Nacionales
El padre Infante y Marino Alvarado llegaron a acuerdo conciliatorio con Lacava
Alvarado dijo que aunque no cometieron delito se retractan de lo dicho en la presentación del "informe Lupa por la Vida"
Caracas. Los activistas y defensores de derechos humanos Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante anunciaron este jueves que llegaron a un acuerdo conciliatorio con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, quien los denunció por difamación.
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Durante una rueda de prensa en la que también estuvo presente el abogado Joel García, el padre Infante leyó un comunicado aclarando que no es su propósito poner en tela de juicio la gestión de Lacava, pero subrayó que su objetivo es visibilizar irregularidades, y que en todo caso quienes violan derechos humanos son los funcionarios del Estado.
“Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva”.
Infante agregó que han recibido denuncias de todo el país, no únicamente del estado Carabobo, razón por la cual apuestan a una institución policial apegada al derecho y las Leyes: "Se requiere de cuerpos policiales capaces de garantizar la seguridad ciudadana".
Además celebró que Lacava a través de sus representantes haya expresado la voluntad de contribuir a que la controversia actual se abra a oportunidades para que con el diálogo se encuentren soluciones.
El abogado de los activistas dijo que una vez cumplido con un cronograma de trabajo que fue establecido por las partes, el juez de primera instancia en funciones de juicio debe dar por terminado el proceso
García calificó como "fructíferas" la negociación con la gobernación de Carabobo: "Hace falta diálogo, conversar, independientemente de las posiciones".
¿Cuál es el motivo de la controversia?
El pasado 17 de mayo, Lacava demandó por difamación al padre jesuita Alfredo Infante y a Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El pasado 14 de marzo ambos activistas participaron en la presentación del "informe Lupa por la Vida", en el que se denunció que "la policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales", razón por la cual dijeron que se debía investigar a Lacava.
El 19 de mayo los acusados instaron al mandatario regional a desistir de la acción judicial e investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el estado durante 2021, pero enfatizó que no busca dañar su reputación como persona.
Por su parte, el movimiento global Amnistía Internacional también pidió en mayo a Lacava retirar la demanda y garantizar un ambiente seguro para el trabajo de defensores en Venezuela.
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