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Evelyn Marrero, una magistrada de origen imperial al servicio de la revolución

Christhian Colina

Christhian Colina.- “Más nunca Venezuela será colonia yanqui”, decía el fallecido Hugo Chávez durante su intervención en el desfile del 19 de Abril de 2010, ignorando que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una de las magistradas elegidas en el año 2005, no es venezolana por nacimiento, sino que nació en Puerto Rico. Resta preguntarse si el “gigante” estaba informado que una de la juristas insignes de la revolución tiene dotes de “lacaya del imperio”, y no precisamente por vocación.

El 30 de octubre de 2003, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ordenó su jubilación por tener 20 años de servicio en la Administración Pública. La medida habría sido un beneficio a la magistrada, para no destituirla, por cuanto fue encontrada responsable junto a otros cuatro magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de ilícitos disciplinarios, al negar la protocolización de un documento de compraventa.

El 17 de febrero de 2008, el abogado Martín Valverde le entregó a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional (AN), un escrito respaldado con una copia de un acta de nacionalización, donde asegura que Marrero nació en el municipio Jayuya de Puerto Rico el 22 de febrero de 1942, y obtuvo la nacionalidad venezolana en el año 1966, bajo la figura de naturalización, “al haber contraído matrimonio con el ciudadano venezolano Daniel Alonso Osío, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución”.

El jurista también consignó copia del título de abogada de Marrero Ortiz que obtuvo el 9 de agosto de 1966 en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también se apreciaría la nacionalidad de la magistrada. En ese momento, Valverde exigió al Parlamento venezolano “la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del TSJ”, que describe las sanciones contra los magistrados, específicamente del numeral 4º, que estipula que el Legislativo puede anular la designación de Marrero.

“Todas las atribuciones se encuentran en manos de una ciudadana que es de nacionalidad puertorriqueña, lo que, al haber nacido en ese país y no constar su renuncia a dicha nacionalidad, equivale a ser nacional de Estados Unidos, conforme con el tratado internacional existente entre ambos países, y en el cual se acepta a Puerto Rico como un Estado Libre Asociado”, afirmó Valverde.

En 2012, aun siendo presidenta de la Sala Político-Administrativa publicó una sentencia, en la que declaró sin lugar la apelación ejercida por la empresa Globovisión contra una resolución admitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 7 de diciembre de 2011, por cuanto ratificó una multa de 9 millones 394 mil 314 bolívares. Sanción calificada en su momento por la oposición como un “golpe a la libertad de expresión” que los llevó a impulsar una jornada de recaudación de fondos, denominada “GloboPotazo”.

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