La Lupa
Extravío de un cargamento de cocaína y muerte de un "sepulturero": la violenta crisis en Catatumbo
El 16 de enero, el ELN lanzó un operativo militar de una magnitud inédita y advirtió que “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que se entregue alias 'Richard', identificado como Richard Suárez
Caracas / Foto Portada: Cortesía.- La historia de guerrilla, el narcotráfico, paramilitarismo y el control por el territorio entre grupos armados en Colombia, registra su punto más crítico durante los últimos días. Las autoridades colombianas declaran angustiosamente que la zona de El Catatumbo vive la crisis humanitaria más grave de la historia. La montañosa región del departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela se desangra en medio de desplazados, heridos y por supuesto, incontables muertos -al menos 80, según las cifras oficiales y por confirmar muchos más-.
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Fue el pasado jueves 16 de enero, cuando estalló el conflicto en Catatumbo, con los combates entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, han dejado según las últimas informaciones -martes- más de 32 mil desplazados y ochenta muertos, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Gustavo Petro reconoció durante las últimas horas que la crisis es una "muestra del fracaso de la nación" y uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea del país.
"La situación del Catatumbo enseña (…) uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso de la nación", expresó Petro en el acto de presentación de la Línea Anticorrupción 157, en el que agregó: "Este puede ser uno de los hechos más dramáticos (…) de la historia contemporánea", informó Blu Radio.
Coca y el sepulturero de Tibú
Pero esta situación no surgió como una chispa. Era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de "la situación de riesgo" para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.
Un informe de inteligencia militar que reseñó el informativo de Televisión Noticias Uno reveló que precisamente todo inició a finales de 2024, cuando supuestamente se extravió un cargamento de cocaína.
"La pérdida del multimillonario cargamento provocó la ruptura de un pacto criminal que se mantenía entre el Frente 33 de la extinta guerrilla de las FARC y el ELN. ‘Richard’ uno de los subalternos del jefe subversivo de la mencionada disidencia, alias Andrey, había llegado al mencionado trato para no interferir con el tránsito de los cargamentos de cocaína del grupo en pugna", suscribe reporte de Infobae.
Pero uno de los envíos se perdió en noviembre, lo que conllevó a que se sembrara un clima de desconfianza con la disidencia, que concluyó con el homicidio de alias Catre o el Calvo el pasado 12 de enero, que era jefe del frente Juan Fernando Porras del ELN, días antes de la despreciable masacre del sepulturero del Catatumbo Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses de edad, múltiple crimen que terminó de desatar la guerra sin cuartel que se padece en la actualidad en esa región.
Sobre este último motivo, el comandante del ELN, Antonio García indicó que el asesinato de Miguel Ángel López fue la gota que derramó el vaso. En un texto de opinión que divulgó a través de sus redes sociales, titulado 'Una explicación necesaria', el jefe guerrillero dijo: “Tanto va el cántaro al agua, que termina rompiéndose. El detonante fue el vil asesinato de Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco, y su pequeño hijo, para de manera ruin endilgárselo al ELN”.
Semana expuso que Miguel Ángel López, al parecer, fue asesinado porque era sepulturero y enterró a algunos muertos del conflicto. Su crimen despertó la solidaridad del país porque en Norte de Santander lo conocían como una persona que se dedicaba exclusivamente a brindar cristianas sepulturas.
De acuerdo con versiones recogidas por el medio especializado en investigación, en Tibú, la familia de funerarios era víctima de constantes amenazas por recoger, arreglar y darles cristiana sepultura a hombres y mujeres asesinados en el marco de esa guerra.
“Aquí hay zonas en las que solo entran las funerarias a recoger los cuerpos, nadie más va, ni las autoridades. Entonces, como ellos tenían acceso a esos territorios, se ganaban enemigos de ambos bandos, porque aquí no se puede recoger ni a los muertos”, dice un habitante de la zona.
Miguel trataba, con su tono mediador y pausado, de explicarles a los violentos que su labor no tenía tintes políticos ni ideológicos y mucho menos de cercanía con actores armados.
En varias ocasiones le creyeron, pero con la escalada violenta de fin y principio de año todo empeoró. Los hombres del ELN empezaron a perfilar a supuestos informantes de las disidencias y a marcarlos con lápidas en comunicados que entregaban a presidentes de juntas de acción comunal. Miguel apareció en el último.
“Yo creo que lo que él estaba buscando era sacar a su familia a Cúcuta para evitar que fueran a atentar contra ellos, pero desafortunadamente no lo logró: en plena vía los atacaron sin contemplación. Ni siquiera los pararon y miraron quiénes iban dentro del vehículo. Nada, salvajemente les dispararon”, agrega una fuente consultada por este medio.
Cifras del conflicto
Un informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en la mañana de este martes, revela que en cinco días de esa guerra entre dos grupos ilegales ha habido por lo menos 60 asesinatos, se han visto obligadas a desplazarse más de 18.000 personas, y 46.000 niñas, niñas y adolescentes están desescolarizados.
De acuerdo con el informe, la violencia se ha concentrado en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.
La mayoría de las personas desplazadas han llegado a las ciudades de Ocaña, en occidente del Catatumbo, y a Cúcuta, la capital del departamento y al suroriente de la zona, en búsqueda de acompañamiento y protección.
La ONU también confirmó que en este momento hay más de 1.000 personas de 23 comunidades indígenas que permanecen confinadas, sin poder salir de sus territorios. Además, registra la privación ilegal de la libertad por parte de los grupos armados de al menos 30 personas. “La ONU Derechos humanos condena las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y abusos perpetrados por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo”, se lee el documento según reporte de El País.
Por la situación de violencia en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de pacificación con el ELN, cuyas acciones calificó de criminales. El lunes, Petro declaró estado de conmoción interior. En respuesta, el ELN ha dicho que es blanco de ataques de otros grupos armados y de operaciones de inteligencia militar.
En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres dijo este martes en un comunicado que está “profundamente preocupado” por lo que ocurre en el Catatumbo y llamó a que cesen inmediatamente todas las agresiones contra la población civil.
¿Quiénes son los actores armados que se disputan el Catatumbo?
El actor central en la actual coyuntura es el ELN. Una guerrilla que mantiene presencia en este territorio desde 1970. En los años siguientes llegaron otras dos guerrillas: el Ejército Popular de Liberación (EPL), de inclinación maoísta, y las FARC, en la década de los años ochenta.
Grupos paramilitares arribaron a la zona una década después, desencadenando violentos combates contra las guerrillas y numerosas víctimas civiles.
Al igual que en otras zonas del país, la desmovilización de las FARC, con la firma del acuerdo de paz en 2016, generó un vacío en el control territorial de algunas localidades del Catatumbo.
Entre 2018 y 2020, empezó una lucha entre el ELN y reductos del EPL por estos territorios. “En ese momento, reaparecen disidencias del Frente 33 de las FARC a tomar el control de territorios dejados por el EPL”, explicó Luis Fernando Trejos a DW.
“Al principio, la presencia de las disidencias no era vista como una amenaza por parte del ELN”, añade el especialista. Sin embargo, estas lograron aumentar su control territorial, apoderándose de zonas claves en términos de cultivos ilícitos y generando una rivalidad cada vez más aguda con el ELN.
Hoy se estiman en casi 44.000 las hectáreas de cultivos de coca en el Catatumbo, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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