EE. UU. flexibiliza sanciones sobre el petróleo, gas y el oro de Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este miércoles cuatro nuevas licencias generales para Venezuela, concediendo exenciones de algunas sanciones.

Lea también: Llegó a Caracas el primer avión con migrantes deportados por EE. UU.

En un comunicado publicado en la página web de la agencia estadounidense, se notifica que el gobierno de Biden autorizó algunas transacciones comerciales con Petróleos de Venezuela, a partir del 18 de enero de 2024, tras la firma de los dos acuerdos parciales entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.

El departamento autorizó las transacciones que involucran a los sectores petroleros, gasíferos y de oro del país.

La primera licencia permite la producción, levantamiento, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela, y provisión de bienes y servicios relacionados, así como el pago de facturas relacionadas con operaciones del sector petróleo o gas en el país.

Asimismo, habilita nuevas inversiones en operaciones en los sectores productivos y la entrega de petróleo y gas de Venezuela a acreedores del gobierno de Maduro, incluidos los de Pdvsa, para efectos del pago de la deuda.

Una segunda licencia permitirá las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) con la que se espera reducir el comercio de oro en el mercado negro.

Además, se eliminó la prohibición de negociación secundaria de algunos bonos soberanos venezolanos, deuda y capital de Pdvsa; sin embargo, la negociación en el mercado primario de bonos venezolanos no serán permitidos. “El Tesoro evalúa que esto también tendría el efecto positivo de desplazar a los actores nefastos en este mercado, y con un beneficio financiero insignificante para el régimen venezolano”.

Las transacciones y actividades autorizadas incluyen la facilitación, compensación y liquidación de transacciones para desinvertir valores de Pdvsa, incluso en nombre de personas estadounidenses. Permiten también transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras con ciertos bonos.

Se publicó una licencia que permite a Conviasa repatriar a los venezolanos desde cualquier parte de América.

La licencia general es de seis meses y se renovará solo si Venezuela “cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral”, así como “otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”.

Los nuevos bloques de exenciones no autorizan a personas estadounidenses a vender o facilitar la venta de valores de la estatal venezolana, de forma directa o indirecta, a cualquier persona que esté bloqueada por el departamento.

Tampoco permite la transacción o actividad con cualquier persona bloqueada que no sea transacciones o actividades que involucren al gobierno de Venezuela, incluido el Banco Central de Venezuela y Pdvsa, con una participación del 50 por ciento o más.

Las transacciones financieras se deberán hacer exclusivamente por el Banco Central de Venezuela o Banco de Venezuela. Se prohíbe cualquier movimiento relacionado con nuevas inversiones por parte de personas ubicadas en Rusia o cualquier entidad controlada por ese país.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, aseveró que “el Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos. Todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes y seguiremos responsabilizando a los malos actores. Estamos junto al pueblo venezolano y apoyamos la democracia venezolana”.

“Todas las transacciones relacionadas con el suministro de financiamiento y otras transacciones en el Bono de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 al 8,5 por ciento que estaría prohibido por la subsección 1(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13835 del 21 de mayo de 2018, modificada por la E.O. 13857 del 25 de enero de 2019, e incorporadas al Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), están autorizados”, suscribe el texto.

Contexto

El gobierno de Joe Biden planeaba un alivio casi inmediato de las sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta al acuerdo sobre las elecciones de 2024 alcanzado entre el oficialismo y la oposición, dijo el miércoles a Reuters un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos seguía adelante con un amplio alivio de las sanciones para la nación miembro de la OPEP. Sin embargo, EE.UU. amenazó con revertir estas medidas si el gobierno de Nicolás Maduro no acepta levantar la prohibición a los candidatos presidenciales de la oposición y liberar a los presos políticos.

La decisión de Estados Unidos ocurre luego de meses de negociaciones en las que Washington había presionado a Caracas para que adoptara medidas concretas hacia la celebración de elecciones democráticas a cambio de levantar algunas -pero no todas- de las sanciones impuestas bajo el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump.

Como resultado de las concesiones de Maduro a la oposición respaldada por Estados Unidos, la administración de Biden estaría emitiendo licencias y autorizaciones que incluirán permitir que Venezuela reanude negocios suspendidos durante mucho tiempo con las naciones del Caribe, dijo el funcionario.

El acuerdo marca un paso significativo en el creciente compromiso de la administración Biden con Maduro en temas que van desde la energía hasta la migración, alejándose de la campaña de "máxima presión" de Trump contra el país gobernado por socialistas.

El funcionario del Departamento de Estado proporcionó sólo unos pocos detalles sobre lo que implicaba el alivio de las sanciones, pero dejó claro que no significaría un levantamiento total de las medidas punitivas.

