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“Después de la muerte de Chávez, sobreviene multiplicación de los ejes personales de poder”

Asdrúbal Aguiar

Caracas, 28 de noviembre.- Sobre la anomia social y el criterio de atracción política que se hace regla obligante en la Venezuela actual –la dádiva pública o el “espacio” para sobrevivir y para no desafiar al poder, para no morir o caer tras las rejas– lo cierto es, después de todo, que los factores de dominio real vigentes, a saber, la corrupción y el narcotráfico, han adquirido hoy una movilidad inusitada.

Tales morbos han sido propiciados por la revolución, deliberadamente. Su efecto social devastador es inmenso. Ha hecho profunda la ruptura del entramado que nos hizo república, obra inicial de la crisis democrática de finales del siglo XX pero que esta vez prostituye, incluso, la idea del interés nacional. Ha introducido como variante o elemento transversal comunicante en medio del desorden como explosión el de la lucha por la supervivencia. A falta de Estado y sobre todo de sociedad organizada, los comportamientos se individualizan, los egoísmos se mineralizan.

La corrupción y el narcotráfico comprometen a la administración pública, en especial la vinculada al mundo militar y policial, desde 1999. Paulatinamente se relajan sus bases mínimas de cohesión y el sentido del servicio a la gente. Pero, hasta inicios de 2013, la violencia inherente a esos morbos es administrada y selectiva, la generalidad del país no la advierte como propia, pues hace metástasis con lentitud.

Después de la muerte de Chávez y al término de su liderazgo carismático, sobreviene en Venezuela la multiplicación de los ejes personales de poder, con igual vocación despótica y criminal, pero ellos desbordan dentro del esqueleto sin carnes del Estado. Cada causahabiente se considera dueño de su propia parcela: Maduro y su mujer, Cilia Flores, cuyos descendientes sufren juicio por narcotráfico en Estados Unidos; Diosdado Cabello y Tareck el Aissami, señalados de cabezas del narcotráfico militar y el terrorismo islámico; Rafael Ramírez, como el zar de la podredumbre petrolera; los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, suertes de figuras nazi, a lo Mengele y Goebbels y como prolongaciones de La Habana; y el general Padrino López junto al Alto Mando Militar, como beneficiarios del protagonismo de las armas en el poder, por sobre el mundo civil. Sus escribanos o jueces, por lo visto, son sólo eso, cagatintas, notarios del crimen organizado.

Sensiblemente, como parte del diagnóstico en cuestión, la Unidad, la de oposición, por hacerse apenas táctica y electoral de un modo vicioso, no mira más allá de 2018.Y al animarla, conceptualmente, el único deseo de fortalecer las franquicias partidarias que la integran, a despecho de la anomia dominante en todo orden, no alcanza carácter agonal o existencial.La fractura a diario y sin mayor esfuerzo su propio narcisismo, la orfandad de principios, el creerse reedición del espíritu de El Príncipe, Niccoló Machiavelli, lo que la hace víctima propiciatoria del terror, de su secuestro, rehén inevitable dentro del drama criminal envolvente que hace presa de todo el país. De allí sus colusiones, sus transacciones, sus sincretismos, en suma.

¿Qué hacer a todas estas?

Bajo el narco-Estado colegiado cubano que representa Maduro, solo adquirirá eficacia la lucha en su contra que implique acumulación u oposición de poderes reales o fácticos: en el siglo XXI es la opinión pública y no las armas, que lo contrabalancee; que cabe construirla de modo estable por la oposición, representando a la anomia dominante y su pluralidad, lo que no es fácil; y es un propósito que exige de una activa cooperación internacional, para no decir que habría de sujetarse la propia oposición a la guía o acompañamiento de otro colegiado, esta vez internacional, con ánimo de liberación y reconstrucción, que doblegue al narco-régimen y sus tentáculos, pues estos son susceptibles de sobrepasar “gattopardianamente” al cambio del gobierno de Maduro.

Así las cosas:

(1) Ha de tener lugar, con carácter urgente, la reconfiguración de la lucha opositora en Venezuela. Su eficacia, como poder real oponible, dependerá de la representatividad que sus pretendidos conductores les den a las piezas disueltas de la realidad social venezolana. Pero solo podrán moverlas en una misma dirección o sobre un mismo tablero a través de acciones de resistencia, mensajes coherentes e interpretativos de la esa realidad invertebrada y sus urgencias actuales, con fuerza simbólica suficiente; es decir, mensajes que han de ser despersonalizados [ajenos al autismo digital en boga], congruentes con las expectativas mínimas comunes de esos ex ciudadanos desarraigados, víctimas del hambre y anhelantes de libertad, como de los distintos nichos sociales que componen el mapa disuelto de la nación; y sobre todo, como mensajes, ser racionales, veraces y confiables, en cuanto a la probabilidad de los logros que se planteen alcanzar, negándose toda tentación populista.

(2) En lo internacional, ha de hacerse comprender a la comunidad de los Estados y a las empresas trasnacionales que tienen interés en Venezuela, la verdadera naturaleza del narco-gobierno colegiado imperante y los altos riesgos que significa –para la seguridad global y regional– su permanencia en el poder o la de quienes mantienen una colusión interesada con este, incluida la política. De donde, cualquier fórmula de negociación o diálogo al respecto mal puede apuntar hacia la cohabitación entre la oposición partidaria y el narco-Estado que dirige Maduro, como lo pretenden hoy, desde República Dominicana, su presidente, Danilo Medina, y los ex presidentes amigos del narco-régimen venezolano: Rodríguez Zapatero y Fernández. Toda negociación, como lo ha sostenido con coraje digno de admiración Luis Almagro, secretario general de la OEA, autor de los informes más completos sobre el problema de Venezuela, debe tener como único propósito facilitar el desalojo del poder por parte del grupo narco-criminal que lo detenta en Venezuela, el desalojo del territorio nacional de los “cooperadores” cubanos y sus dirigentes, y la formulación de un mecanismo de justicia transicional que obligue a los responsables de esta tragedia –que ya configura crímenes de lesa humanidad– a asumir sus responsabilidades, haciendo privar los derechos de las víctimas a la memoria, a la verdad y la justicia.

Texto publicado originalmente en El Nacional. 

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