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Drogas, armas y violencia: Así son los colectivos, la última línea de defensa del régimen de Maduro

El Cooperante | 22 marzo, 2019

Caracas.- Desde las primeras protestas de 2014, el término “colectivos” se convirtió en sinónimo de temor. El 12 de febrero de ese año, decenas de civiles armados salieron en sus motocicletas para amedrentar a los estudiantes que marchaban en el centro de la Caracas por el Día de la Juventud.

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Ahora se han convertido en la última línea de defensa del régimen de Nicolás Maduro, quien recientemente, les pidió “resistencia activa”, ante lo que él considera un intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos y Juan Guaidó.





Con la crisis económica, política y social en pleno auge, los movimientos estudiantiles de las universidades con sede en la ciudad capital se dieron cita en varios puntos para rechazar el mandato de Nicolás Maduro y pedir su renuncia al cargo de presidente.

A estos, se sumaron las convocatorias de los dirigentes opositores Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma; y una marcha oficialista convocada por Maduro. La jornada terminó con tres muertos y cientos de heridos, tanto en Caracas como en otros estados.

Bassil Da Costa, el primer caído de las protestas de 2014, fue asesinado de un impacto de bala en la cabeza efectuado, presuntamente, por un funcionario del Sebin. A Da Costa, le siguió Juan Montoya, un colectivo del 23 de Enero que también recibió un disparo en la cara a pocos metros de la calle donde el estudiante murió.





Más tarde, ese mismo día, fue asesinado Robert Redman, quien había participado en la protesta estudiantil y cargado el cuerpo sin vida de Bassil. Redman fue impactado con un balazo en la cabeza por unos motorizados, presuntos efectivos policiales.

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Los homicidios de ambos estudiantes desataron una serie de protestas, en las que los colectivos ejercieron su poder criminal como nunca antes. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, estos civiles armados perpetraron 437 ataques violentos contra los manifestantes durante el primer trimestre de 2014.

De Círculos Bolivarianos a colectivos

Antes de la llegada de Hugo Chávez, los colectivos, como organización social, ya existían, sin embargo, no tenían el protagonismo que han tenido a partir la gestión socialista.

En 2001, el líder de la revolución bolivariana creó los Círculos Bolivarianos, “espacios de encuentro para la organización popular, conformados por grupos de entre siete y 11 persona”, según refiere Aporrea.

Para entonces, Chávez explicó que estos tendría la labor de discutir y canalizar los problemas de comunidad para solucionarlos de forma eficaz y mediante lo establecido en las leyes.

“Es como una célula, pues, un núcleo celular de la organización básica del pueblo bolivariano para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario, con la finalidad de cumplir con esta Constitución de construir la sociedad y la nación libre e independiente y próspera que soñó el Libertador Simón Bolívar”.

Hugo Chávez.

Sin embargo, el objetivo de los Círculos Bolivarianos cambió luego del golpe de Estado y el paro petrolero de 2002. Según Insight Crime, tras el el derrocamiento  de Chávez, estos grupos sociales prestaron todo su apoyo a su restitución en el poder, e incluso estuvieron en los acontecimientos del Puente Llaguno.

En 2006, los ya llamados colectivos pasaron a formar parte de los consejos comunales, organizaciones desde las que empezaron a recibir fondos y armamento de parte del Estado. Desde entonces, se han convertido oficialmente en el brazo armado que defiende al Gobierno socialista.

Así lo aseguró el autor del libro Barrio Rising y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York, Alejandro Velasco, quien en entrevista a Insight Crime dijo que la labor de los colectivos es, básicamente, prestar servicios de seguridad a funcionarios del Gobierno.

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“(Esto) les da acceso directo a recursos del Gobierno, pero además a armas y muchas otras cosas”, como fondos, ya sea de forma directa o indirecta, afirmó el especialista en política venezolana, quien recalcó que muchos de estos fondos son parte de los sobornos que el Ejecutivo destina a distintas zonas de mando donde estos operan.

