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Denuncian 99 ataques contra ONG y defensores de DD. HH. durante enero en Venezuela

La ONG exhorta al Estado venezolano a «cesar la política de criminalización» a quienes exigen el cumplimiento cabal de sus obligaciones

Caracas.- En un informe presentado el pasado martes, el Centro para Defensores y la Justicia (CDJ) registró al menos 99 ataques e incidentes de seguridad al derecho a defender los derechos humanos en Venezuela.

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El grupo explicó que en enero hubo un aumento considerable en los actos de intimidación y hostigamiento, detenciones arbitrarias, allanamientos y apertura de procesos de judicialización que no respetan el debido proceso legal y vulneran el derecho a la justicia.

En total fueron denunciados 54 casos de estigmatización; 16 de intimidación y hostigamiento; 9 amenazas; 6 detenciones arbitrarias; 5 casos de judicialización; 3 de allanamientos y 1 ataque digital, además de otras 5 acometidas que no pudieron ser identificados por la ONG.

Entre la información documentada destaca que 59 agresiones estuvieron dirigidas a organizaciones que realizan acciones humanitarias y de promoción de derechos humanos, mientras que 40 fueron contra personas que se dedican a defender los derechos humanos de forma individual, enfatizando los recientes atentados contra miembros de Azul Positivo, la estigmatización en perjuicio de Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, directivos de Provea, y los señalamientos constantes hacia organizaciones como Foro Penal, Transparencia Venezuela, Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Centro Justicia y Paz (Cepaz) y Provita.

Otros datos señalan que el 40% de agresiones contra activistas vienen de funcionarios públicos, incluyendo miembros del Ejecutivo Nacional, ministros, diputados de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre de 2020 y personas asociadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); y 19% vinieron de organismos de seguridad, dónde la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se ubicaron entre los principales perpetradores. Los medios de difusión integrados al Sistema Nacional de Medios Públicos también sirvieron para promover campañas de desprestigio.

«El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito», manifestaron.

Por otro lado, mencionaron la criminalización de la cooperación internacional, ya que representantes del Ejecutivo condenaron la recepción de fondos para la ejecución de actividades humanitarias como ilícitas y culpables de la desestabilización del orden interno del país.

En diciembre del 2020, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, acusó a las ONG de esconder dinero para perseguir fines políticos. “¿Dónde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana? En las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites. Alguna de esas ONG son: Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentado Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras”, expresó en su programa Con el Mazo Dando.

Como respuesta, la CDJ declaró que «el apoyo de recursos a ONG y OSC no reviste ilegalidad. Su obstaculización intenta criminalizar el trabajo de los organismos que están comprometidos con aliviar el sufrimiento de la población bajo la emergencia humanitaria compleja y la pandemia.»

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Distintos organismos internacionales se articularon para pronunciar su preocupación por esta persecución sistematizada a las organizaciones de derechos humanos y actores
humanitarios en Venezuela, e hicieron llamados urgentes al Estado instando a la debida promoción y protección del derecho a defender derechos humanos.

Finalmente, el CDJ reiteró la necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país.





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