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En 2020 hubo 71 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa, según Sin Mordaza

Las organizaciones hicieron un llamado al Estado a tener en cuenta que la libertad de expresión y de prensa son dos pilares fundamentales en cualquier sociedad que se considere como democrática

Caracas.- En una rueda de prensa ofrecida este miércoles por plataformas vituales, la organización Un Mundo Sin Mordaza exhibió datos del panorama actual del ejercicio del periodismo en Venezuela, presentando informes recientes, análisis de organizaciones y relatos de periodistas para denunciar los acosos y las nuevas amenazas a la prensa libre.

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Rodrigo Diamanti, presidente de Sin Mordaza, expuso cifras recolectadas en el Informe de Libertad de Expresión 2020, en el que señalan que en Venezuela hubo casi mil violaciones a las libertades de acceso a la información y expresión, documentadas mediante denuncias de organizaciones como Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras, siendo una cifra alarmante de hechos que buscan silenciar a la prensa independiente e
incluye patrones que ya vienen dándose desde hace algunos años, pero que de manera
preocupante se incrementan y agudizan cada día.

Enumeró 151 actos de hostigamiento, intimidaciones, amenazas y agresiones a trabajadores de la prensa, distintas sanciones administrativas impuestas por Conatel y el Seniat que dejaron fuera del aire a 19 emisoras de radio, 4 canales temporalmente bloqueados y 5 medios impresos fuera de circulación. Denunció igualmente el asesinato de dos periodistas, el bloqueo de 19 páginas web, 3 hackeos y 2 allanamientos a sedes de medios digitales.

Diamanti hizo referencia a la información de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien documentó 66 casos de intimidación, acoso y criminalización de periodistas, medios de comunicación y defensores de DDHH, tres allanamientos a medios de comunicación en enero y le recordó a las autoridades venezolanas que tiene que proteger las «libertades fundamentales”.

"El virus de la censura"

Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), detalló que la organización registó 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, en un año caracterizado por la cuarentena del COVID-19.

El estudio arrojó que desde el 2002, se han producido 18 asesinatos a trabajadores de la prensa en nueve áreas geográficas del país, de los cuales 11 fueron asesinados
mientras ejercían sus labores informativas, o posterior a haber realizado denuncias
y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre
hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando.

"Matar a un periodista sale gratis. No hay costo para quien mata a un periodista. Esto se debe a la impunidad y los vínculos de grupos criminales con autoridades", sostuvo.


Explicó que IPYS Venezuela documentó 215 casos vinculados a las agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros durante 2020 por la impunidad de los delitos hacia la prensa.


Mencionó que medios de comunicación como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, VPI TV, Panorama, Tal Cual y El Pitazo han sido perseguidos, penalizados con fiscalizaciones y confiscaciones de equipos, y  acusados de ser factores de injerencia extrajera, y rechazó la intención del gobierno de Venezuela de socavar la confianza hacia el legítimo trabajo que hacen los medios de comunicación y las ONG en el sector humanitario.

Censura en las regiones

Kevin Arteaga, periodista del diario El Carabobeño, medio que en 2016 publicó su última edición impresa debido a la falta de papel, denunció un caso de persecución en su contra en febrero de este año.

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Relató que en enero la Fiscalía envió a funcionarios del Cicpc a la sede del medio en Naguanagua para solicita su información personal y familiar. Una vez que se consignó la documentación solicitada en febrero enviaron a las Fuerzas Armadas Epeciales (FAES) para
entregar una citación en la que pidieron declarar en calidad de "investigado", sin más explicaciones.
El periodista acudió a la citación junto al coordinador del Foro Penal de Carabobo, donde conocieron que alguien lo había denunciado por cubrir una protesta por supuestos actos corruptivos en el sur de Valencia a mediados del año pasado. Dicho proceso aún sigue en curso.

"Aunque en los últimos años dedicarse al periodismo en Venezuela ha implicado un riesgo, hasta ahora no me había sentido tan directamente amenazado hasta que inició todo este proceso en mi contra solo por hacer mi trabajo", declaró.

