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¡Asamblea de adorno! Habilitantes merman producción de leyes por más de seis años

Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.-  Con cinco habilitantes en las que se han sancionado 271 decretos con fuerza, valor y rango de ley, desde Miraflores se ha mermado el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional (AN) en los 17 años de la llamada  revolución, primero bajo el liderazgo de Hugo Chávez y ahora bajo el timón de Nicolás Maduro. El país se prepara para elegir el 6 de diciembre los diputados del próximo periodo parlamentario, arrastrando la sexta habilitante, por el momento se fueron de vacaciones hasta el 15 de septiembre, habiendo sancionado solo dos leyes en el primer periodo legislativo.

La improductividad en las empresas que ha expropiado el Gobierno se traslada también a la casa que hace las leyes, cuya función principal ha sido confiscada por el Ejecutivo. Un total de seis años y tres meses se ha adjudicado el Presidente la facultad de legislar, dejando a los parlamentarios solo para aprobar convenios y créditos adicionales, designar embajadores y renovar el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No es casualidad que la producción de decretos leyes por la vía habilitante supera con creces el trabajo legislativo de la AN en tiempos de habilitantes. Este año, el Parlamento solo ha sancionado dos leyes y una de estas es la Habilitante, la otra es la Ley de Bomeros.

Desde su nacimiento en la Constituyente de 1999, la Asamblea unicameral ha sancionado 403 leyes, siendo 2010 el año con mayor producción, a propósito de las elecciones del 26 de septiembre de ese año en las que volvió la oposición al hemiciclo con 67 diputados tras cinco años de ausencia, pero el oficialismo pisó el acelerador con la adecuación del marco jurídico a su conveniencia durante los tres meses que dejó el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre la elección y la instalación. En el otro extremo, el año 2015 se vislumbra como el más improductivo, pues solo han sido sancionadas dos leyes durante el primer periodo de sesiones.

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Las excusas del Ejecutivo para solicitar poderes especiales han sido variadas, aunque luego han terminado siendo  usadas con fines distintos. La razón para pedir la habilitante más reciente, aprobada en marzo, fue la lucha “antiimperialista”, a raíz del decreto de Estados Unidos que sanciona a siete altos funcionarios venezolanos. La primera habilitante de Maduro, otorgada en noviembre de 2013, representó el mayor reto para el oficialismo en el Parlamento, que al no contar con la mayoría calificada requerida, apeló a la destitución de la diputada opositora María Mercedes Aranguren para lograr los votos necesarios para la ley habilitante que tenía como finalidad la lucha contra la corrupción.

La última habilitante otorgada a Chávez por 18 meses desde el 17 de diciembre de 2010, fue solicitada con el propósito de atender la emergencia ocasionada por las lluvias, pero posteriormente se extendió a nueve ámbitos: Atender calamidades, desastre o catástrofes naturales hasta materias de infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat, sistema financiero y tributario, seguridad ciudadana, defensa de la nación y cooperación internacional.

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