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¡Espeluznante! Delincuentes de la Cota 905 acusan a vecinos de “sapos” luego del operativo

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Deivis Ramírez Miranda/ Clímax.-  Después que policías y militares sitiaran la Cota 905, las cabecillas de los grupos delincuenciales mantienen en vela y vilo a los vecinos. La orden es clara: perseguir y acaso exterminar a los soplones. Mientras tanto, el mito corre: paramilitares colombianos. Guerra adentro lo desmienten. “Es cuento chimbo del Gobierno para esconder sus errores”

Los plomazos secos y repetidos despertaron a todos. La piel de gallina fue la única cobija del miedo. Segundos después lanzaron la advertencia: “vamos por sapos”. Y aquí los sapos cobran. Otros plomazos. No habían pasado 24 horas de la toma militar en la Cota 905 cuando los malandros volvieron a su tierra. Solo por instantes, para dejar claro quiénes mandan y quiénes pueden pasar facturas —además de las policías.

La casa de Ricarda, identidad protegida, exhibe más de diez heridas de bala en su frente. Está ubicada en el sector La Línea, cerca del barrio Las Quintas, donde los tiroteos son tan turbulentos como el reguetón y el vallenato. Ella sabe que su único pecado fue darle café a unos policías que se pararon frente a su hogar mientras ocurría la toma militar del lunes 13 de julio. Alguien la pilló. Algún vecino cooperante de las bandas armadas. La vieron como una “sapa”. La visitaron la madrugada del martes.“Abraham” es el nombre del líder de la banda de esa zona. Aliado de “El Coqui” ahora, porque antes eran enemigos. Pero haber transado les permite asociarse para atacar.

Ese muchacho, que no pisa los 30 años todavía, tiene poder. Lo respetan. Y aunque Ricarda tiene un nieto que forma parte de la banda, no le perdonaron el cafecito.“Usted no sabe lo difícil que es vivir así. Asustado, porque uno no sabe en qué momento lo matan. No hice nada malo, pero me tienen amenazada. Temo por mí, por mi familia, por mi nieto”, describe la mujer con una voz sísmica.

El líder la obligó a abandonar el sector, al igual que hizo con otras cinco familias más. Los proyectiles fueron el ultimátum de una tragedia. Dieron inicio a la segunda fase: la implosión interna. O sea: arremeter contra la comunidad.

El operativo militar dejó grandes consecuencias en la Cota 905. El miedo exacerbado de unos lugareños acostumbrados a vivir entre el horror de la violencia, producido por la sedienta venganza de los delincuentes hacia varios pobladores considerados “pajúos”. Por los callejones y escaleras del barrio gritaban que se iban a cobrar con sangre esa arremetida policial. Están convencidos de que fueron los habitantes quienes pidieron a los militares que expugnaran. “Eso dijeron cuando volvieron”, insiste Ricarda.

Aunque el ambiente se torne “normal” durante el día, en las noches el panorama no es nada alentador. Sobre todo por los recorridos que hacen los que se creen dueños. Marcan casas. Se ríen. Muestran los dientes lo mismo que los rifles. Los agresores, sabiéndose impunes, manganzones, lo saben y por eso preparan una especie de sinfonía de luto: los estallidos de pólvora y acero. Es como una señal de poder y fuerza. Si antes los habitantes de la Cota 905 se sentían seguros con los delincuentes, esa perspectiva dio un giro de 180 grados. “Todo el mundo encerrado hasta que esto acabe algún día. A las seis de la tarde con puertas y ventanas cerradas. Salir solo en estrictas emergencias”, refieren moradores, cuyo destino aciago está por verse.

La cifra es exacta: 15 muertos dejó la toma militar, catorce de ellos fueron identificados. Pero uno descuella de la mortandad: Greydelberg Lenín Urbina. Un muchacho que antes de morir el lunes llamó por teléfono a su madre para despedirse. Sabía que no saldría vivo. Dos repiques y atiende el  malagüero.

Mami te llamo para despedirme de ti, estoy rodeado. Cuídate, te amo. Cuelga lacónico pero contundente.

No hubo tiempo de analizar nada. El llanto y la resignación ahogaron a Tania, aquella que parió  sabía lo que tenía. Ahora le tocaba esperar la noticia. Efectivamente, el cadáver de Greydelberg apareció en la morgue de Bello Monte el martes en la mañana.

