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Espacio Público denunció intensificación de agresiones del régimen a periodistas en febrero

Gianfranco Ruggiero | 10 marzo, 2020

Caracas. La organización no gubernamental Espacio Público divulgó un informe que evidencia la agudización de la violencia contra los periodistas, reporteros gráficos y trabajadores públicos en Venezuela. En ese sentido, contabilizaron la violación a su derecho en 87 casos, siendo más frecuentes: la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas.

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Aseveraron que hay un patrón de utilizar grupos violentos afectos al régimen, cuerpos de seguridad y funcionarios de organismos públicos que actúan con impunidad frente a las autoridades y la justicia venezolana.





El pasado 11 de febrero, durante la llegada del presidente encargado, Juan Guaidó, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, fueron agredidos físicamente al menos 12 comunicadores por parte de grupos afines al régimen. Representantes de: Efecto Cocuyo, TVV Noticias, CNVE24, VPI TV, Televen, EVTV Miami, El Estímulo, Telemundo 51, El Pitazo y Punto de Corte fueron las víctimas en ese momento.

Asimismo, otro hecho que dejó constancia de la carencia de libertad de expresión se demostró luego de que se impidió el acceso al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tenía programado arribar a Venezuela el pasado 4 de febrero, después de que no pudieron abordar el avión de la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines) por órdenes del gobierno venezolano.

«Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país», tuiteó la CIDH.





La Comisión considera que Venezuela está viviendo una profunda crisis debido a la prolongación indefinida del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil.