article-thumb
   

Exigen suspender norma que limita servicios públicos a venezolanos sin pasaporte en Roraima

El Cooperante | 4 agosto, 2018

Caracas.- En Brasil, la Defensoría Pública de la Unión (DPU), informó este jueves que el decreto del gobierno de Roraima hace más rígido el acceso de extranjeros a servicios públicos, expresando que es un acto “inconstitucional”. El órgano también indicó que estudia adoptar alguna medida jurídica contra el estado Roraima.

Le puede interesar: Sin visa y sin tanto papeleo: los tres países más fáciles para emigrar desde Venezuela

De acuerdo con el portal brasileño G1, el decreto 25.681/18 fue firmado por la gobernadora Suely Campos bajo la justificación del impacto que el flujo migratorio de venezolanos ha causado en todos los sectores de Roraima.

Según el defensor Leonardo Magalhães, coordinador del grupo de trabajo de asistencia a las víctimas de tráfico de personas, explica que la restricción al acceso de servicios públicos aplica solamente a ciudadanos venezolanos sin pasaporte, lo cual viola completamente los derechos de los extranjeros.

“El decreto tiene muchas inconstitucionalidades y es incompatible con la Ley de Migración brasileña. El gobierno del estado no puede exigir pasaporte, pues el registro provisional del extranjero ya es suficiente. Inclusive, fue publicado un decreto en febrero de este año que facilita el acceso a servicios a esas personas exactamente porque ellas están en extrema vulnerabilidad, declaró el defensor.


Asimismo, entre las acciones que la DPU puede adoptar contra el estado Roraima están la administrativa, como una recomendación para la anulación del decreto, o acción en la Justicia cuestionando la medida. El gobierno fue advertido, pero aún no se pronunció sobre las declaraciones del órgano.

El Ministerio Público Federal en Roraima (MPF/RR) recomendó al gobierno que revoque el decreto. El estado tiene un plazo de 24 horas para manifestarse, bajo riesgo de responder a la Justicia por crímenes contra la vida y la irregularidad administrativa.

Sin embargo, la Casa Civil informó que la decisión ya está en vigencia. Por lo menos cuatro secretarías que ofertan servicios al público tales como: Salud, Educación, Seguridad, Teabajo y Bienestar Social deben editar en su reglamento las restricciones hacía los extranjeros.

Compasión hacía los venezolanos

La DPU también emitió una nota de repudio al decreto, alegando que la medida “está en desconformidad con los principios constitucionales que rigen la República Federativa de Brasil en sus relaciones internacionales” y representa “una tentativa de limitar el flujo de venezolanos para el Brasil”.

“La Defensoría Pública de la Unión continuará empeñada en la protección de los derechos de venezolanos y demás inmigrantes que buscan el territorio brasileño como forma de ver asegurada su dignidad humana”, puntualizó DPU.

Otra nota de repudio contra el decreto también fue divulgada por la procuradora federal de los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat. Para ella, el acto es inconstitucional y sigue en contra de las normas vigentes.

Comentarios

comentarios