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¿En la sombra legal? Lo que dice la ley sobre “intercambios” en el Miss Venezuela

El Cooperante | 16 marzo, 2018

Caracas, 16 de marzo.- Se entiende como “prepago” aquellas personas que se dedican a la prostitución. “Bendecidas y afortunadas” es otra expresión para referirse a las mujeres y hombres de la “vida alegre” y que en últimos días han estado de boca en boca por serias acusaciones difundidas a través de las redes sociales.

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A Gisselle Reyes, profesora de pasarela del Miss Venezuela y actual “mandamás” de la organización que busca todo los años a la mujer más hermosa del país, la acusaron de cobrar 2500 euros por llevar a algunas jóvenes a ciertas reuniones en las que, además, se regalaban Rollex.









Es por eso que El Cooperante decidió acabar con las dudas relacionadas con la prostitución y su legalidad. Ante ello, el abogado Alexander Moreno aclaró algunas interrogantes relacionadas con este escándalo que ha envuelto a varias mujeres salidas del Miss Venezuela. Para empezar, Moreno explicó que la prostitución no es legal en el país.

En el artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que “ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”.

En la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento de Terrorismo, rescata el jurista, se deja claro que hay pena para las personas que se dedican a la trata de blancas. “Específicamente en el artículo 41, con penas de prisión de 20 a 25  años y pago de gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. Se considera agravante si la víctima es un niño y pasa a prisión de 25 a 30 años”, explica.

Ahora bien, si es voluntad del individuo dedicarse a la prostitución, no hay pena alguna tipificada en la ley. “Sin embargo, aun cuando no es un delito la prostitución, el artículo 388 del Código Penal establece pena para los corruptores, es decir, a quienes para satisfacer las pasiones de otro, facilite la prostitución o corrupción de alguna persona menor, se le aplica prisión de tres a 12 meses, considerándose agravantes si la persona menor de 12 años, si ocurre mediante un engaño a la persona y/o por los ascendientes directos (padre o madre)”.

En el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se considera la prostitución como una forma de violencia de género. “Se entiende por prostitución forzada la acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas (…) a cambio de los actos de naturaleza sexual”, deja claro la normativa.

Asimismo, establece como esclavitud sexual “la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual”. Pero esta ley no se limita solamente a conceptualizar, sino que también establece sanciones.

En el artículo 46 se dispone: “Quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 43, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente su sexualidad, será sancionado con prisión de uno a cinco años. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de dos a seis años de prisión. En la misma pena incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de la niña o adolescente, aun sin violencias ni amenazas (…)”.

Mientras tanto, el artículo 56 reza que “quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, transporte, la acogida o la recepción de mujeres, niñas o adolescentes, mediante violencias, amenazas, engaño, rapto, coacción u otro medio fraudulento, con fines de explotación sexual, prostitución, trabajos forzados, esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años”.

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