Justicia española negó la residencia a un exviceministro de Nicolás Maduro que buscaba vivir en el país

Caracas/Fuente: Twitter: @saur37. El gobierno español negó la residencia al general Saúl Utrera Ramírez, quien intentó obtener una visa sin finalidad laboral para quedarse a vivir en el país. Tal como pudimos leer en la sentencia del Tribunal Supremo a la cual tuvo acceso El Cooperante, el militar venezolano quien fue viceministro para el Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz había solicitado ante el Consulado de España en Caracas, un visado de residencia sin finalidad laboral, pero el 22 de enero de 2022 fue negada su solicitud.

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En la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 20 de enero de 2023, se puede leer que uno de los argumentos que los llevó a tomar esa decisión, fue por el cargo que el venezolano ejerció entre enero y abril de 2015, cuando Venezuela se encontraba en medio de la crisis política y protestas en Venezuela.

Varias organizaciones no gubernamentales y colectivos de Derechos Humanos, así como medios de comunicación y partidos de la oposición política, han denunciado que durante el período de ejercicio de sus funciones como viceministro, y en el contexto de las protestas que se produjeron en Venezuela, las fuerzas de seguridad a su cargo habría sido responsables de comportamientos contrarios a los Derechos Humanos, incluyendo, entre otras alegaciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos a los detenidos.

En la solicitud del general Saúl Utrera Ramírez, alegó que ya había vivido en España legalmente desde el 08 de agosto del 2015 hasta el 11 de agosto del 2016, ya que se encontraba acompañando a su esposa quien había sido designada para cumplir funciones como "Adjunta a la Agregaduría de Defensa en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España" y como en el Consulado en Caracas le negaron la visa, introdujo los documentos en el país.

El gobierno español asegura que Saúl Utrera Ramírez representa un "riesgo para la política exterior española y podría interferir tanto en las relaciones bilaterales con el Estado de origen del solicitante como con la política multilateral española en materia de Derechos Humanos, circunstancia que sustenta la denegación de los visados", ya que para el viceministerio que trabajó tenía competencia en materia de investigación penal.

Pero, la defensa del mismo mencionó en el documento que la duración de su cargo solo fue de dos meses "no tenía funciones ni capacidad operativa para ordenar dispositivos policiales frente a cualquier tipo de manifestaciones o altercados públicos".

Argumento del gobierno español

Uno de los argumentos que utilizan es que ratifican la decisión del Consulado español en Caracas, ya que el militar está "bajo investigación de la Corte Penal Internacional, como el Tribunal Internacional encargado de juzgar los crímenes más graves y reprobables, delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión".