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Más de 800 funcionarios de seguridad han sido imputados por violación a los DD. HH.

El fiscal general Tarek William Saab hizo un breve recuento de las acciones del Ministerio Público desde 2017 a la fecha, reseñando las condenas a funcionarios policiales responsables de la muerte del exconcejal Fernando Albán y varios manifestantes en las protestas antigubernamentales

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Caracas.- Hasta noviembre de 2021 el Ministerio Público ha logrado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, así lo informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab en declaraciones a la prensa desde la sede de la institución que dirige en Caracas.

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Saab detalló en una transmisión por VTV, que fueron privados de libertad un total de 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares.

Por otro lado, fueron acusados un total de 1 108 funcionarios y 158 particulares., de las cuales 210 funcionarios policiales y militares fueron condenados.

A propósito del cierre del año, Saab ofreció un breve balance sobre casos en los que han sido imputados funcionarios policiales:

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Caso: Exconcejal Fernando Albán

Por el caso del exconcejal Fernando Albán, quien murió el pasado 8 de octubre de 2018, fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios del Sebin por homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

Estos funcionarios admitieron los hechos y recibieron una pena de 5 años y 10 meses de prisión.

Caso: Dicxon Caleb Arias

El pasado 29 de noviembre fue condenado a una pena de 16 años de prisión Dicxon Caleb Arias, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana, por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica, luego de comprobarse su responsabilidad en comandar una comisión de funcionarios que golpearon e hirieron con perdigones a dos manifestantes el 19 de abril de 2017, en la Urbanización Don Samuel, de Alto Barinas.

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Caso: David Vallenilla

Por el homicidio de David Vallenilla, ocurrido durante una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda el 22 de junio de 2017, también en una manifestación antigubernamental, fue condenado este 22 de octubre el funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años prisión, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.

Caso: Leonardo González

El 4 de noviembre fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión cuatro exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y dps exfuncionarios de la Policía del estado Carabobo por la muerte de Leonardo González, en el marco de una protesta el pasado 27 de julio de 2017.

"Los funcionarios persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo, y luego de verlo herido, lo abandonaron en el lugar. En los hechos también resultó herido Luis Guillermo Lachmann", recordó.

Caso: Daniel Queliz Araca

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El 20 de octubre fueron condenados dos funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, por la muerte de Daniel Queliz Araca, de 20 años de edad, quien falleció por un disparo durante una manifestación en 2017. El Tribunal 7º de Juicio en Carabobo les impuso una pena de 26 años y 3 meses de prisión.

Caso: Rufo Chacón

El 4 de octubre de este año fueron condenados dos exfuncionarios de la Policía del estado Táchira a una pena de 27 años y 9 meses y 21 años y 5 meses por homicidio calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica, tras haber accionado sus armas contra un grupo que protestaba en julio de 2019, causando heridas en el rostro al adolescente Rufo Chacón causándole pérdida de la visión y heridas a otro adolescente.



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