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El Ministerio para los Pueblos Indígenas no ha dicho ni pío sobre el abuso del CNE

La votación en segundo grado para las poblaciones indígenas aprobada por el ente comicial no solo viola la Constitución sino la Ley Contra la Discriminación Racial, donde se garantiza «igualdad en el derecho a la participación política». Para el gobierno, los aborígenes siguen siendo ciudadanos fáciles de pisotear

Caracas.- Con un nombre rimbombante y muchas fotos de indígenas venezolanos bailando, cantando, con sus rostros recién pintados y vestimentas de lo más bonitas, el portal del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas no se da por enterado del más reciente abuso de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes cercenaron el derecho al voto directo y secreto a estos miles de venezolanos, un acto que no solo viola la Constitución sino – lo que mejor saben hacer-, busca sembrar dudas sobre su actuación para que la mayoría no acuda a las urnas el 6 de diciembre y el gobierno vuelva a ganar por descarte.

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De acuerdo con la «Visión» del ministerio detallada en su portal, se supone que ellos son «el órgano rector que proporciona la mayor suma de felicidad posible a los pueblos y comunidades indígenas en su entorno natural, facilitando la generación de políticas, planes, programas y proyectos en la gestión comunal indígena, optimizando los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, solidaridad y respeto a sus valores, principios, usos y costumbres ancestrales».

Un palabrerío que permite inferir que los indígenas son tan venezolanos como todos y merecen el mismo respeto. Que hasta un «pensamiento» de Nicolás Maduro adorna la portada ( «Hoy los pueblos indígenas tienen dignidad, son amados por el pueblo, son reconocidos en su identidad, lenguaje, en su idioma»), y desde esa web se pueden descargar desde las cartillas de varios idiomas aborígenes hasta las leyes que les competen. Y ocurre que la Ley contra la Discriminación Racial allí publicada es precisamente una de las que han violado los rectores del CNE, al menos en dos artículos: los Artículos 10 y 13, donde se establece que: «El Estado garantiza a toda persona o grupo de personas el derecho a la participación política, económica, social y cultural, en todos los asuntos públicos sin discriminación racial, promoviendo el respeto a la dignidad humana, la diversidad cultural, multietnicidad y la pluriculturalidad de la población que constituyen la venezolanidad».

Entre las pocas noticias que contiene la plataforma, ninguna menciona a ese nuevo reglamento del CNE que pone a los indígenas a votar «a mano alzada», porque el portal se dedica básicamente a publicitar al gobierno y todo lo que hace la ministra Aloha Núñez (si, existe una ministra para defender presuntamente los derechos de los habitantes originarios), quien aparece en las fotos visitando hospitales, reunida con comerciantes wayúus y fotografiada con el Puesto de Comando de la REDI Occidente junto al Gobernador del Zulia «para anunciar nuevas medidas de protección al pueblo tras la reunión del Órgano de Dirección y Defensa Integral de la Nación a propósito de la presencia de más de 500 casos de COVID-19».

Ni una letra se publica allí para pedirle explicaciones al CNE, organismo que eliminó ilegalmente el voto directo de los indígenas para establecer un reglamento, según el cual las poblaciones indígenas se reunirán en “asambleas comunitarias” para seleccionar a sus voceros que luego participarán en “Asambleas Generales” y elegir a “mano alzada” a los diputados de los pueblos indígenas que irán al Congreso en el 2021. Reglamento rechazado no solo por algunos líderes de las comunidades indígenas sino por expertos en el área, como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), que rechazó la imposición de una elección de segundo grado porque esa votación a mano alzada “no respeta el secreto del voto”, entre otras razones.

Con esta medida, los nuevos rectores del CNE siguen con las viejas prácticas de Tibisay Lucena, experta en sembrar dudas y engordar sospechas sobre su imparcialidad al frente del organismo. Virus del abuso que sigue intacto en las oficinas del CNE y que sigue vivito y coleando con el único fin de contagiar a la población de desconfianza y alejarla de las urnas electorales de manera que el gobierno vuelva a ganar elecciones sin necesidad siquiera de contar los votos.

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