Destacó el apoyo que recibió por parte del gremio y de diversas ONG's el día de la citación a la Fiscalía por pronunciarse a través de las redes sociales, y reiteró que la unión y el apoyo de los ciudadanos es imprescindible en un país donde cada día se violan más los derechos humanos.

Bloqueos de medios digitales

César Batiz, director de El Pitazo conversó sobre la persecución y bloqueos que ha tenido la plataforma, quienes se han visto obligados a cambiar a dominio varias veces y que ha afectado severamente sus derechos económicos como medio independiente, violando igualmente el derecho al acceso a la información y a la prensa libre, y el derecho al trabajo cuando los reporteros en las regiones son agredidos en el ejercicio de su labor.

"Desde 2018 El Pitazo no ha sido autorizado para cubrir comicios electorales, aunque entreguemos todos los recaudos no recibimos las acreditaciones; igualmente nos impiden la cobertura en pautas del oficialismo y a nuestros reporteros en las regiones les cierran prácticamente todas las puertas en instituciones, etcétera, además que muchas veces son golpeados, los obligan a borrar material, los amenazan con detenerlos", manifestó.

Expresó que uno de los patrones más frontales que utiliza el Estado es cerrar fuentes de información, y terminó su intervención recordando que informar no es delito y que el ejercicio de la prensa libre es un valor de la democracia.

Por otro lado, Alberto Rodríguez, director de Alberto News denunció que Movistar, Intercable y Digitel, compañías prestadoras de servicio a internet, ejecutan de forma indiscriminada severos bloqueos a los principales medios de comunicación digital en Venezuela, dando espacio a la desinformación por el uso de ejércitos de cuentas con bots.

"De esa forma, responsablemente podemos afirmar que las compañías Movistar, Intercable y DIGITEL se han hecho parte de la política dictatorial de Nicolás Maduro contra la prensa libre e independiente en Venezuela", declaró.

Es por ello que emitieron un comunicado para exigir el cese de la práctica que viola el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elevando la denuncia ante órganos nacionales e internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de prensa e información.

Formación en función de la censura

Isabella González, delegada de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social denunció igualmente que en algunos casos la censura está comenzando desde las aulas de clase, hecho que afecta y condiciona la formación profesional de los futuros periodistas.

Relató que se han presentado casos en evaluaciones donde los profesores prohiben tocar ciertos temas en la construcción de preguntas dirigidas a personajes del oficialismo para no incomodar al declarante, acto que la federación rechaza porque impide desarrollar las capacidades para obtener una información completa de interés público.

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Además resaltó que en algunas universidades del centro del país censuran actividades formativas en temas de libertad de expresión, lo que ya no se trata de la censura por parte del Estado, sino de la autocensura impuesta por las universidades que tienen el deber de garantizar que se aprenda efectivamente el quehacer periodístico.

"El periodismo siempre ha sido irreverente y formarse en dictadura es un acto de rebeldía, así que el llamado que hacemos es a los profesores a que sigan guiando a futuros profesionales que defiendan la veracidad y no negocien sus principios, y a los estudiantes, a que recordemos cuál es nuestro compromiso, quedarse callados no es una opción", enfatizó.

Exigencias

Por último, las organizaciones presentes emitieron una serie de exigencias al Estado, en consonancia con lo establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos en una multiplicidad de casos.

  • El cese la persecución y la campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales y medios independientes que hacen uso de su derecho a la libre y legítima asociación y a trabajar con los diversos programas de la cooperación internacional para la exigencia y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación ciudadana.
  • Que el Estado no obstaculice la cobertura periodística de los medios independientes sobre hechos noticiosos importantes para la sociedad, como puede ser el caso de los procesos electorales o eventos y actos oficiales, y que permita el acceso a las fuentes oficiales de información.
  • No otorgar acreditación a los medios independientes fomenta la desinformación y vulnera el derecho de los ciudadanos a estar informados.
  • Acciones que impidan el asesinato de periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela y evitar que estos hechos queden impunes y deterioren aún más las libertades.




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