Denuncian irregularidades en sentencia a militares involucrados en la "Operación Jericó"

Saimar De Santis.- Familiares y abogados de los 9 militares sentenciados por su supuesta participación en la llamada “Operación Jericó” hablaron a la opinión pública en defensa de los oficiales castrenses que se encuentran encarcelados.

Ana Maldonado de Salazar, madre de la capitana Laided Salazar, afirmó que su hija fue condenada a 8 años de prisión “por pensar distinto”, además denunció que la funcionaria, que es odontóloga asimilada, se encuentra aislada y “prácticamente secuestrada” en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

“Sin haberla sentenciado, fue trasladada al INOF. La tienen aislada, la sacan una hora diaria cuando se acuerdan. Le dan un solo día a la semana para llamar a familiares y una vez al mes para recibir visita. A ningún criminal lo tienen así como la tienen a ella. Es como si la tuvieran secuestrada en su habitación”, señaló Maldonado, a quien se le informó en medio de la rueda de prensa que Salazar había sido trasladada sin aviso a un penal en Barquisimeto. “Más que un juicio, eso fue un teatro”.

María Quintero de Nieto, madre del Capitán (r) Juan Carlos Nieto Quintero quien denunció haber sido víctima de tortura durante su detención, reclamó que aunque el caso de su hijo fue reconocido por la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se pidió su liberación inmediata, no han recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno Nacional. “Nunca pudieron presentar ninguna prueba contra él pero fue vilmente sentenciado por los jueces”, indicó.

La mamá del Capitán Andrés Ramón Thompson, Cristina Martínez de Thompson, afirmó que durante el juicio, los fiscales llevaron como prueba más de 90 testigos, pero muchos no sabían nada sobre el caso, y que ni siquiera sabían para qué habían sido convocados. “Lo que hicieron fue burlarse y hacer una mamarrachada de juicio”, remató.

Organizaciones respaldan versión de los familiares

Susana Rojas, miembro del Frente Nacional para la liberación de Estudiantes y Presos Políticos, tomo la palabra para solidarizarse con los familiares de los militares detenidos. También se pronunció a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos y aprovechó para exigir al presidente Nicolás Maduro y al ministro Gustavo González López el cierre definitivo de “La Tumba”, como se refieren a los sótanos de la sede de Plaza Venezuela del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Rojas denunció que los militares de implicados en la “Operación Jericó”, a quienes calificó como “ilustres venezolanos”, fueron víctimas de un juicio injusto y algunos de ellos de tortura física, por pensar distinto.

Alonso Medina Roa, Director del Foro Penal Venezolano y abogado de varios oficiales, reclamó que éstos fueron condenados por el Consejo de Guerra Accidental de Caracas, que solo debería operar en tiempo de guerra. “En tiempo de paz está descartada la constitución de un tribunal accidental”, señaló, agregando que la situación violenta un conjunto de principios procesales y constitucionales.