El hombre detenido por vender petróleo de Pdvsa es un turco multimillonario de extrema derecha

Caracas/Foto: Cortesía. La noticia de la detención de Taskin Torlak apareció en toda la prensa de Turquía debido, básicamente, a que su padre es un conocido empresario y político en ese país: Ali Toriak es el propietario del Grupo de Empresas Torlak y se considera no solo como uno de los más importantes constructores de barcos e impulsores del turismo en su país, sino un hombre que también se ha dedicado a la política y resultó electo diputado en dos oportunidades representando al MHP, un partido de ultraderecha.

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Taşkin Torlak es el segundo hijo de Ali Torlak y se graduó en el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Relaciones Internacionales de Newport en los EE. UU., pero sus biógrafos lo describen como "un marinero de la base".  A los 31 años fundó en Londres la empresa ST Maritime Limited, ubicada en 293 Green Lanes, Palmers Green, N 13, donde aparecía como el único socio. Pero en octubre de este año incorporó como Director de la empresa a otro compatriota, Enis Erharkumar, quien a su vez posee Fortis Estate Capital Limited, dedicada al negocio de bienes raíces.

Según los registros comerciales, la facturación anual de la empresa de Toriak alcanzaba 1,6 millones de dólares, lo que sin duda le permitió adquirir la lujosa vivienda que posee en Londres- Benjamin House Cecil Grove, NW8 7EF-, valorada en casi tres millones de dólares según los portales inmobiliarios británicos.

Como es sabido, el sábado pasado Taşkin Torlak fue detenido por la policía estadounidense cuando se disponía a abordar un avión de Turkish Airlines desde el aeropuerto de Miami. En ese momento se le notificó que estaba siendo detenido por violar  las sanciones estadounidenses de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) que prohíbe a algunas empresas comerciar con Venezuela. La fiscalía alega que Torlak y sus cómplices  supuestamente participaron desde el año 2020 en un plan para enviar petróleo  desde Venezuela e Irán a otros países con fines comerciales. De ser hallado culpable, las penas pueden ir desde multas millonarias hasta prisión de 30 años.