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Figuras del chavismo realizarán auditoría ciudadana por denuncias de corrupción

Christhian Colina

Christhian Colina.- Las denuncias de la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, y el ex ministro de Planificación Jorge Giordani, sobre “la fuga de dólares de la nación a través del sistema de otorgamiento de divisas o por otros mecanismos no lícitos por el orden de 20 mil millones de dólares en el año 2012 y 2013”, generaron la propuesta de realizar una auditoria publica y ciudadana “para detener el desfalco, la fuga de capitales, la deuda ilícita y la corrupción”, promovida por figuras del chavismo como Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Freddy Gutiérrez, Stalin Pérez, el General Francisco Visconti, Oly Millán, Paulino Núñez y Gonzalo Gómez.

Sobre otras iniciativas de contraloría ciudadana, el cofundador de Aporrea, Gonzalo Gómez señaló una investigación realizada por el movimiento social Punta de Lanza, que “tomó las listas de Cadivi, Sidme y Cencoex, donde se pudieron observar datos sobre la distribución del otorgamiento de divisas en el país, y apreciar de forma clara que los principales beneficiarios son transnacionales, la banca y empresas muy importantes del sector privado”. Gómez también mencionó un trabajo realizado por el equipo de investigación de Marea Socialista llamado “Sinfonía de un desfalco a la nación”, por lo que se preguntó sobre la posibilidad de otros hechos ilícitos fuera del periodo 2012-2013.

Al ser consultado sobre las investigaciones anunciadas por autoridades gubernamentales y el Ministerio Publico sobre el llamado “Cadivazo”, Gómez afirmó que “los resultados de la investigación aún no son conocidos y aparentemente no abarca todo el universo de los posibles involucrados”. Las cifras del considerado desfalco a la nación desde la implantación del control cambiario ascienden a 259.260 millones de dólares, dinero con el que se puede “financiar el costo de 25 mundiales de fútbol y la construcción de 50 empresas siderúrgicas con tecnología de punta”, señaló Gonzalo Gómez.

Sobre los alcances de la auditoria publica que prevén iniciar con un acto el próximo 23 de mayo, Gómez aseguró “estamos planteando investigar para determinar responsabilidades administrativas, económicas, judiciales y políticas, necesarias para impedir la continuación de la fuga de capitales y recuperar los recursos perdidos o procurar la compensación de los daños causados”, tal como lo permite el artículo 116 de la Constitución Nacional que permite luego de una sentencia, realizar confiscaciones a aquellas personas que hayan incurrido en daños al patrimonio nacional.

Por su parte, Ana Elisa Osorio, diputada al Parlamento Latinoamericano y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseveró que el comité de la auditoria ciudadana es un espacio de encuentro de distintos partidos. “No creo que la revolución pueda solidificarse sobre  pantanos movedizos, porque la corrupción y la impunidad son pantano movedizo, luchar contra la corrupción y la impunidad es un deber institucional”, señaló Osorio.

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