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Gobierno de Nicolás Maduro fue a La Haya en busca de lana y salió trasquilado

La Corte Penal Internacional determinó que hay razones para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes internacionales, en referencia a los abusos policiales y la detención de opositores durante el año 2017. Tarek William Saab y Alfredo Ruiz viajaron a La Haya para conocer el estado del reclamo del gobierno de Nicolas Maduro, que busca calificar a las sanciones de Estados Unidos como crímenes de lesa humanidad, pero se consiguieron con que lo más avanzado es la investigación contra el gobierno

Caracas.- La visita de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz no resultó tan placentera como esperaban. Miembros de la Administración de Nicolás Maduro acudieron a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, para conocer en qué estado se encontraba el llamado «examen preliminar Venezuela II», que se abrió para estudiar el reclamo presentado por el gobierno socialista, que busca que las sanciones de Estados Unidos contra algunos funcionarios venezolanos sean calificadas como «crímenes de lesa humanidad».

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Pero se encontraron con que el «examen preliminar Venezuela I»- que analiza los abusos policiales y la detención indiscriminada de grupos opositores en las protestas del año 2017, es la investigación que se encuentra más avanzada, al extremo de que la respuesta oficial de la CPI en relación a este caso fue que » Con respecto a la situación de Venezuela I, el Fiscal comunicó a la delegación que la Fiscalía había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la Oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», fue la respuesta del organismo publicada hoy en su plataforma oficial.

Lo que equivale decir que la fiscalía considera que hay motivos para creer que si se cometieron crímenes internacionales en Venezuela, denuncia que fue presentada en 2018 por varios países del Grupo de Lima, entre ellos Argentina,Colombia, Chile, Perú y Canada.

«Las autoridades venezolanas agradecieron la disponibilidad de la Fiscalía para reunirse con ellos a pesar de las restricciones vigentes por la pandemia de Covid-19, y renovaron su compromiso de apoyar a la Fiscalía y a su Fiscalía en su trabajo independiente e imparcial respecto a ambas situaciones relativas a Venezuela», dice el comunicado. «La Fiscal reiteró que ambas situaciones (Venezuela I y II) permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión, una vez finalizada, si se abre una investigación. Los detalles adicionales, incluidos los hallazgos de la Oficina, estarán disponibles en el próximo Informe de fin de año sobre las actividades del examen preliminar (2020)».

«El Fiscal General y la Defensoría del Pueblo se refirieron al sistema judicial en Venezuela y el trabajo de sus respectivas oficinas y aseguraron su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma con el trabajo de la Fiscalía. Para ello, el Fiscal General de Venezuela invitó al Fiscal Bensouda a visitar Venezuela».

Cabe recordar que de acuerdo al Estatuto de Roma, se define como crimen de Lesa Humanidad cualquiera que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque destacando entre otros la tortura y la desaparición forzada de personas.

«Todos los países firmante, Venezuela entre ellos, aceptan someterse a las decisiones de la Corte Penal Internacional lo cual le brinda carácter supra-estatal al acuerdo y por lo tanto no se podrá argumentar que la intervención de la Corte, en asuntos de su competencia en los términos previstos en el estatuto, puedan ser calificados como injerencia en asuntos internos de un Estado ni que sus actuaciones puedan ser consideradas como violatorias de la soberanía del estado.

El artículo 25, relacionado con la responsabilidad penal individual, establece que la Corte tendrá competencia sobre personas naturales, indicando que quien cometa un crimen de competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado…

Y el estatuto, en su Artículo 28, establece que tendrá responsabilidad penal el Jefe Militar o quien actúe como Jefe Militar de una fuerza, que haya cometido delito tipificado en el Estatuto, de modo que quien ejerza el comando de una fuerza militar y en ejercicio de sus funciones cometa los delitos tipificados en el estatuto, tendrá responsabilidad aunque argumente no tener conocimiento de dichas violaciones», según investigación publicada en el medio Politika UCAB.

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