Según una fuente cercana a las negociaciones, el paquete de medidas que se estaba estudiando incluía la reanudación de las exportaciones de gas al Caribe, la ampliación de las licencias a Venezuela para empresas de servicios petroleros, proveedores de combustible y contratistas estadounidenses y de otros países, y la autorización a al menos una empresa petrolera extranjera más para enviar crudo venezolano para el pago de la deuda.

Estados Unidos ha estado buscando formas de impulsar los flujos mundiales de petróleo para aliviar los altos precios causados por las sanciones a Rusia y las decisiones de la OPEP+ de reducir la producción. Pero las posibilidades de que las exportaciones de Venezuela puedan compensar esos recortes son escasas si no se produce un gran aumento de la inversión en el paralizado sector petrolero del país, según los expertos.

Sobre el acuerdo en Barbados

El gobierno de Maduro y la oposición llegaron a un acuerdo en Barbados el martes sobre las garantías electorales para una votación supervisada internacionalmente que se celebrará en el segundo semestre de 2024.

Pero el acuerdo no eliminó las prohibiciones sobre los candidatos de la oposición a los que el gobierno había impedido ocupar cargos públicos y no hizo mención a la liberación de los presos políticos, quedándose corto con respecto a lo que Estados Unidos quería ver.

Estados Unidos acoge con satisfacción el acuerdo electoral, pero lo considera "un acuerdo parcial hacia una hoja de ruta electoral", dijo el funcionario, añadiendo que el Gobierno estaba dispuesto a tomar más medidas en torno al crucial sector energético de Venezuela. "Hoy, mañana, va a suceder rápidamente".

El funcionario advirtió, sin embargo, que las decisiones de EE.UU. sobre sanciones relajadas dependerían de que Maduro cumpliera con el último acuerdo y trabajara hacia elecciones libres y justas.

"Estamos dispuestos a tomar acciones específicas, pero si no cumplen con sus compromisos, ciertamente podemos retirar esos incentivos positivos", dijo el funcionario.

El funcionario también expresó su optimismo de que el proceso conduzca a la liberación en un "plazo relativamente cercano" de los estadounidenses encarcelados en Venezuela y señalados por Estados Unidos como detenidos injustamente.

Estados Unidos impuso duras sanciones a Venezuela para castigar al gobierno de Maduro tras su reelección en 2018, que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales rechazaron como una farsa. Desde 2019, las sanciones estadounidenses prohíben a la petrolera estatal PDVSA exportar a sus mercados elegidos.

Acuerdos parciales

El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática firmaron este martes en Barbados dos acuerdos parciales sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales en Venezuela, y la protección de los intereses vitales de la nación.

Primer acuerdo parcial

Sobre el acuerdo de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos, las partes designadas en el proceso suscribieron los siguientes puntos:

- Reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos.

- Promover de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un conjunto de garantías para todos los actores para el venidero proceso comicial presidencial.

Las garantías electorales, que serán promovidas conjuntamente por las partes, incluyen los siguientes aspectos:

• Proponer que la elección presidencial se lleve a cabo en el segundo semestre del 2024 atendiendo al cronograma constitucional.
• La actualización del Registro Electoral permanente, incluyendo jornadas especiales de inscripción con presencia de testigos de los actores políticos y continuación del proceso de cedulación.
• El desarrollo de las auditorias de todo el sistema electoral, incluyendo las relacionadas con el RE y la solicitud de invitación a misiones técnicas de observación internacional, como la Unión Europea (UE), el panel de expertos de la ONU, Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
• Promoción de un discurso público y un clima político favorable para los comicios presidenciales, garantizando un proceso pacífico y participativo, sin interferencias externas.
• Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

Las delegaciones también acordaron el reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.

- Exhortar a todos los actores políticos y funcionarios públicos a respetar y cumplir la normativa electoral y las decisiones del CNE durante el desarrollo de la campaña.

- Establecer la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio.

- Garantizar la promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, así como la igualdad de todos los candidatos a los mismos.  

- Se promoverá la utilización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, y conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.

Además, las partes definieron un mecanismo de seguimiento y verificación, conforme a las pautas que rigen el proceso de diálogo y negociación, y señalaron que continuarán el concilio con otras “medidas” orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y cultura de tolerancia y convivencia política, de respeto de los derechos humanos y el levantamiento de las sanciones.

Segundo acuerdo parcial

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez informó que el segundo acuerdo firmado hace referencia a la ratificación de los “derechos históricos y soberanos” de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, y del patrimonio en el ámbito nacional e internacional.

La partes también acordaron rechazar las acciones unilaterales de Guyana en contravención del derecho internacional relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinos pendientes por delimitar entre los dos países, incluso en áreas que son de jurisdicción de Venezuela.

También se detalló la defensa de los bienes y propiedades de Citgo Petroleum Corporation con el fin de “preservar” los derechos vitales y el patrimonio de la nación. Por último, hacer un esfuerzo para la preservación de los activos de la República en el exterior.