Foro Cívico rechazó proyecto de Ley que regulará el funcionamiento de las ONG

Caracas/Foto: Referencial.– El Foro Cívico rechazó este jueves la aprobación del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG por parte de la Asamblea Nacional electa en 2020. 

Lea también: Maduro arremete contra Guaidó tras su rendición de cuentas: «Hay que aplaudirlo»

«Desde el Foro Cívico rechazamos estas nuevas acciones arbitrarias emanadas de la Comisión de Política Interior de la Asamblea 2020 y exigimos garantía del ejercicio de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho», dijo la ONG en un comunicado. 

Estas acciones, insistió la organización no gubernamental, «constituyen una nueva agresión a los derechos ciudadanos de los venezolanos, una profundización del deterioro del espacio cívico y del Estado de Derecho; una amenaza a los beneficiarios de las labores humanitarias, de asistencia, protección, defensa y acompañamiento que prestan cientos de organizaciones en Venezuela a los más vulnerables. Implicaciones graves, y que parecen apuntar al objetivo de acallar las voces de quienes legítimamente se organizan para la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas». 

Ante ello, solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, quien se encuentra de visita en el país, adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales «para asegurar las garantías al ejercicio de los derechos de libre asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el respeto al Estado de Derecho, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República y los pactos internacionales de derechos humanos, de los cuales nuestro país es signatario». 

Para el Foro Cívico, es urgente diseñar e implementar una agenda de defensa de los derechos humanos en Venezuela, la cual promueva la identificación de áreas de acuerdos posibles, destinados a garantizar su ejercicio y disfrute. 

«Desde el Foro Cívico hemos sostenido que la negociación en todos los niveles y entre todos los actores posibles es una vía medular para la recuperación de una institucionalidad que proteja efectivamente y dé plena vigencia a estos derechos». 

Asimismo, solicitaron al Alto Comisionado profundizar sus esfuerzos «en aras de la transparencia y del derecho a la información, continuar demandando a las autoridades hacer público el texto del memorando de entendimiento suscrito con su oficina, a fin de habilitar un efectivo seguimiento de los acuerdos por parte de la sociedad civil, y especialmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos». 

También pidieron extremar el seguimiento de modo que el mandato integral de la Oacnudh se cumpla a cabalidad, «trabajando activamente por lograr un equilibrio entre el componente de protección a los derechos humanos y el de asistencia técnica, sumando el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales». 

Anticiparon que esto podría tener un efecto muy positivo ante la «situación de incumplimiento por parte del Estado en cuanto a las recomendaciones emitidas en este terreno». En este sentido, solicitaron concretar la visita de los relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas relacionados con los derechos que han sido vulnerados de acuerdo con los informes de la Oacnudh. 

De igual modo, pidieron los buenos oficios del Alto Comisionado para que el Gobierno de Nicolás Maduro «se ponga al día con los informes pendientes ante los órganos de tratados, tales como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». 

Por otra parte, expresaron su apoyo a los informes del Panel de Expertos de la ONU y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) para que el derecho de participación expresado en los próximos procesos electorales «sea verdaderamente justo y que mediante el ejercicio pleno de nuestra soberanía, podamos edificar un andamiaje institucional reconocido por todos». 

«Impulsar el reconocimiento, por parte de las autoridades, de la población venezolana que ha migrado forzosamente y el establecimiento de políticas públicas para la protección de los venezolanos, atendiendo a  las poblaciones más vulnerables con perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad». 

A su vez, demandaron el cese de la «represión, persecución y la criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos, comunicadores sociales, entre otros, así como la liberación de los presos políticos». 

La ONG también pidió diseñar mecanismos de seguimiento efectivos, que garanticen el «cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones emanadas de los informes de la Oacnudh», así como también elaborar un balance de dicho cumplimiento en sucesivos informes.

Finalmente,  instaron a trabajar junto a la sociedad civil en la creación de espacios de entendimiento en los que el Ejecutivo, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la oficina del Alto Comisionado puedan «diseñar metodologías concertadas para la investigación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos».