EE. UU. asegura que Venezuela no tomó "medidas creíbles" para castigar presuntos abusos contra los DD. HH.

Caracas/Foto: archivo.- El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Gobierno de Joe Biden destacó que los representantes de Nicolás Maduro no tomaron “medidas creíbles” para identificar y castigar a los funcionarios del Estado que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos. 

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En su página web, se detalló que las organizaciones que trabajan en el territorio nacional reportaron casos de abusos como ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas, condiciones penitenciarias “duras” y “potencialmente mortales” además de “graves problemas con la independencia del poder judicial”.

“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; torturas o tratos o penas crueles. (...) No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año”, detalla la investigación. 

Asimismo, resalta casos de restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluido hechos de violencia o amenazas contra periodistas; así como arrestos o procesamientos injustificados, censura y “amenaza de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión”. 

De acuerdo al Departamento, grupos armados no estatales y bandas criminales “participaron” en actos de violencia, trata de personas, reclutamiento de niños, explotación de comunidades indígenas y abuso sexual en contra de la población. 

Ejecuciones extrajudiciales

EE. UU. señaló que, según “numerosos informes”, supuestos agentes del Gobierno cometieron “asesinatos arbitrarios o ilegítimos”, en comunidades venezolanas. Puntualizó que desde el Estado no se publican estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales. 

“Organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que entidades policiales, nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos (bandas vecinales armadas alineadas con Maduro), llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año” 2023.

En este sentido, resalta que la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y La Fundación Centro Gumilla documentaron 355 presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad en los primeros seis meses del año. 

Según Provea, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable del 27 % de los asesinatos, seguida del Cuerpo Nacional de Investigaciones Científicas, Penales y de Investigación (Cicpc) con 19 % y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 18 %. 

“No hubo avances significativos en las investigaciones sobre los asesinatos arbitrarios en 2022, incluidos los del miembro del Partido Comunista de Venezuela y activista local José Urbina, cuatro miembros de la comunidad indígena yanomami y el activista ambiental y de derechos indígenas Virgilio Trujillo Arana”. 

Presuntas torturas y tratos crueles

Subrayó que en 2023 en Venezuela se documentaron “informes creíbles” de que las fuerzas de seguridad “torturaban y abusaban” regularmente de los detenidos. Hasta la fecha, la Procuraduría de los Derechos Humanos no ha publicado estadísticas sobre este tipo de denuncias. 

En este sentido, las organizaciones Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que hay “cientos de casos de tortura” que no fueron denunciados porque las víctimas, ya que se temían represalias.

“La Misión documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos entre enero de 2020 y agosto de 2023. La Misión informó que en ocasiones los jueces ordenaron prisión preventiva en instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin) o de la Agencia de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluso cuando los detenidos alegaron ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”, menciona. 

El informe menciona casos como el del teniente coronel del ejército Igbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dgcim; al estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez; Emirlendris Carolina Benítez Rosales y el profesor universitario y presidente de Fundaredes, José Javier Tarazona Sánchez.

“La impunidad de las fuerzas de seguridad fue un problema importante. Hubo continuos informes de abuso policial y participación en delitos, particularmente en las actividades de grupos armados ilegales, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y uso excesivo de la fuerza”, se lee. 

Presos políticos y detenidos 

Sostuvo que representantes de Maduro “utilizaron el poder judicial” para intimidar y procesar a personas relevantes producto de su posición política o acciones, acusándoles de cargos de conspiración, terrorismo o traición para arrestar a personas. 

Foro Penal informó que entre enero de 2014 y el 23 de octubre de 2023, 15.805 personas fueron detenidas por motivos políticos. En este sentido, el pasado 22 de marzo la misión diplomática estadounidense expresó su “preocupación” por la falta de acceso a alimentos y atención médica para los presos políticos y otros detenidos. Además, compartió que familiares eran “víctimas” de “amenazas y represalias” por denunciar su situación dentro de los centros penitenciarios en cualquier parte del país. 

Por otro lado, detalla casos de represión transnacional con la aplicación de herramientas de la ley internacional, incluidas notificaciones rojas de Interpol, para llevar a cabo represalias por “motivos políticos”. 

“El 9 de enero, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, anunció que se emitieron órdenes de arresto y se solicitaron notificaciones rojas de Interpol contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, quienes integraron la junta directiva de la Asamblea Nacional de 2015. Figuera y Vásquez residían en España y Fernández residía en Estados Unidos. El 21 de agosto, Saab anunció que buscaba la detención y extradición de Antonio Ledezma, quien residía en España; fue asesor político internacional de la líder opositora María Corina Machado. En octubre, Saab anunció que había emitido una orden de arresto contra el líder opositor Juan Gerardo Guaidó Márquez y que solicitaría una Notificación Roja de Interpol”, reportó. 

Conflictos armados

Por último, el informe detalla que, según la ONG Alerta Venezuela, grupos armados irregulares en el país cometieron “abusos contra los derechos humanos, incluidos asesinatos, torturas, secuestros, desplazamientos internos de comunidades indígenas, trata de personas y explotación de mujeres y niños”.

Por esto, el secretario de Estado, Antony Blinken, determinó que Venezuela tenía “grupos armados apoyados por el gobierno que reclutaron o utilizaron niños soldados durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023”.