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La Lupa

En Venezuela ya somos una población de «alto riesgo» en crímenes de lesa humanidad

De acuerdo con el más reciente informe de la organización Global Center for the Responsibility to Protect, las cifras de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias colocan a nuestro país en una lista negra de países donde la persecución y la violencia dejan a la población indefensa. «La impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por diversas fuerzas estatales ha envalentonado al gobierno para seguir perpetrando ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos, así como la persecución sistemática de sus opositores», señala el terrible informe sobre Venezuela.

FAES elcooperante

Caracas.- Más de 8 300 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 personas detenidas arbitrariamente desde 2014 es la dramática cifra que ha recogido el Global Center For the Responsability to Protect para incluir a Venezuela en la vergonzosa lista de  15 países – la mayoría africanos- donde sus gobiernos  son una amenaza para sus ciudadanos en el terreno de los derechos humanos y la justicia.

«El descontento popular con el gobierno provocó protestas generalizadas, a las que las autoridades han respondido con una fuerza desproporcionada, así como la movilización de grupos progubernamentales, incluidos los llamados «colectivos» armados. Durante 2018 un panel de expertos independientes encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno de crímenes de lesa humanidad….La crisis política se intensificó durante enero de 2019 cuando el presidente Maduro prestó juramento para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude electoral. Desde entonces, más de 50 países, incluidos Estados Unidos y muchos gobiernos latinoamericanos y europeos, han reconocido al líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino.


Además de la violenta represión de las protestas por parte del gobierno, las Fuerzas de Acción Especial (FAES), junto con otros actores estatales, han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales generalizadas. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las ejecuciones extrajudiciales se utilizan para mantener el control social e infundir miedo. El gobierno venezolano ha informado que 6.856 personas murieron en «operaciones de seguridad» solo entre enero de 2018 y junio de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también ha evaluado los informes de 1.324 personas presuntamente muertas durante las operaciones de seguridad del 1 de enero al 31 de mayo de 2020″.

Así comienza el  detallado informe  del R2P, una organización adoptada por la ONU  con el mandato de actuar  «en situaciones en las que las poblaciones corren el riesgo de  sufrir crímenes atroces masivos» y con la responsabilidad de   «asegurar que la comunidad internacional nunca deje de detener los crímenes atroces masivos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.»

Este Centro  fue establecido en 2008 por gobiernos de apoyo y figuras destacadas del campo de los derechos humanos (incluido el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, el exministro de Relaciones Exteriores de Australia, Gareth). Evans y la ex Presidenta de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Robinson), así como cinco de las principales organizaciones no gubernamentales internacionales del mundo (Human Rights Watch, International Crisis Group, Oxfam International, Refugees International y el Movimiento Federalista Mundial), lo que permite comprender el alcance y la seriedad de sus investigaciones.

Acompañado en la lamentable lista por  Eritrea, Burundi,Nigeria, Lybia, República del Africa Central,  Sur de Sudan y los territorios Palestinos ocupado en Israel, nuestro país se caracteriza, segun el informe, por «patrones de detención arbitraria de opositores al gobierno y sus familiares, a menudo acompañados de denuncias de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género… Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se estima que 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Al menos 4,9 millones de venezolanos han abandonado el país desde que estalló la crisis en 2014».

En su análisis, el R2P señala que «A pesar del aislamiento internacional, el gobierno de Maduro sigue controlando las instituciones estatales claves y las fuerzas de seguridad. La impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por diversas fuerzas estatales ha envalentonado al gobierno para seguir perpetrando ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos, así como la persecución sistemática de sus opositores.»
 Señalan que «Las elecciones previstas para diciembre pueden contribuir a una mayor inestabilidad. ..El gobierno no cumple con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos independientemente de su afiliación política.»

Y en  sus conclusiones, afirman que «El gobierno (de Maduro) debe poner fin a la persecución sistemática de sus oponentes y garantizar investigaciones imparciales de todas las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno debe otorgar  acceso sin restricciones al país y cooperar plenamente con los mecanismos de la ONU, incluido el ACNUDH. El gobierno y la oposición deben comprometerse a renovar el diálogo para garantizar una solución pacífica y sostenible a la crisis.

El CDH debería renovar el mandato de la Fact-Finding Mission (Misión de investigación)  durante su sesión de septiembre. Los estados miembros de la ONU deben seguir imponiendo sanciones específicas a todos los altos funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos, pero abstenerse de tomar cualquier medida que pueda contribuir a limitar el acceso de la población a bienes básicos, servicios esenciales o ayuda humanitaria.»

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