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En Súmate le exigen al CNE garantizar comicios de zonas en Estado de Excepción

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Roberta Stabile.- Súmate exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar el derecho a elegir y ser elegido en los 23 municipios bajo la medida de Estado de Excepción, dictada por el presidente Nicolás Maduro, que incluyen las representaciones de 9 diputados nominales, 7 diputados lista y 2 representantes indígenas para la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, piden que el Poder Electoral avale los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información oportuna, veraz e imparcial; el libre tránsito, la libertad de reunión pública y privada, y de manifestación, estipulados en los artículos 48, 50, 53, 57, 58, 63, 64 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es indispensable asegurar el ejercicio de estos derechos para que se dé el debate intenso, libre y abierto sobre todas las cuestiones de interés público entre los candidatos a diputados y la población en general, que son inherentes al proceso electoral del próximo 6 de diciembre”, sostienen en la ONG.

En ese sentido, también instan al ente comicial a pronunciarse cuanto antes y solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión del Estado de Excepción al menos para las fechas en la que tendrán lugar las actividades, de acuerdo al Cronograma Oficial,  de “familiarización” con el proceso de la elección a la Asamblea Nacional, como el simulacro, la feria electoral, campaña electoral de los candidatos y fuerzas políticas que los respaldan y durante el día del acto de votación.

Súmate considera que además del decreto de Estado de Excepción, que “restringe el ejercicio de los derechos políticos fundamentales” para la elección a la Asamblea Nacional, “hay que sumarle otras acciones que también han venido oscureciendo el buen desarrollo del clima electoral, entre ellas las recientes inhabilitaciones administrativas por la Contraloría General de la República contra reconocidos líderes políticos que aspiraban a ser diputados, la persecución judicial y las restricciones para informar a algunos medios de comunicación social  y el uso por altos funcionarios del Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo de la plataforma de medios de comunicación pública en beneficio del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

 

 

 

 

 

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