Caracas.- Aminta Pérez, la madre del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, quien fue asesinado por organismos policiales de Nicolás Maduro en enero del 2018, ofreció el jueves un duro testimonio en el que reveló que se encuentra "prácticamente en la calle" en los Estados Unidos.
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En una entrevista concedida al diario El Nuevo Herald, Pérez dijo que no tiene donde vivir, asegurando que se queda en la "casa de algunas personas de las redes sociales”, donde su estadía es breve.
"Nunca he tenido donde estar. Estoy prácticamente en la calle. No tengo donde vivir, no tengo nada", expresó.
La madre del exfuncionario se ha visto obligada a dormir también en algunos refugios para no quedar expuesta al frío y peligro de las calles, especialmente tras las secuelas que le dejó un infarto que sufrió en 2019, después de participar en un evento del expresidente Donald Trump.
Asimismo, reconoce que en algunos aspectos ha recibido el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, por lo que tiene asilo, seguro médico y alimentación, pero reitera que le hace falta "lo principal", una vivienda.
"Yo puedo trabajar, cuidar niños y hacer otro tipo de actividad que no afecte de manera grave mi estado físico. Enferma o no, yo puedo trabajar porque yo necesito tener un lugar donde estar", señaló en el video compartido por el medio citado.
Perez se vio obligada a migrar a los Estados Unidos después de que su hijo era un perseguido político, la Administración de Nicolás Maduro expropió sus pertenencias.
En la plataforma Gofundme fue creada una campaña para Pérez para que pueda recibir ingresos en medio de la pandemia de la COVID-19 que le permitan sobrevivir y reunir fondos para su vivienda.
"Ayudemos a Aminta. Es una manera expresar nuestra solidaridad hacia quienes han perdido demasiado por nuestra libertad. Es una manera de expresar nuestra venezolanidad", dice la campaña.
La masacre del Junquito
Óscar Pérez fue asesinado junto a sus compañeros en un operativo realizado en el Junquito donde se mantenían en la clandestinidad luego de sublevarse al régimen de Nicolás Maduro. El inspector era requerido por robar armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y atacar las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio de Interior y Justicia.
En su ajusticiamiento; se usaron lanzacohetes, granadas y otras armas rusas que acabaron con el chalet donde se resguardaban los disidentes de Maduro.
Por su parte, La sociedad venezolana, expertos y la comunidad internacional, incluso, exfuncionarios del Gobierno, lo tildaron como una masacre.
