Algunos sindicalistas «se cuadraron» con el Gobierno para negociar pagos «incompletos» a trabajadores

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Trabajadores públicos de diversos sectores llevan meses pidiendo la derogación del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), debido a que este viola contrataciones colectivas y vulnera sus derechos humanos. Cada semana, representantes del sector salud, educación y servicios han protestado para exigir mejoras salariales y que «paguen lo que les deben». Sin embargo, representantes sindicales denuncian que, otro grupo de trabajadores «se cuadró» con el Gobierno de Nicolás Maduro para aceptar que les paguen, por parte, una «migaja» de lo que ellos exigen porque les corresponde por ley: de 1 600 bolívares que debían pagarles desde mayo, por uniformes, zapatos y bono recreacional. Solo les pagarán 200 bolívares. 

Lea también: «Las profecías de Marx que no se cumplieron«

Las manifestaciones contra el Instructivo Onapre no paran. Durante las últimas semanas, cientos de empleados públicos han salido a las calles del oeste de la ciudad de Caracas para exigirle al Estado que le dé lo que por derecho les corresponde y por supuesto, mejoras salariales porque el actual salario mínimo (Bolívares 130-22,07 dólares) no cubre ni el 10% de la canasta básica que en junio se ubicó por encima de 350 dólares. 

Pero el asunto va más allá. Sandra Oropeza es jubilada, anteriormente pertenecía al Colegio Nacional de Enfermeras y durante años, ha protestado porque se le respeten los derechos al gremio. En contacto telefónico con El Cooperante, explicó lo que ha pasado durante los últimos días en medio de las manifestaciones de los empleados públicos y condenó que el pasado 22 de julio, un grupo de sindicalistas del estado Aragua acordó con el gobierno atropellar los derechos laborales de todos los jubilados y trabajadores activos al aceptar una migaja del Estado. 

«Estas actas las firmó un grupo de sindicalistas que hoy se enchufaron con el Gobierno, dejando a un lado a los verdaderos sindicalistas que representan a la clase obrera y la clase profesional actual», reprochó.

Oropeza destacó que según información extraoficial, un grupo de trabajadores pertenecientes a Fenasirtrasalud -estado Aragua-, se reunió con el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba y representantes del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, «a puertas cerradas» para hacer un «barrido» de las reivindicaciones laborales que vienen luchando desde hace 15 años. 

«Firmaron que los trabajadores estamos conformes con el pago de uniformes (dos veces al año), bonos recreacionales, unas primas y otros beneficios, y lamentablemente, en esas actas quedaron eliminadas todas nuestras luchas porque quedó muy por debajo de Bs. 1 600 que era lo que se iba a pagar por uniformes, lo rebajaron a 200». 

«Sistrasalud Aragua informa que el 22 de julio se firma acta de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, Fenasirtrasalud y el resto de las federaciones», suscribe un comunicado enviado a través de WhatsApp a empleados del sector público. «En virtud de rescatar el espíritu de la cláusula de uniformes y zapatos se cancelara un bono de Bolívares 200 (34 dólares según tasa del Banco Central de Venezuela), que será cancelado junto al pago de la quincena». 

Según el acuerdo al que llegaron los trabajadores, entre ellos, Octavio Solorzano, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo prometió que el próximo año se estará dotando de uniformes y zapatos, pero se cuidan las espaldas: «De no poder hacer posible dicha dotación se estará revisando la cláusula en año próximo». 

Especifican que el pago a jubilados, correspondiente a 85 días de salario -debía ser cancelado a finales de mayo- lo recibirán en tres partes: 

-30 días salario básico

-30 Días Salario básico

-25 Días Salario Básico

«Esto en virtud de que no hay disponibilidad presupuestaria. Así como también se trabajará profundamente en la centralización de la nómina».

Esquiroles y genuflexos

Tras darse a conocer las actas a las que tuvo acceso este portal, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (FetraSalud), Pablo Zambrano catalogó de esquiroles a los firmantes del supuesto acuerdo y calificó a Octavio Solorzano de esquirol (rompehuelga).

«Rechazo categóricamente el acta firmada por sindicalistas afectos al gobierno, donde pulverizan los beneficios contractuales del personal activo y jubilado. De 1 600 Bolívares, llevaron los uniformes y zapatos a solo 200 Bolívares». 

Igualmente, el caso de los jubilados, agregó, su bono recreación ya no será cancelado basado en el sueldo mensual, sino el ingreso básico simple.

Ante este abuso, Zambrano hizo un llamado a mantener la unión y «no estarle parando a esas tonterías de izquierda».

«Hablan de capitalismo, de socialismo y solo se lo dicen a los trabajadores para pulverizar los beneficios contractuales y esto viene pasando desde 2018. Sigamos adelantes unidos en la lucha y vamos a reconquistar nuestros beneficios que son totalmente legítimos legales y están plasmados en un acta firmada el 17 de junio de 2021», precisó.

Zambrano aseveró que quienes firmaron las actas mencionadas, habrían planeado traicionar a los empleados públicos:

«Cuando Solorzano dijo la semana pasada que habían exigido al Ministerio 500 Bolívares, y 250 Bolívares para jubilados, pero el Ministerio de Trabajo les ofreció 130, ellos dijeron que se pararon de la mesa, pero no fue así. Solo estaban negociando. Los llamaron aparte, los sentaron y negociaron. Ustedes no son ningún socialistas, son unos sinvergüenzas. Eso no es socialismo. Eso es ser esquirol, un sinvergüenza porque firmaron entre gallos y medianoche», enfatizó.

Asimismo, increpó a estos sindicalistas y preguntó:

«¿Qué compra usted como socialista con 200 Bolívares? Se podrá ir para Margarita con 300 Bolívares? Un jubilado que es hipertenso podrá comprar su tratamiento sin quedarse sin comer?

En este mismo orden de ideas, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras manifestó su acuerdo con Zambrano, ya que todo esto es culpa de un sindicato ligado al Gobierno. 

«Necesitaban de un sindicato genuflexo que vendiera los intereses laborales, que vendiera los derechos de los trabajadores y lo encontró en Fenasirtrasalud, que se ha adjudicado la representación de obreros, médicos, enfermeros. Un dirigente sindical defiende los derechos de los trabajadores, no los vende», condenó.

Contreras recalcó que todos los trabajadores deben organizarse, unirse para dar respuesta con el arma más poderosa que tienen los trabajadores: la protesta.

«No es hora de ver desde los balcones, sino formar parte activa. Vendieron una bonificación que debía haberse cancelado el 29 de mayo y hoy lo dividen en tres cuando todos saben la devaluación que tiene el bolívar. No podemos permitir que este pseudosindicato siga asumiendo la representación del sector salud. Si hoy vendieron el bono mañana venderán lo demás».

¿Qué es la Onapre?

La Onapre es el órgano rector del Sistema Presupuestario Público y entre sus atribuciones está la de participar en la elaboración del plan operativo anual de Venezuela. Además, se encarga de preparar el presupuesto de la administración pública, según la información disponible en su página web.

Cinco universidades interpusieron a principios de junio una demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra el Instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas”, dictado el 15 de marzo de 2022.

La Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, denunciaron que el ajuste de las escalas salariales es «incompatible» con el incremento otorgado al salario mínimo nacional decretado el 15 de marzo de 2022. 

Recientemente, este 15 de julio, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia abrió la posibilidad de anular el mecanismo empleado por la Onapre para fijar los sueldos del sector público, a través de la sentencia N° 00252 redactada por el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa: los magistrados declararon que admiten “provisionalmente la presente demanda de nulidad cuanto ha lugar en derecho”.