Espacio Público documenta 41 casos de violación a la libertad de expresión en febrero

Caracas / Foto Portada: archivo.- En Venezuela, el mes de febrero estuvo marcado por una serie de incidentes que han puesto en tela de juicio la libertad de expresión en el país. La organización Espacio público documentó 15 casos y 41 violaciones a este derecho fundamental, afectando principalmente a periodistas y medios de comunicación.

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Los actos de intimidación y censura no solo se limitaron a los profesionales de la información, sino que también alcanzaron a ciudadanos comunes y organizaciones de la sociedad civil. En total, se contabilizaron 33 víctimas, incluyendo al menos 17 periodistas y reporteros, 6 medios de comunicación, 4 particulares y varios miembros de organizaciones no gubernamentales.

La mayoría de los victimarios, 19 en total, estuvieron directamente relacionados con el Estado o con el partido de gobierno. Ocho instituciones públicas y seis cuerpos de seguridad estuvieron implicados en las violaciones a la libertad de expresión, junto con cuatro funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo.

Uno de los casos más alarmantes fue la detención arbitraria y desaparición de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. San Miguel fue detenida el 9 de febrero y su paradero fue incierto durante más de 72 horas. El fiscal general Tarek William Saab informó sobre su detención dos días después, alegando su presunta vinculación con una "conspiración" bajo investigación. A pesar de la presentación ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, su detención y la de su ex pareja, así como las medidas cautelares impuestas a sus familiares, han sido vistas como violatorias del debido proceso.

Además, se reportaron cierres de emisoras de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sin previo aviso ni justificación adecuada, lo que ha sido interpretado como un esfuerzo por silenciar voces disidentes.

Los ciudadanos también han sido víctimas de estas prácticas represivas. En Maracaibo, un influencer local fue detenido por usar "vestimenta indecorosa" en una sesión de fotos, lo que ha sido denunciado como una violación a la libertad de expresión y al libre desenvolvimiento de la personalidad.

El hostigamiento y la intimidación también han alcanzado a defensores de derechos humanos y activistas. Por ejemplo, el abogado Joel García fue amenazado por un sujeto desconocido mientras asistía a funcionarios consulares de Chile, y la organización Visibles Venezuela se vio forzada a pausar sus actividades debido al acoso por parte de grupos pro-gubernamentales.

En el ámbito digital, un ciberataque resultó en la divulgación de datos personales de millones de usuarios de la empresa de telecomunicaciones Digitel, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección de datos personales en el país.