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El lucrativo negocio que se esconde detrás del uso de las “perreras” en Venezuela

El Cooperante | 23 octubre, 2018

Caracas.- La aguda escasez de repuestos paralizó 70% de la flota de transporte público a mediados de 2017, y abrió paso a la aparición de las “perreras”. Estos camiones de carga, que cumplen la función de traslado de los pasajeros, han reemplazando a los autobuses y camionetas que, anterior a la crisis económica, operaban en todo el país.

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Incluso, pese a alto riesgo que representa para los ciudadanos transportarse en estos vehículos, en la Gran Caracas y, Zulia los Gobiernos han dado mayor cabida a las “perreras”, legalizando su circulación como vehículos de transporte público. Lo que empezó como un “resuelve” de momento, pronto se convirtió en el transporte de uso cotidiano, no solo en pueblo, sino también en la ciudad capital.

“El transporte ha sido en nuestra ciudad un problema que nos aqueja. Colocamos a disposición de nuestro pueblo estos camiones de contingencia para que, en las horas pico, puedan ayudar a aligerar la espera. Estamos planificando acciones que permitan optimizar el transporte de Caracas”, dijo en noviembre la alcaldesa de Caracas, Érika Farías, a través de su cuenta en Twitter.

Pasos que siguió el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, quien en julio de este año instruyó al alcalde Maracaibo, Willy Casanova, realizar un censo de los camiones que prestan el servicio de transporte para evaluar sus condiciones y otorgar permisos a aquellos que se consideren aptos para continuar en circulación. Esto, como una medida provisional para paliar la crisis de transporte que azota a la entidad.


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Días antes de este anuncio, el dirigente pesuvista criticó duramente la nueva modalidad de transporte, y aseguró que los camiones serían sacados de circulación para reactivar “el transporte público que tiene que funcionar en Maracaibo”. Sin embargo, la realidad parece haberlo golpeado de frente, puesto que en menos de una semana cambió de opinión.

El negocio detrás de las perreras

En Vargas y Miranda, aunque no se ha oficializado esta modalidad, tampoco se ha sancionado a los conductores que se dedican al nuevo oficio, el cual, ha proliferado de manera alarmante en todo el país. De este negocio, no solo se benefician los camioneros, sino también quienes fungen como fiscales en las paradas de los terminales.

“Yo cobro diez soberanos, no porque quiera, sino porque el fiscal no me deja cargar si yo no cobro eso“, contó uno de los choferes de “perreras” en los Valles del Tuy a esta redacción, quien, aunque considera exagerado el precio del pasaje para trasladar a los pasajeros a distintas zonas de Charallave, dijo hacerlo porque necesita generar ingresos extras luego de su jornada de trabajo.

Un usuario confirmó la versión. “Los fiscales no dejan cargar a los carros que cobran menos de lo que ellos quieren. Los sacan y les prohíben cargar aunque la cola esté larga”, dijo la fuente, quien acotó que, a costa de los elevados e ilegales precios de los pasajes, estos personajes han llenado sus bolsillos.

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El negocio permitió a los fiscales tener dinero en efectivo que, con la escasez, era vendido hasta por 400 veces su valor. En las largas colas de pasajeros ansiosos por llegar a sus hogares, los fiscales pedían billetes de alta denominación para poder canjear altas cantidades en el mercado negro, y aunque el negocio mermó hace un par de meses, los fiscales no dejan de “verle el queso a la tostada”.

Se compraron motos y ahora ni trabajan aquí”, dijo María Moya, una pasajera frecuente en el terminal de Charallave. Acostumbrada a llegar a altas horas de la noche, comentó cómo el negocio de los fiscales se ha afianzado en la zona. “Pelean por las colas. Dicen: ‘esta es mía, esta es tuya’ y se van directo a hablar con los choferes para poner su tarifa”. Quienes digan que no van a cobrar eso, simplemente no pueden cargar en el terminal

Los pasajeros también denunciaron que, muchas veces, por su avaricia, los fiscales los obligan a montarse en las “perreras”, bajo el engaño de que no cargarán más carros. “En realidad hay una que otra camioneta esperando para cargar, lo que pasa es que a ellos les conviene mantener el negocio con las ‘perreras'”, narró Zulima Martínez, residente de la zona.

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Martínez contó que una vez fue prácticamente obligada a trasladarse en una perrera, pese a que llevaba a su nieta de cuatro años en brazos. “Nadie se quería montar, pero el fiscal dijo que no había más, que no venían más carros, y la gente, incluyéndome, se montó desesperada. No me quedó otra que irme, de pie y con mi nieta en brazos. Cuando la perrera arrancó, vi que cargó una camioneta“, agregó.

