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Gobierno pretende intervenir la universidad, afirma Lourdes Ramírez de Fapuv

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Saimar De Santis.- Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv), condenó la actitud de la Asamblea Nacional y la publicación en Gaceta Oficial de su rechazo por la “paralización intermitente” en las universidades autónomas del país.

“Lo que pretenden es intervenir la universidad, culminar con la intervención, porque no hay interés en que la democracia, la libertad, la pluralidad y la autonomía universitaria busque resultados para salir de la crisis socioeconómica”, declaró Ramírez.

Consideró que en las universidades se encuentran las personas capaces de solventar los problemas que existen en el país, pero que en las condiciones actuales no es posible ofrecer la formación académica adecuada.

La Asamblea Nacional rechazó este martes el paro académico que llevan a cabo las universidades autónomas, afirmando que niegan el derecho al estudio a más de 200.000 estudiantes, llegándolo a clasificar de “secuestro político” excusado en demandas laborales.

que organizaciones como la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), así como otros voceros  que “no son gremios nada porque solo representan posiciones partidistas”, realizan bajo la excusa de exigir demandas laborales.

Los diputados oficialistas reclamaron a las universidades autónomas por no saber administrar su presupuesto, aunque este no ha tenido variaciones sustanciales desde 2007 a pesar de la inflación, argumentando que éstas solo poseen el 11% de la matrícula en el país y reciben mayores recursos que otras universidades. Por su parte, diputados opositores consideraron que la limitación es una estrategia del Gobierno para ahogar a las universidades y que amenaza su autonomía.

El proyecto aprobado en la Asamblea Nacional sugiere al Gobierno nombrar una comisión para introducir una demanda contra los representantes de las universidades en paro, por perjuicio al Estado; así como “tomar las medidas necesarias ante el ministerio del Proceso Social del Trabajo” y auditar las instituciones paralizadas para analizar el uso de los recursos que les han sido asignados desde el Estado.

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