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Fiscalía de Brasil imputó a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
La acusación indica que Bolsonaro y otras 33 personas participaron en un complot denominado “Puñal Verde y Amarillo”, que buscaba derrocar el sistema democrático y mantener al expresidente en el cargo
Caracas / Foto: Archivo.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue imputado el martes por intentar un golpe de Estado para "permanecer en el poder" tras su derrota electoral en 2022.
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Según el Ministerio Público Federal de Brasil, Bolsonaro y otras 33 personas participaron en un complot denominado “Puñal Verde y Amarillo”, que buscaba derrocar el sistema democrático y mantener al expresidente en el cargo.
"Las denuncias se sustentan en manuscritos, archivos digitales, planillas y comunicaciones que revelan un esquema destinado a romper el orden democrático. Los documentos describen detalladamente la conspiración orquestada en contra de las instituciones democráticas", señala el comunicado.
Según el Ministerio Público Federal, la organización criminal estaba liderada por Jair Bolsonaro, quien junto a civiles y militares, "intentaron de manera coordinada impedir que se respetaran los resultados de las elecciones presidenciales de 2022".
El organismo asegura que el plan comenzó en 2021 con "ataques sistemáticos al sistema electoral, respaldados por declaraciones públicas y en redes sociales". Afirma que en julio de 2022, el entonces presidente se reunió con embajadores para "reiterar acusaciones infundadas sobre fraude electoral, buscando preparar a la comunidad internacional para desestimar la voluntad popular en las elecciones".
Además, destacó que durante la segunda vuelta electoral, se movilizaron cuerpos de seguridad para "mapear y obstaculizar la votación de electores opositores". "Los involucrados en esta etapa operaban dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, facilitando actos de violencia y vandalismo el 8 de enero de 2023", reza el texto.
"Las investigaciones revelaron la operación para ejecutar el golpe, en la que incluso se admitió la muerte del presidente electo (Luiz Inácio Lula da Silva) y del vicepresidente (Gerardo Alckmin), así como la de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF.) El plan fue aprobado por el entonces presidente de la República", dice el comunicado.
"La violencia del 8 de enero fue la culminación de estos esfuerzos, con movilizaciones frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia pidiendo intervención militar. Este episodio resultó en daños estimados en más de 20 millones de reales", señala.
Las denuncias ahora serán analizadas por el relator del caso en el STF, Alexandre de Moraes, quien determinará los próximos pasos en este proceso judicial.
Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, afirmó en su cuenta de X que la acusación "carece de pruebas" y acusó a la Fiscalía General de "servir a los intereses de Lula".
"Incluso después de que Alexandre de Moraes haya menospreciado al Ministerio Público Federal en la fabricación de los expedientes y torturado a Mauro Cid para "delatar" lo que no existió, el PGR se rebaja. Cumple su misión inconstitucional e inmoral de satisfacer el hígado de Alexandre de Moraes y el interés nefasto de Lula, que está en sus últimos meses de presidencia", escribió.
Bolsonaro, quien está inhabilitado para postularse en las elecciones de 2026, ha insistido en que sus problemas legales son un "intento por impedir su regreso al poder".
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