Espacio Público: Sigue la censura pese a hegemonía comunicacional del Gobierno

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Jose Á. Palacios.- La organización civil Espacio Público registró en su informe semestral que hubo un total de 147 violaciones a la libertad de expresión en el país, lo que representa, según la ONG, una disminución del 61% respecto al mismo periodo del 2014. Sin embargo, alarmó que la  intimidación se ubicó en el primer lugar de incidencia con un total de 37 ocurrencias, lo que representa 25%, seguido de la censura con 19% y el hostigamiento verbal que alcanzó 22,45%, cifras que sumadas alcanzan el 66% de violaciones a la libertad de expresión.

La reducción de violaciones a la libertad de expresión se debería, entre otras causas, a la compra-venta de medios críticos que han manifestado un cambio de línea editorial hacia una postura favorable al Gobierno, “lo que deviene en una serie de tensiones internas que se traducen en censura, y reduce el espectro de opinión a un entorno cada vez menos plural”.

De hecho, la censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, 28 ocasiones que representan el 19% de las violaciones. En doce 12 casos, denuncia la ONG, fueron responsables los dueños o directiva de medios de comunicación, seguidos por los cuerpos de seguridad, en 7 oportunidades, Conatel y Cencoex fueron responsables de 3 censuras.

Por su parte, la intimidación junto al hostigamiento verbal se desarrolló principalmente en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos. “Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola”.

El hostigamiento verbal y la intimidación estarían vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo por cuerpos de seguridad o grupos particulares, “en especial cuando intentan cubrir temas incómodos para la gestión gubernamental e incluso durante procesos electorales. También se manifiesta en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política”.

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