No obstante, Velasco explicó que muchas de las armas de los colectivos son obtenidas por canales informales, como fuerzas policiales y militares, y es que muchos de los miembros que integran estos grupos, son funcionarios o castrenses, e incluso guardaespaldas que tienen acceso fácil a armamentos.

Pese a esto, las relaciones entre las fuerzas de seguridad del Estado y los colectivos, no son las mejores. De acuerdo con The New York Times, los choques entre estos se evidenciaron a finales de 2014, cuando el poder de los grupos armados llegó a máximo punto.

El 8 de octubre de ese año, un operativo desplegado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acabó con la detención de 20 presuntos colectivos y la muerte del líder del Frente 5 de marzo, José Odreman, y otros tres compañeros.

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Antes de caer en lo que oficialmente se manejó como un enfrentamiento, Odreman pidió protección ante las cámaras de Televen a Maduro, y responsabilizó a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, y ministro de Defensa por los hechos.

La muerte de Odreman, quien fue ignorado en su llamado al Gobierno, desencadenó una pugna entre los colectivos y el poder Ejecutivo, la cual, terminó con la destitución de Rodríguez Torres.

“Lo que estamos viendo aquí es la punta del iceberg de un conflicto muy grave que se está desarrollando tras bastidores entre el grupo militarista y el grupo del Frente Francisco de Miranda”, dijo el asesor político Esteban Gerbasi a el Nuevo Herald. 

Gerbasi señaló entonces que la salida de Rodríguez Torres era una clara señal del Ejecutivo encabezado por Maduro, puesto que el mayor general era el “enemigo número uno” de los colectivos, representados por el Frente Francisco de Miranda.

Con esta acción, el Gobierno permitió entrever el poder que estas organizaciones tienen sobre las esferas de poder que dirigen el país. 

“Esta es una situación peligrosa porque estos son grupos que están bien armados, fueron armados por el propio chavismo, y ahora que amenazan con voltearse podrían representar un problema bien serio”, advirtió al respecto Carlos Peñaloza, general retirado del Ejército en declaraciones a el Nuevo Herald.

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Por su parte, Velasco explicó que la lucha entre los cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos, se debe a que ambos bandos quieren tener “el control legítimo sobre el monopolio de la violencia en el Estado”.

Criminalidad

Una batalla que, poco a poco, los colectivos han ido ganando en las zonas populares, donde se han hecho con el control del tráfico de drogas antes liderados por el hampa organizada. A este negocio criminal, se sumó, por la crisis, el tráfico de alimentos distribuido mediante los Comité de Abastecimiento Local y Producción (CLAP).

“Ellos controlan la comida y tienen a todo el vecindario aterrorizado. Esa es la palabra: aterrorizado”, dijo una vecina del 23 de Enero a Insight Crime, y que fue confirmada por el líder del colectivo Tupamaros, Lisandro Pérez, alias Mao, quien detalló que “muchos de los que vendían drogas ahora se dedican al tráfico de alimentos”, puesto que “es menos riesgoso y más rentable”.

Pero los colectivos no se han limitado a estas actividades. El tráfico de drogas y, más recientemente, los juegos de azar, son otras actividades que estos grupos armados lideran en las barriadas caraqueñas.

“La venta de drogas aquí es tan común como la venta de Coca-Cola. Los colectivos controlan la distribución de drogas (los que tienen el poder de hacerlo)”, confirmó a Insight Crime uno de los miembros del colectivo 23 de Enero.

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Los casinos ilegales son el más reciente negocio de los colectivos, tal como lo confirmaron los vecinos del 23. Mao, líder de Tupamaros, reconoció la existencia de estos y manifestó su rechazo.

“No se le puede negar a la gente el derecho a divertirse, pero no puedo decir que estoy de acuerdo con los casinos porque generan una cultura comercial, la idea de que el ser humano debe tener más para ejercer dominio”, argumentó.

