que el problema fuese resuelto, sin embargo, Jesús “Chúo” Torrealba, dio a conocer lo que realmente se ocultaba detrás de la falla anunciada por la prestadora de servicios.





A través de su cuenta en Twitter, el exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró que la supuesta avería era en realidad un “accidente fatal producto de una mala aplicación del protocolo de restablecimiento del servicio”. La información habría sido suministrada por los propios trabajadores, quienes dijeron que el servicio de agua fue reactivado cuando dos trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento, lo que ocasionó la muerte de uno de ellos, mientras que el otro, identificado como José Luzardo, logró salvarse.

Los presuntos delitos

Finalmente, Hidrocapital tuvo que admitir el hecho, sin embargo, solo confirmó el deceso del trabajador y no señaló las causas del fallecimiento ni otros detalles referentes al hecho. En este sentido, la estatal podría haber incurrido en presunción de culpabilidad, por intentar ocultar o desaparecer indicios de interés criminalístico que arrojen sospechas sobre la compañía, e incluso, la acción podría calificarse como obstrucción a la justicia. Así lo indicó a esta redacción el abogado especializado en el ámbito laboral, Edwin Sambrano Vidal, quien acotó que, en el caso de determinarse el delito de obstrucción a la justicia, los responsables podrían pagar hasta una pena de seis años en prisión, según lo establecido en el Capítulo IV, artículo 13, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

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El asesor de sindicatos laborales indicó que la responsabilidad de la filial de Hidroven, podría acarrear desde una millonaria indemnización a la familia, hasta condenas de privativa de libertad, que irían dirigidas a la cadena de ejecución de la labor en la que murió el Sánchez. “Las consecuencias penales podrían llegar incluso al máximo representante de la compañía, en este caso, el presidente de Hidrocapital, pero no nos podemos adelantar a los hechos. Primero hay que esperar los resultados de la investigación”, dijo Sambrano al respecto.

Las penalizaciones

En su experiencia como abogado defensor de quienes han sido víctimas de accidentes laborales, alertó que, tanto empresas privadas como públicas, “generalmente alteran la investigación para evadir la responsabilidad y trasladarla al trabajador”, lo que también podría darse en esta ocasión. Sin embargo, cree que la  prestadora de servicios no podrá sortear la responsabilidad objetiva, establecida en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y que estipula que los patronos son responsables de los accidentes laborales ocurridos a los empleados, exista o no, culpa o negligencia por parte de estos, lo que les obliga a pagar una indemnización.

En este sentido, lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), artículo 69, establece que “se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo”, dicha falta debe ser compensada por el empleador quien, según el artículo 130, deberá pagar a los familiares una suma equivalente al salario integral devengado por la víctima, correspondiente a no menos de cinco años, ni más de ocho.

En el caso de indemnización, Sambrano Vidal sostiene que esta puede ser muchísimo mayor a la establecida en la Ley, si la esposa o la familia directa de fallecido, introduce una demanda civil en contra de la compañía. “Aunque la mayoría de las empresas tratan de plantear una indemnización irrisoria, si se trabajaba bien y se hacen las investigaciones correspondientes, se puede obtener una compensación importante”. Pero las sanciones adjudicadas por un accidente laboral, podrían tener un mayor alcance. El artículo 135 de la Lopcymat se refiere que, si la violación en la normativa de seguridad por parte de los patronos es determinada como grave o muy grave, estos deberán pagar una pena de entre ocho y diez años en prisión.

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El último informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló que “cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo”, lo que acumula un estimado de 6.300 por día y 2.3 millones por año. Desde 2015, Venezuela no publica cifras oficiales sobre los casos por accidentes laborales. En ese año, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), reportó un acumulado de 46.787, de los cuales, 187 fueron mortales.

Hasta el sol de hoy, el presidente de Hidrocapital ni la Fiscalía General de la República, así como ninguna otra autoridad, se ha pronunciado al respecto.  La única reacción que hubo fue una confirmación de la empresa estatal vía Twitter.

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