Economía
Gobierno extiende por dos años el decreto de inamovilidad laboral
Según el Decreto N° 5.070, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.868, la medida entrará en vigencia el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026
Caracas/Foto: Cortesía. El Gobierno de Nicolás Maduro extendió por dos años el decreto que establece la inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores público y privado.
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Según el decreto N° 5.070, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.868, la medida entrará en vigencia el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.
La información fue publicada en la cuenta del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en la que se indica que el decreto tiene como objetivo proteger el derecho al trabajo “como proceso fundamental para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”.
“Se establece la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores público y privado regidos por el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, por el lapso de dos años contados entre el primero (1°) de enero de 2025 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive, a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”, reza el documento.
¿Qué establece el decreto?
La inamovilidad laboral decretada establece que los trabajadores no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción.
En caso contrario, el trabajador podrá denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajador de la jurisdicción y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir o la restitución de la situación jurídica infringida.
La inamovilidad laboral fue una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro durante la pandemia de la COVID-19. En esa oportunidad, la decisión se estableció hasta finales de 2020 y luego se extendió por dos años más.
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