Internacionales
Denuncian que Curazao viola normas y principios internacionales al negar refugio a venezolanos
Caracas, 22 de marzo.- La Fundación Arcadia manifestó su preocupación por la expulsión y devolución, por parte de las autoridades de Curazao, de decenas de venezolanos que solicitaban refugio, lo que contraría el Derecho Internacional y compromete la responsabilidad internacional de los Países Bajos.
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La crisis en Venezuela, traducida en una auténtica catástrofe humanitaria, como lo han expresado organizaciones internacionales, gobiernos de la región y de Europa y organizaciones no gubernamentales, ha obligado a centenares de miles de venezolanos a desplazarse hacia el exterior, solicitando refugio para garantizar su vida y su integridad física, reseñó una nota de prensa.
Ante la llegada de flujos importantes de venezolanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), otras organizaciones internacionales y los gobiernos de los países receptores han adoptado medidas importantes para proteger a los venezolanos en esa situación y para organizar la migración y evitar repercusiones negativas en su estructura social y económica.
En días pasados, cientos de venezolanos huyeron de la crisis humanitaria en Venezuela a la isla de Curazao para solicitar Asilo, lo que implica consideraciones humanas que les permitan vivir, al menos mientras exista la crisis, a lo que han reaccionado en forma negativa las autoridades de la isla y de Holanda.
De acuerdo con la Fundación Arcadia, el gobierno de Curazao estaría violando normas fundamentales de Derecho Internacional al no considerar las solicitudes de asilo, conforme a los instrumentos internacionales de los cuales es parte el Reino de los Países Bajos, el Estatuto de Refugiados de 1950 en particular, y al adoptar medidas en contra de los solicitantes, confundiendo esta figura, aplicable en casos de desplazamientos masivos por situaciones graves en el país de origen, como es el caso de Venezuela en estos momentos, con otras instituciones, que regulan los desplazamientos de personas y las migraciones.
El gobierno de Curazao evidencia, no solamente un desconocimiento total de los procedimientos para examinar las solicitudes, sino que viola también normas fundamentales de Derecho Internacional relacionadas con la expulsión de extranjeros, cuya expulsión masiva está absolutamente prohibida por el Derecho Internacional; y, además, en todos los casos, la expulsión debe basarse en un acto administrativo interno, lo que supone un proceso realizado conforme al Derecho en el que las personas objeto de la expulsión puedan presentar sus argumentos en el marco de un debido proceso.
Las autoridades curazoleñas y por ende el Reino de los Países Bajos violan, además, el principio fundamental de protección de Derecho Internacional: el Non Refoulement o no devolución que impide que un Estado devuelva arbitrariamente a una persona a su Estado de origen si su vida y su integridad personal están en peligro.
El tratamiento dado a los venezolanos compromete no solamente a las autoridades de Curazao, sino al Reino de los Países Bajos toda vez que las obligaciones asumidas por el Reino deben ser respetadas por todas las entidades que conforman el Estado, los territorios Neerlandés de ultramar y los municipios especiales del Caribe Neerlandés, en este caso concreto.
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