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Exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner es condenado a cinco años de prisión por corrupción

El Cooperante | 7 agosto, 2018

Caracas.– El kirchnerismo vive un verdadero calvario judicial. Un tribunal federal ha firmado este martes la primera sentencia de alta relevancia política. Amado Boudou, exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción.

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Según reseñó El País, los jueces lo encontraron culpable en el “caso Ciccone”, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos. La condena a Boudou coincide con una semana negra para el kirchnerismo, acosado en los tribunales por la difusión de ocho cuadernos manuscritos con detalles de una supuesta red de cobro de sobornos a empresas dedicadas a la obra pública.





Lo jueces encontraron probado que en 2010, cuando era ministro de Economía, intercedió para que la oficina de impuestos (AFIP) levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, Boudou se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Tras el rescate, Ciccone consiguió el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.

La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del exvicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.


“Jamás negocie por mí o a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone. El supuesto de cohecho no tiene asidero porque no existió”, dijo. Y luego se declaró un perseguido político. “Hay una cuestión de revancha de clase. También de aleccionar, para que nadie se atreva a cambiar las cosas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos, primero en forma mediática y luego en los tribunales”, dijo.

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