Opinion
Derechos humanos y crisis migratoria
La OLP en realidad resultó ser un abrir de compuertas a una delincuencial arbitrariedad para cometer desapariciones y asesinatos
Caracas / Por: Carlos Canache Mata.- La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizó, ante el Consejo de DD. HH., el pasado 25 de septiembre, su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Allí señaló que, desde enero hasta el mes de agosto de este año 2020, habían ocurrido más de 2 000 muertes en los llamados operativos de seguridad.
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Para reforzar la represión aplicada por los cuerpos regulares de seguridad, Nicolás Maduro creó el 13 de julio de 2015 la OLP (Organización para la Liberación del Pueblo), cuyo supuesto objetivo era el de “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes”. En realidad, resultó ser un abrir de compuertas a una delincuencial arbitrariedad para cometer desapariciones y asesinatos. Posteriormente, en el año 2016, Nicolás Maduro sustituyó la OLP con la creación de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, que también se propondría “combatir la inseguridad”. En verdad, se trata de “grupos de exterminio”, de “escuadrones de la muerte”.
En reciente entrevista por VTV, el fiscal oficialista Tarek William Saab hizo una sorprendente declaración como para dejar estupefacto a cualquier ciudadano: “Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES. No puede ser que hoy recibamos dos denuncias de secuestro. Una, un productor agropecuario en Zulia. Comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso. Tuvo que intervenir la policía municipal, y hubo un enfrentamiento entre el FAES que tenía las caras tapadas, y los policías municipales, que estaban al descubierto. Allí hay una investigación, y va a haber presos”. Parece que el fiscal estaba en Babia y ahora es que se viene a dar cuenta de lo que “pasa” en cuestiones que le atañen.
Los delitos que se perpetran en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro no son de poca monta ni de débil rango; es por eso que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, haya dicho que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de competencia de la CPI”, es decir, crímenes de lesa humanidad. Y el Informe del presente año 2020 de Freedom House -una organización que se ocupa de la defensa de los derechos humanos- en el que se hizo una investigación en 195 países sobre la situación de los derechos políticos y las libertades civiles, le asigna a Venezuela, en una escala de calificación del 1 al 7, la calificación 7, que la propia Freedom House describe en estos términos: “Los países y territorios con una calificación de 7 tienen pocos o ningún derecho político debido a la severa opresión del gobierno”.
Venezuela sufre una de las dictaduras más perversas de los últimos tiempos. Es un país que se desangra porque su capital humano se le está escapando a través de la diáspora. Creo que, al estar cerca de los 6 millones de personas que se han ido, Venezuela está destronando –si es que no la ha hecho ya- a Siria (que está en guerra) del inenvidiable sitial del país con la mayor crisis migratoria.
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