Pero, ¿por qué si aún hay algunas camionetas disponibles para prestar servicio, los fiscales prefieren cargar las “perreras”? Esto es debido a que hay más vehículos de este tipo y, mientras más viajes hagan, mayor es la ganancia.

Mientras que una camioneta tarda entre 45 y 60 minutos en ir y venir a la urbanización más cercana, las “perreras” tardan la mitad. Otra razón es que en los camiones grandes, tipo 350 y otros de carga pesada, tienen mayor capacidad para trasladar pasajeros, lo que se traduce en más dinero para el fiscal, que cobra entre tres y cuatro puestos por cada viaje.

Por la medida baja, si una “perrera” hace cuatro viajes entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., cobrando diez bolívares soberanos, debe pagar al fiscal de esa línea, 120 bolívares soberanos, que, aunque parezca poco, es el doble del ingreso diario de un asalariado mínimo. Si a esto se le suman otros 120 por cada carro que cargue, suponiendo que sean cuatro en el mismo lapso de tiempo, suman 480 bolívares soberanos.

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A la semana (lunes a viernes), esto se traduce a 2400 bolívares soberanos, y al mes, en 9600 bolívares soberanos, esto si no aumenta la tarifa de pasaje en ese tiempo y sin incluir los fines de semana. Un pasajero debe trabajar más de cinco meses para percibir este monto. Aunado a esto, los fiscales no madrugan, no viajan a Caracas para trabajar, como la mayoría de los tuyeros, y, mucho menos, utilizan el transporte público.

En cifras

Hasta julio, el Comité de Usuarios de Transporte Público, contabilizó 34 fallecidos y 250 heridos por accidentes de tránsito en los que estuvieron involucradas las “perreras”. No obstante, la Subcomisión de Vialidad y Transporte de la Asamblea Nacional, registró, para la misma fecha, unas 50 víctimas fatales como consecuencia de viajar en los camiones de carga.

Aunque no existe un conteo unificado, lo cierto es que las “perreras” representan alto riesgo para los pasajeros, debido principalmente a que estos camiones no fueron creados para trasladar personas, mucho menos de pie y en las precarias condiciones que la mayoría se encuentra.

Pese a esto, el presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores de Transporte, Félix Jaramillo, considera que las “perreras” han salvado la vida de las personas, aunque estas se quejen del “servicio”.

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En entrevista ofrecida a Primera Página, transmitido por Globovisión, el sindicalista oficialista manifestó que, si esta es la medida requerida para paliar la crisis, entonces hay que apoyarla, en contraste de lo que expertos en materia de transporte y seguridad ciudadana han advertido al respecto.

En contexto

Desde finales de 2015 el sector transporte empezó a presentar notorias fallas en su prestación de servicios. La crisis económica que, ya para 2014 golpeaba fuertemente al sector productivo, alertó a los transportistas sobre la escasez de repuestos para reparar y mantener la flota activa, por lo que, ese mismo año, el Gobierno respondió al llamado, y creó la Misión Transporte, con el fin de abastecer repuestos a precios asequibles.

Este plan, no dio los resultados esperados, y ante la crítica situación de escasez de repuestos, en 2015 los transportistas solicitaron ante el Ministerio de Transporte cuatro aumentos de pasaje para paliar la situación, pasando así, al doble de aumentos consensuados desde 2011.

Durante 2017, la situación no mejoró y, tal como vaticinaron expertos en materia económica, la hiperinflación golpeó fuertemente al sector. Hasta noviembre de ese año, se realizaron tres aumentos de pasaje, solo uno, acordado entre el sector y la cartera de Transporte, el resto, anunciado por los transportistas.

En 2018 solo uno, de los innumerables aumentos que se han realizado, fue oficializado por el Gobierno nacional. En agosto, con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, se hizo un ajuste de Bs.S 1 o 100,000 de los fuertes, para las rutas de menos de 30 kilómetros. Sin embargo, a dos meses del anuncio, el pasaje se cobra en diez bolívares soberanos y más, dependiendo de la zona.

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Expertos en materia apuntan que la situación empeorará si el Gobierno no toma las medidas adecuadas para paliar la situación. Hasta junio, la Federación Nacional de los Consejo Comunales y de las Comunas (Fenecomunal) reportó paralización técnica del 90% de las unidades que prestan servicio de transporte público en el país.

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