Otros colectivos, también se dedican al crimen organizado, como secuestros y sicariatos. En 2016, cinco miembros del colectivo Tres Raíces fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en el secuestro.

La aprehensión de estos colectivos generó una ola de protestas y el cierre de los accesos al 23 de Enero, que terminó con una reunión con representantes de la Vicepresidencia, quienes finalmente dieron la orden de liberar a los detenidos. Una vez más, los colectivos mostraron su poder en las filas de la cúpula socialista.

Tres Raíces, sostiene Insight Crime, es uno de los grupos más fuertemente armados. Durante la detención de cinco de sus miembros, los policías incautaron dos armas de fuego, un rifle con cinco cartuchos, 25 municiones calibre 9 mm y un chaleco antibalas.

Otro de los más sonados en el mundo criminal es el colectivo Frente 5 de marzo, que opera en Cotiza, el cual fue liderado por Juan Montoya y José Odreman, ambos caídos en 2014.

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Desde entonces, hasta 2017, nueve de sus miembro fueron asesinados, y cuatro fueron detenidos e imputados por ser partícipes del asesinato de Carlos José Moreno, un adolescente de 17 años de edad que recibió un impacto de bala en la cabeza durante las protestas de 2017.

Por otra parte, está La Piedrita, un colectivo que opera en el 23 de Enero y que  se posiciona entre los primeros con más poder en las filas chavistas.

Uno de sus líderes y fundador, Valentín Santana, tiene tres órdenes de arresto en su contra por ser el presunto autor material del asesinato de los homicidas de sus dos hijos, y por el homicidio frustrado de José Pinto, miembro de los Tupamaros.

Además, Santana se atribuyó los ataques con lacrimógenas contra varios medios de comunicación y a partidos políticos en 2009, así como el de la sede diplomática del Vaticano en Venezuela.

La Piedrita fue uno de los colectivos acusados de asesinar a Xiomara Scott, la enfermera baleada en Catia cuando hacía una cola para firmar el plebiscito llevado a cabo por la Mesa de la Unidad Democrática en 2017, sin embargo, ninguno de sus miembros fue detenido o investigado, puesto que Santa amenazó con prender en candela a Caracas si esto sucedía.

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La extorsión, también es una de las actividades en la que gran parte de los colectivos son partícipes, ya sea invadiendo una residencia que quedó desocupada en la zona o exigiendo cierta cantidad de dinero a los dueños de los locales comerciales en la zona donde operan.

Protestas

En 2014, los colectivos se dieron a conocer en las marchas opositoras de todo el país, siendo responsables de 437 ataques violentos en los primeros tres meses de manifestaciones.

En 2017, esta cifra fue superior. Según el Observatorio Venezolano de Conflicto Social, en las protestas de ese año los colectivos estuvieron presentes en 523 manifestaciones de las 6729 que se registraron en total.

Además, de acuerdo con Runrunes, fueron responsables de 28 de las 163 muertes de ese periodo, una cifra que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) elevó en su informe a 31.

Los videos y fotos tomados en ambos periodos demuestran que los colectivos estuvieron armados todo el tiempo y que dispararon contra de los manifestantes a mansalva.

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En su más reciente actuación, los colectivos fueron partícipes en los disturbios registrados en la frontera colombo venezolana para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a través del puente Tienditas.

Su aparición en el sitio generó polémica, puesto que lo hicieron acompañados de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

Los colectivos montaron guardia en varias zonas de Táchira y amedrentaron a la población para que no manifestaran en apoyo a la entrada de los alimentos enviados por Estados Unidos y otros países aliados.

Asimismo, durante el apagón nacional, también amenazaron y golpearon a trabajadores de la prensa y a manifestantes que exigían respuesta ante la falla eléctrica que dejó sin luz por más de cuatro días a gran parte del país.

Entretanto, Maduro llamó a los colectivos a la “resistencia activa” para frenar “el sabotaje de la derecha venezolana y de Estados Unidos”, a quienes responsabilizó por el apagón que afectó al país durante más de cinco días.

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