Tania ya había respirado aires policiales en su rancho. A principios de año lo allanaron en El Cementerio buscando a su retoño de andariegos caminos y malhechor destino. Estaba implicado en el asesinato de unos agentes. Ella tenía tiempo sin verlo, pero no dudó de su responsabilidad en esos crímenes. “Mi muchacho estaba en cosas malas, muy malas”, admite. Cree que no lo mataron los militares, sino que él se suicidó al verse rodeado.

Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, es el mandamás de la Cota 905. Controla toda la zona y parte de El Cementerio. En total, lleva las riendas de unas siete bandas armadas, según deja cuenta el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El lunes, después de la asonada, hubo confusión. La tremolina, sin embargo, dejó colar los chismes falsos: “se dijo temprano que lo habían liquidado”. No había manera de comprobarlo hasta que él mismo apareció en shores y saludando a varios vecinos.

Salió de repente, muy orondo, como gallo en corral, a caminar por el barrio. Ya era de noche y no estaba ni la sombra ni el rastro de las placas oficiales. Nada le habían hecho. Él mismo exhibió su fortaleza. Invencible. “El Coqui” es presumido. Y tiene con qué.

La explicación lógica que dan residentes es que el engranaje perfecto que existe entre los cuerpos policiales y las bandas armadas del barrio permitió que los resultados de la toma no fueran significativos. Solo hubo dos armas largas y dos granadas recuperadas, amén de los 32 vehículos robados y de los 15 fallecidos. “Mucho chicle y poca bomba”, sopló alguien.

Conexión estratégica

Los habitantes de la Cota 905 están convencidos de que hubo fuga de información por parte de los policías hacia los hampones. De lo contrario, el resultado fuese otro. Ese día no hubo enfrentamiento cerrado, amenazas, bazucas, explosión de granadas ni lacrimógenas. Como sí ocurrió los días 5 y 21 de junio de 2015 cuando, por menos, hubo nueve motos policiales y una patrulla quemadas, además de nueve policías heridos.

Cada hampón tiene su precio en bolívares al caer detenido. Si está limpio —no tiene ningún tipo de prontuario— sus compañeros pagan entre 10 y 15 mil bolívares por su liberación. Pero si está solicitado la cuota es mayor, ronda los 50 mil. El valor más alto de la escala la tienen los fugados de penales, quienes gozan de mayor prestigio y su precio puede alcanzar los 100 mil. Todo en efectivo.

Hay quienes están a favor y en contra de estas arremetidas por parte del Gobierno. En el barrio se sienten con mucha fuerza y las marcas quedan. El ímpetu desmedido de los policías deja un pozo de rencor, de rabia en muchos. Aunque en otras, más bien, reluce el agradecimiento por las horas de paz que ruegan algún día lleguen. Ricarda y Tania, no obstante, no gozarán de esa bendición.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se pronunció por este caso. A su juicio, es necesaria una investigación. “Las características del operativo realizado sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública”. Exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República auditar las acciones emprendidas.

De los 134 detenidos, 32 son extranjeros. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, lo dijo. Además los calificó como miembros de un grupo paramilitar. La mayoría de nacionalidad colombiana. Anunciaron la deportación de todos —aunque hasta ahora no ha habido identificación de ninguno.

Lo cierto es que en la Cota 905 sí viven muchos extranjeros ilegales. Fueron llegando al país desde hace cinco años cuando les ofrecieron un terreno para construir viviendas. Hoy es conocido como el sector La Invasión, muy cerca del polideportivo local. Luis Méndez, parroquiano, explica en detalle.

“Son caminos ilegales que fueron fomentados por el propio Gobierno nacional, cuando decidió cedularlos para los procesos electorales”, arma la hipótesis. Colombianos, ecuatorianos y peruanos son los asentados en la parte alta del barrio. Llegaron en parejas y se multiplicaron. “Vieron en Venezuela la opción de vivir fácil, ganar dinero y tener casa propia”, vuelve. La escasez no importa, la inseguridad tampoco. Un techo y una vista desde la montaña alimentan más.

Los propios forajidos de la zona saben que lo del paramilitarismo es un burdo cuento. Una manera de hacerle creer a la gente que hay fuerzas externas generando choque y criminalidad en el país. Los hampones se burlan del guion oficial. “Si aquí hubiera paramilitares, o al menos nos hubiesen entrenado paramilitares, la historia sería otra. No quedaría ni un policía de esos que abusan y se meten a las casas a robar, a someter a gente inocente”, dijo uno de los miembros de la banda de “el Coqui”.

 

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