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¿Es probable que la ONU apruebe una intervención militar de EEUU en Venezuela?

El Cooperante | 1 octubre, 2018

Caracas/Foto portada: @USArmy.- En una rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles en el marco de la 73° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que todas las opciones, incluso la militar, están sobre la mesa para solucionar la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela.

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El mandatario republicano se refirió por primera vez a una acción militar en agosto de 2017, cuando la tensión política y social estaba en pleno auge por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las protestas antigubernamentales fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela pero de paso (les digo) que no descartamos una opción militar (…) la gente está sufriendo, se está muriendo y si es necesario no descartamos la opción militar”, dijo entonces Trump, quien enfatizó que la cercanía de Venezuela y Estados Unidos facilitaría aún más el traslado de las tropas estadounidenses.

Desde entonces, se ha abierto un debate público, tanto a escala nacional como internacional, sobre si esta sería la mejor opción para restablecer la democracia en el país. Mientras que algunos sectores de la oposición venezolana respaldan la propuesta interventora asomada por Trump, otros rechazan completamente esta idea, alegando los daños que sufrirían la población y el país en sí por un conflicto de tal magnitud.


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Lo cierto es que una opción militar por parte de Estados Unidos a Venezuela no es tan viable como algunos creen, y es que para llevar a cabo esta acción, el país norteamericano debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, único órgano con la facultad de decretar una intervención. Pero para entender mejor este tema, primero hay que aclarar que invasión, intervención y ocupación militar no son sinónimos. 

Invasión, intervención y ocupación

La invasión es la acción militar que un Estado lleva a cabo por la fuerza, sin autorización de la ONU, y bajo distintos alegatos, por lo general, injustificables ante las leyes de derecho internacional. Puede tener como fin derrocar un Gobierno, apropiarse de un territorio por sus riquezas u otras razones de peso, la persecución de un enemigo o viceversa, el apoyo a un aliado, entre otras. Esta acción es considerada un crimen de guerra.

Mientras que la intervención está respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que a su vez se basa en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se establece que, a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, los Estados miembro del Consejo pueden aplicar medidas que impliquen la fuerza militar.

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Por otra parte, está la ocupación militar que, aunque se considera una invasión, se diferencia de las anteriores por ser una acción meramente administrativa que tiene como fin establecer un Gobierno militar provisional para “restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país”, esto según el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya de 1907.

Es básicamente la conquista militar de un territorio enemigo, que permite al ocupante apropiarse de todos los bienes y equipos del bando contrario y de las riquezas de ese Estado pero sin el uso de la fuerza.

El Consejo de Seguridad y sus miembros

Con esta aclaración es posible acercarse un paso más al porqué no es tan viable llevar a cabo una intervención de tipo militar en Venezuela. Es aquí donde surge el segundo aspecto importante, y es que son los Estados miembro del Consejo de Seguridad de la ONU quienes tienen la facultad para acordar o no una acción militar.

Según la Carta de la ONU, el Consejo tiene como propósitos:

1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas;

2.- investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional;

3.- recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo;

4.- elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos;

5.- determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar;

6.- instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión;

7.- emprender acción militar contra un agresor;

8.- recomendar el ingreso de nuevos Miembros;

9.- ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en «zonas estratégicas»;

10.- recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia.

En este sentido, los Estados miembro primero deben evaluar la situación del país afectado y aplicar una serie de medidas que correspondan a la gravedad del asunto. El uso de la fuerza militar es el último recurso correctivo a utilizar, y debe ser aprobado, al igual que el resto de las decisiones, por nueve de los 15 representantes que componen el Consejo.

“Cuando el Consejo examina una amenaza a la paz internacional, primero explora las posibilidades de solucionar la controversia por medios pacíficos. Puede recomendar principios para que se llegue a un acuerdo o iniciar la labor de mediación. En los casos de beligerancia, el Consejo procura una cesación del fuego. Puede enviar una misión de mantenimiento de la paz para que las partes mantengan la tregua y separar a las fuerzas beligerantes” – Consejo de Seguridad ONU.

China, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son los cinco miembros permanentes, es decir, que nunca son removidos del Consejo. Mientras que existen otros diez representantes que tienen un periodo de permanencia de dos años. Actualmente, Bolivia, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kazajistán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia y Suecia ocupan los diez cargos removibles del Consejo.

¿Un “no” rotundo a la intervención?

En el supuesto de que estos Estados decidan discutir la situación de Venezuela y lleven a votación un posible escenario militar, es probable que los resultados arrojen un rotundo “no”.

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Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  (Acnudh) votó a favor de una resolución que exhorta al Gobierno venezolano a recibir asistencia humanitaria para paliar la crisis, y además se exige a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacdh) preparar un informe detallado sobre la situación de los DDHH para ser discutida en el 41° periodo de sesiones, previsto para 2019.

En esta votación participaron únicamente los 47 Estados miembro del Acnudh, 23 de ellos votaron a favor, 17 se abstuvieron y 7 votaron en contra del dictamen. Entre los que votaron en rechazo está Bolivia, es decir, que de mantener la misma postura en la votación del Consejo de Seguridad, restaría un voto a los nueve necesarios para aprobar una acción militar.

Aún quedarían catorce Estados en la lista. Perú, quien votó a favor de la resolución del Acnudh, probablemente votaría “no” en el Consejo de Seguridad, esto en coherencia con la postura en el Grupo de Lima y de su Gobierno, que ha manifestado total rechazo ante una posible injerencia militar.

De los trece restantes, Guinea Ecuatorial y Kazajistán son aliados políticos del Gobierno de Nicolás Maduro y han manifestado su respaldo a la gestión, mientras que Kuwait y Etiopía, además de mantener lazos de amistad, sostienen relaciones comerciales con Venezuela, por lo que, muy probablemente, rechazarían la propuesta.

