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Jesús Faría dice que la Ley Antibloqueo «no plantea la privatización» de empresas del Estado

El parlamentario dijo que los dirigentes opositores y chavistas pueden ser interpelados por la Asamblea Nacional

Caracas-. El diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría sostuvo este viernes que la Ley Antibloqueo «no plantea la privatización» de las empresas del Estado, sino que aplicaría medidas para evadir las sanciones de la comunidad internacional.

Lea también: «Parlamento Europeo insiste en no reconocer legitimidad de la nueva Asamblea Nacional«

«No se trata de privatizar la economía, se trata de aliarnos con el capital privado para que con el Estado, se incorporen los elementos necesarios para que la producción crezca y podamos iniciar la inversión», dijo Farías en una entrevista concedida a Globovisión.

Faría, quien es presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, aseguró que las sanciones han comprometido la calidad de vida de los venezolanos.

“A nosotros nos persiguen todo, las cuentas bancarias, los buques que llevan y traen producto a Venezuela, los activos nuestros que han sido secuestrados en el exterior y por eso la situación ha empeorado dramáticamente. Tenemos que actuar en secreto para que no torpedeen cualquier iniciativa destinada a mejorar las condiciones económicas, el salario y los servicios públicos”.

A su vez recalcó que la Ley Antibloqueo no otorgará poderes absolutos al Estado y que todos los actores políticos serán interpelados de ser necesario.

“Lo vamos a hacer los antes posible, todo está abierto al debate y la autocrítica tenemos la tarea de ir al encuentro con el pueblo en la búsqueda de problemas (…) y si el problema está relacionado con la ineficiencia y la corrupción de un funcionario público lo vamos a señalar (…) el primer interesado es el Gobierno”.

El pasado 12 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley Antibloqueo, que fue escrita «a puño y letra» por Nicolás Maduro, tal y como este afirmó en un acto realizado en el Palacio Federal Legislativo.

Según el artículo 19 de la Ley, el Poder Ejecutivo puede «inaplicar» para casos específicos «normas de rango legal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente» para compensar los daños de las sanciones.

Desde hace varios años, Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al Gobierno de Maduro, acusándolo de vulnerar la democracia de Venezuela y participar en presuntos crímenes de lesa humanidad.



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