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Denuncian al Gobierno en la ONU por “violaciones a la libertad de expresión”

Christhian Colina

Christhian Colina.- “Los cuerpos de seguridad han servido como brazo ejecutor del Poder Político para silenciar a quienes informan sobre temas sensibles a la gestión gubernamental: El Cicpc y el Sebin detuvieron a voceros tras declaraciones relacionadas con temas de salud, inseguridad y economía”, aseguró en un informe consignado ante el Comité de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la ONG Espacio Público.

La organización no gubernamental señala en el texto que “en Venezuela ha habido un incremento sostenido de las violaciones a la libertad de expresión que se ha fortalecido con las prácticas restrictivas del Estado (…) entre las que se cuentan reformas de leyes, que permiten la aplicación de sanciones arbitrarias; cierres de medios por presiones como la crisis de papel; hostigamiento judicial y verbal a periodistas tras la publicación de informaciones que involucran a funcionarios, además de procesos de compra-venta que trajeron consigo los cambios drásticos de líneas editoriales”.

Así mismo, denuncia que durante las protestas que sacudieron al país en los primeros meses de 2014, las “autoridades del Estado, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, ejercieron prácticas atentando contra la libre expresión. La represión de los cuerpos de seguridad para intentar impedir la difusión de información vulneró también el derecho a la vida, como en el caso de Alejandro Márquez, quien falleció luego de recibir una brutal golpiza al ser detenido por grabar una manifestación pública.”

El informe de Espacio Público hace saber al Comité que, los elementos más graves de la situación venezolana en materia de libertad de expresión son: El hostigamiento y la descalificación, la violencia. La opacidad en el acceso a la información pública, los mecanismos de censura y las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en internet, dentro de las que se considera el hostigamiento judicial a tuiteros.

En el informe recomiendan al Comité a instar “al Estado a investigar de manera imparcial los casos de agresiones, hostigamiento y muertes de profesionales de la comunicación; abstenerse de continuar el bloqueo arbitrario del acceso a sitios web y medios audiovisuales en cable operadoras, así como también a garantizar el acceso a papel e insumos necesarios a los medios de comunicación nacionales y regionales”.

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