Por otra parte está Costa de Marfil, que en abril de este año sostuvo encuentros con la parte venezolana para evaluar posible cooperación en el sector agrícola y petrolero, lo que sumaría otro probable “no” o una abstención, tal como respondió ante la aprobación del dictamen del Consejo de Derechos Humanos.

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Esto dejaría una corta lista de ocho Estados (Rusia; China; EE.UU.; Francia; Reino Unido; Países Bajos; Polonia; y Suecia), lo que significa que una opción militar no sería posible aunque todos voten a favor, puesto que se requieren nueve votos como mínimo para aprobar cualquier decisión propuesta ante el Consejo.

El poder de veto

Aunado a esto, hay otro factor que podría, fácilmente, anular toda posibilidad activar una opción militar en Venezuela: el poder de veto. De acuerdo con la ONU, este poder especial de voto permite a los cinco miembros permanentes (EE.UU., Francia, el Reino Unido, Rusia y China) impedir la aprobación de cualquier resolución, aunque haya nueve o más votos a favor.

Una información más detallada en el Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas y en el Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, explica que un proyecto de resolución no se adopta si:

El Proyecto no obtiene nueve votos a favor, o si un miembro permanente emite un voto negativo (veto).

Históricamente, la antigua Unión Soviética, es la nación que ha dado mayor uso al poder de veto. Según un reporte de BBC, durante sus primeros diez años en el Consejo, el Estado soviético emitió 79 vetos. Es tanto lo que los representantes de la URSS utilizaron este poder, que Andrei Gromyko, canciller entre 1957 y 1985, fue apodado como el “Señor Niet” o “Señor No”.

Esto representaría un gran obstáculo para EE.UU., en su postura de posible cabecilla del plan de intervención militar ante el Consejo, debido a que es bien sabido que Rusia mantiene relaciones con Venezuela, sobre todo por el rol geopolítico del país, que le ha permitido tanto a su Gobierno como al chino, afianzar la ideología de izquierda en la región.

En su más reciente actuación, Rusia impidió que la propuesta de Estados Unidos de investigar el ataque químico en la ciudad siria de Duma, perpetrado en abril de este año por presuntas fuerzas del Gobierno de Siria, procediera, pese a que se contabilizaron nueve votos a favor.

“El Consejo de Seguridad se está convirtiendo en un instrumento para expresar posturas políticas entre los miembros permanentes, y el pueblo de Siria está pagando en última instancia el precio”Amnistía Internacional.

Alianza Rusia-Venezuela-China

Una situación que podría repetirse pero en el caso Venezuela, y es que, aunque desde que el país entró en crisis económica Rusia se ha distanciado, según The New York Times, entre 2014 y 2017, el Gobierno de Vladimir Putin le dio 10,000 millones de dólares en asistencia financiera al Ejecutivo de Maduro, esto con el fin de mantener sus objetivos políticos en el continente.

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Sin embargo, este no es el único motivo por el que Putin ha accedido a financiar la gestión del jefe de Estado nacional, y es que a cambio de los “favores” económicos, el país se ha ido apoderando poco a poco de importantes sectores generadores de ingresos, como el petrolero, adquiriendo en 2016 un 49,9% de las acciones de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, esto como garantía de un préstamo de USD 1500 millones para la estatal.

Sumado a esto, Venezuela es el mayor comprador de armas rusas en toda la región y, no conforme con esto, Rusia abrirá su primera fábrica de fusiles Kalashnikov en el país para 2019. Lo que representa, junto a la apropiación de gran parte de la industria petrolera nacional como parte del pago de la deuda, una importante fuente de ingresos a futuro, razón de suficiente peso para oponerse a los hipotéticos planes interventores de EE.UU.

En contexto

En días pasados, la portavoz de Asuntos Exteriores del Gobierno de Rusia, María Zajárova, condenó una posible acción militar por parte del país norteamericano, mientras que China reiteró su respaldo a Venezuela asegurando que el país tiene un Gobierno capaz de solucionar sus problemas por sí mismo. Además, a inicios de mes el gigante asiático firmó una serie de acuerdos comerciales con el Ejecutivo madurista en el marco de la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN).

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Ambos países despliegan operaciones conjuntas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), esto según declaraciones recientes del jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, lo que supondría un obstáculo para EE.UU., tomando en cuenta la capacidad armamentística de Rusia y de la Fuerza Armada china, una de las más poderosas por tener el Ejército más grande del mundo.

Aunque Estados Unidos podría ignorar este hecho y el rechazo de la ONU e invadir Venezuela, esto también le acarrearía fuertes críticas y lo pondría en una posición desfavorable. La mayoría de países de la región ha rechazado cualquier manifiesto de una posible injerencia militar, e incluso, recientemente The New York Times, dedicó una de sus editoriales al controversial tema.

“Presidente Trump: no interfiera en Venezuela”, es el escrito con el que el diario del país norteamericano insta al mandatario republicano a “considerar la dolorosa historia de injerencia estadounidense en América Latina y los intentos recientes de interferir en otros sitios para destituir dictadores e instalar democracias”. 

En la historia moderna, Estados Unidos ha encabezado decenas de intervenciones e invasiones, y pese a que algunos casos han resultado políticamente positivos, no ha sido así para la gran mayoría. Los países no solo fueron devastados estructuralmente, sino poblacional y económicamente. En América Latina y el Caribe hay dos casos relativamente recientes: Panamá y Haití, ambos con resultados opuestos.

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Mientras que Haití aún lucha con la inestabilidad política, económica y social tras dos intervenciones en menos de 20 años, Panamá logró librarse del dictador Manuel Noriega y posee actualmente una economía estable, pero este último caso no ha sido el más frecuente, y la historia así lo demuestra.

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