Fiscalía adelanta 23 investigaciones contra la oposición por casos de corrupción

Caracas.- El fiscal general Tarek William Saab presentó este jueves ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 la rendición de cuentas correspondiente al año 2021.

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Desde la tribuna de oradores del Palacio Federal Legislativo el fiscal general aseguró que la Asamblea Nacional electa en 2020 es la muestra más «fehaciente de ese cambio en el país y del clima de conciliación». Además, consideró que el Ministerio Público (MP) ha tenido un «rol estelar» en el logro de un clima de «estabilidad y apertura» a la convivencia.

«Hoy, tras cuatro años y medio, nos encontramos con un país completamente distinto, en el cual la paz se ha impuesto y los conflictos han sido canalizados gracias al apoyo de nuestro pueblo por la vía electoral (…) Nuestra gestión no ha evadido responsabilidades. Al contrario, ha tomado al toro por los cuernos para judicializar tanto a los que han optado por el terrorismo para desestabilizar tanto al país como a aquellos que destinados a la defensa de la paz y la ley, han cometido abusos y violaciones a los derechos humanos», dijo Saab.  

Sobre supuestas acciones terroristas, Saab destacó el alto número de actos criminales desarrollados desde su llegada al Ministerio Público en el año 2017. 

Entre esos casos mencionó el ataque contra Nicolás Maduro ocurrido en 2018; la insurrección cívico-militar y el supuesto intento de destrucción de aeronaves de combate Sukhoi, ambos ocurridos en el 2019. 

Por estos casos, que según Saab buscaron el «asesinato de las más altas autoridades del Estado y el derramamiento de sangre en el país», se han detenido a 209 personas por su presunta vinculación, 202 han sido privados de libertad, mientras que 205 han sido acusados y 62 condenados por admisión de hechos. 

También detalló que por estos casos están pendientes por ejecutarse 102 órdenes de aprehensión. De este número, 79 tienen alerta roja de Interpol y 14 cuentan con solicitud de extradición.

«El Ministerio Público ha actuado, aquí no ha habido impunidad, pero lo más grave son los actos de corrupción: el nombramiento ilegal de una junta administrativa ad hoc de Citgo, la corrupción con ayuda humanitaria, el nombramiento ilegal de una junta administrativa ad hoc de Monómeros colombo-venezolana, el nombramiento de la junta administradora en la Corporación Venezolana de Guayana, el Intento de apropiación del oro de la República depositado en el Banco de Inglaterra, la designación írrita de un inexistente Procurador Especial de la República de Venezuela, de una junta administradora ad hoc del BCV y de una junta administradora ad hoc del Banco de Desarrollo Económico y Social”.

En este sentido, Saab indicó que el Ministerio Público adelanta 23 investigaciones que involucran a funcionarios del “gobierno interino” presidido por el líder opositor Juan Guaidó por supuestos hechos de corrupción y usurpación de funciones. 

También dijo que se han solicitado 59 órdenes de aprehensión, se han practicado 21 allanamientos, se han practicado 15 incautaciones y se han solicitado 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas.

«Son cifras contundentes de un esfuerzo realizado por el Ministerio Público para judicializar y desmantelar a esta organización criminal que hoy, prácticamente, está en desprestigio casi unánime. Detrás de un discurso político digitado desde los centros de poder mundial, se construyó esta organización delictiva que ha robado bienes de la República, malversado ayuda humanitaria, ha trabajado de la mano con gobiernos extranjeros hostiles para perjudicar a todos los venezolanos, colaborado con grupos terroristas y paramilitares, organizado golpes de estado, invasiones mercenarias e intentos de magnicidio», sostuvo.

Saab señaló que la derrota de la «banda de corruptos» ha significado un «nuevo resurgir de la política». En este sentido, resaltó que el debate y el establecimiento de nuevos espacios de negociación han impactado a la población venezolana.

«Ha sido gracias a la derrota de la violencia, afincada en la persecución penal de los que han pretendido alzarse en armas, hoy el país mira el futuro con optimismo».

El fiscal general también contabilizó 663 funcionarios policiales y militares privados de libertad en más de cuatro años de gestión; así como 33 civiles detenidos por su supuesta vinculación a violaciones de derechos humanos. 

«Nuestra institución hoy goza en este momento de una amplía credibilidad y prestigio entre la mayoría de la población, que sabe que trabajamos incansablemente por ser cada día más cercanos a las demandas de justicia, sobre todo de la ciudadanía de a pie», agregó.

Sobre la CPI 

Por otra parte, el fiscal general se refirió al caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI). Saab enfatizó que en el país se persiguen y sancionan las violaciones a los derechos humanos, por lo que consideró que «no hace falta» que el organismo internacional investigue a las autoridades venezolanas. 

«Lo vamos a demostrar en la práctica. Debemos reiterar que en el caso denominado Venezuela 1, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación», acotó.

Saab reiteró que el caso venezolano no recibió ninguna visita en los tres años que estuvo bajo el examen preliminar hasta que se decidió pasar a fase de investigación. 

«Venezuela ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la Corte, aportando información e invitándola a visitar el país. Así lo hicimos cuando visitamos a la fiscal Bensouda en La Haya». 

Saab indicó que las autoridades venezolanas entregaron ocho informes a la Fiscalía de la Corte, que compilan más de 3.000 páginas de información a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos en la nación.

Sin embargo, aseveró que el país recibió un «trato diferenciado», lo que permitió que se abriera una investigación por parte de la CPI. «Esperamos que en esta nueva etapa reine la transparencia, la complementariedad, la reciprocidad y el respeto mutuo», dijo.

Finalmente, Saab informó que el equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Internacionales sostuvo la primera reunión con el equipo que se instalará en la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas. 

«Esperamos que dicha oficina sirva para que la Fiscalía de la Corte coopere activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar, sancionar y mejorar los procedimientos nacionales», concluyó.