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Estadounidense Joshua Holt demanda a Maduro por "empresa criminal" e injusto encarcelamiento

La demanda, presentada el jueves en la corte federal de Miami por Joshua Holt, es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el gobierno de Maduro por sus supuestos vínculos con las FARC

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Joshua Holt

Caracas / Foto Portada: Monitoreamos.- Un hombre de Utah encarcelado por casi dos años en Venezuela ha demandado al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de dirigir una "empresa criminal" que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses.

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La demanda, presentada el jueves en la corte federal de Miami por Joshua Holt, es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el gobierno de Maduro por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designadas por Estados Unidos como grupo terrorista.

La demanda, según explica el periodista Joshua Goodman en un reportaje publicado en AP, busca una indemnización por daños y perjuicios que Holt y su familia dicen haber sufrido bajo una ley federal poco utilizada: la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros apoderarse de los bienes de sus victimarios.

Holt, de unos 20 años en ese entonces, viajó a Venezuela en 2016 para casarse con una mormona que conoció en internet mientras practicaba su español. Poco después, la pareja fue arrestada en el apartamento de la familia de ella en un proyecto de vivienda pública durante una redada de las fuerzas de seguridad, en la que afirmaron haber encontrado un arsenal de armas de asalto y granadas. Unos días después, altos funcionarios aparecieron en la televisión estatal acusando a Holt de ser un "terrorista de la CIA" enviado a derrocar a Maduro.

En su denuncia de 99 páginas, Holt detalla cómo después de ser arrestado lo llevaron a un sitio de construcción abandonado donde lo alinearon contra una pared mientras lo que parecía un pelotón de fusilamiento le apuntó con sus armas y disparó.

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"Fue una ejecución simulada: las armas no estaban cargadas", según la denuncia. "Josh pensó 'este es el punto en el que voy a morir, uno de estos policías va a tener una bala'".

Holt perdió 27 kilos en los primeros seis meses de su encarcelamiento. Casi sin tratamiento médico, soportó cálculos renales, bronquitis y un doloroso diente partido mientras estaba recluido en una pequeña celda llena de hedor y sin inodoro.

Su esposa, Thamy Holt, también fue encarcelada y repetidamente presionada para firmar una confesión de que su marido era parte de un complot de la CIA, algo que nunca aceptó hacer.

Finalmente, en 2018, Holt sería liberado como resultado de negociaciones extraoficiales dirigidas por un miembro del personal del senador Bob Corker, un republicano de Tennessee que presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de retirarse en 2019. Según la denuncia, el carcelero de Holt, Gustavo González López, entonces jefe de la policía de inteligencia Sebin, reconoció la falsedad de los cargos al momento de la liberación del estadounidense.

"Lamento que hayas tenido que pasar por esto", dijo González López, según la denuncia, a Holt mientras lo escoltaba personalmente de la cárcel a un jet que lo llevaría a la libertad y a un inmediato encuentro en la Casa Blanca con el entonces presidente Donald J. Trump.

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La demanda busca una indemnización por el trauma que dicen que sufren los Holt y sus seres queridos, incluyendo trastornos de ansiedad, insomnio y depresión. Laurie Holt, quien lideró la campaña por la liberación de su hijo, murió en 2019 a los 50 años de una enfermedad cardíaca que su familia cree que fue causada por el largo encarcelamiento.

"Desafortunadamente, la fuga de los Holt de Venezuela no fue el fin del calvario de la familia Holt", dice la denuncia.

Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han logrado obtener importantes sentencias contra Maduro y su círculo íntimo por motivos legales similares.

En 2022, un juez federal en Miami otorgó 73 millones de dólares en daños y perjuicios a la familia de un destacado opositor a Maduro que murió bajo custodia tras caer inexplicablemente del décimo piso de un edificio perteneciente a la policía Sebin. Y el año pasado, un abogado venezolano exiliado ganó 153 millones de dólares después de ser atraído de vuelta a casa por el secuestro de su padre, solo para terminar encarcelado él mismo por cargos falsos de trabajar como "terrorista financiero" que socavaba el gobierno de Maduro.

Pero recolectar esas grandes recompensas ha resultado desalentador. No se sabe que Maduro ni ninguno de sus colaboradores cercanos tengan propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos a su nombre. Es más probable que cualquier riqueza que los funcionarios hayan robado esté en manos de una miríada de testaferros cuyos activos son difíciles de rastrear y confiscar.

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"Estos países aliados que participan en empresas criminales masivas son cinturones negros en ocultar su dinero", dijo Sam Dubbin, un abogado de Miami que ha representado a médicos cubanos que buscan justicia por trabajos forzados por parte del gobierno comunista de la isla.

Uno de los presuntos testaferros de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, es acusado en la demanda de Holt. Según la denuncia, el arresto de Saab en 2020 en Cabo Verde por una orden estadounidense por lavado de dinero llevó a la “empresa criminal de Maduro” a comenzar una campaña de arresto de aún más estadounidenses para utilizarlos como “moneda de negociación” para negociar su liberación.

El año pasado, Biden concedió el indulto a Saab como parte de un canje por 10 estadounidenses y un contratista fugitivo del Pentágono encarcelado en Venezuela. Maduro insiste en que Saab era un diplomático venezolano detenido ilegalmente durante una escala de combustible en ruta a Irán para comprar alimentos y medicinas que han escaseado bajo las sanciones de Estados Unidos.

Entre los otros seis leales a Maduro, señalados como presuntos responsables del encarcelamiento de Holt se encuentran el fiscal jefe de Venezuela, el comandante de las fuerzas armadas y el presidente de la Corte Suprema.

AP

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