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González Lobato: “TSJ en el exilio fue instaurado bajo dudosa legalidad”

El Cooperante | 1 octubre, 2018

Caracas/Foto: ElUniversal.- La doctora en Derecho Eglée González Lobato advirtió que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio han estado al margen de la reinstitucionalidad que necesita Venezuela. Además, precisó que dicha instancia fue instaurada bajo un procedimiento de dudosa legalidad.

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Estas afirmaciones las ofreció en una entrevista con el diario El Universal, para analizar la desincorporación de los magistrados Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, así como otras actuaciones promovidas por el TSJ en el exilio.

La directora del Proyecto Entendimiento Nacional, PEN, y creadora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones UCV, González Lobato, indicó que la desincorporación de Rebolledo como Alzuru, quienes fueron designados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional (AN) para conformar al Tribunal Supremo de Justicia, se efectuó debido a que ambos estimaron que las acciones tomadas por la instancia a la que pertenecían son irrealizables en la práctica por carencia de legitimidad.

Aseveró que el retiro de los magistrados se realizó mientras se concertaba el 5 de septiembre “la apertura del expediente SC-2018-0014 por la Sala Constitucional del llamado TSJ en el exilio para sustanciar la solicitud del Nombramiento de una Junta de Gobierno de Emergencia“.


“La Asamblea Nacional en sesión extraordinaria del pasado 21 de agosto acordó respaldar políticamente la decisión que condenó al Presidente de la República por actos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht. En ese mismo acuerdo ratificaron, además, el abandono del cargo de Nicolás Maduro, luego que en enero de 2017 ese parlamento declarara la falta absoluta por incumplimiento de las funciones presidenciales constitucionales”, mencionó.

En tal sentido, reveló que tanto el Poder Legislativo como el TSJ en el exilio declararon la falta absoluta de Maduro por procedimientos distintos en aplicación de los artículos constitucionales 232 y 233, para coincidir en el nombramiento de un próximo presidente.

Explicó que la AN con la intención de declarar la falta absoluta ejecutó una apreciación en negativo de las funciones presidenciales al constatar que el mandatario nacional incidió en ejercicios y omisiones que ubican su cargo completamente al margen del diseño y ocupaciones constitucionales de la Presidencia de la República, sobre todo la concerniente a la obligación de cumplir y hacer valer el ordenamiento legislativo, establecido en el numeral 1 del artículo 236 de la Carta Magna.

Asimismo, señaló que inversamente, el denominado TSJ en el exilio elaboró un juicio penal cuya audiencia pública y oral fue celebrado en Bogotá, Colombia, que concluyó el pasado 15 de agosto, con el acta final del proceso, publicada el 22 agosto en las redes sociales, con posterioridad a la fecha del acuerdo de la AN, que “respaldó política y ciegamente” tal decisión, según refiere El Universal.

La catedrática instó a poner especial atención en la presión ejercida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “en un acto sin precedente, en el que conminó públicamente al presidente de la AN a ejecutar lo decidido por el TSJ-exilio, a riesgo de incurrir en complicidad por los actos de corrupción objeto del juicio penal”.

González Lobato recordó que en el acta final del juicio, dictada por algunos magistrados presentes y otros virtualmente constituidos en Sala Plena del TSJ exilio, se declaró culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales a Nicolás Maduro y lo sentencian de conformidad con la legislación vigente a 18 años y 3 meses de cárcel, a cumplir en la prisión de Ramo Verde, Venezuela.

“En consecuencia y por aplicación del artículo 233 de la CRBV, el acta final ratificó el vacío institucional y declaró la destitución definitiva del Presidente de la República y lo conminó a: 1. Pagar una suma de 25 millones de dólares por el delito de corrupción; 2. Resarcir a la República con 35 mil millones de dólares por el delito de legitimación de capitales y 3. Quedar políticamente inhabilitado por el tiempo que dure la pena”, sostuvo.

¿Valor jurídico o simbólico?

Dudas razonables se han manifestado en relación al TSJ en el exilio, alertó la especialista en Derecho, al mismo tiempo que alegó que la interrogante reside en si existe un tribunal adecuadamente constituido con competencia legal o si se trata de un ente integrado por varios juristas, cuya capacidad no trasciende de dejar registros de las escandalosas denuncias por corrupción contra el presidente de la república, como una bandera de lucha ante los abusos de poder.

“Es conveniente recordar que la ley exige un número de 32 magistrados en el TSJ y la Asamblea Nacional nombró 13 principales y 20 suplentes, para suplir a los nombrados de manera “exprés” en 2015 por el anterior Parlamento. De tal modo que la intención de los diputados no fue nombrar otro TSJ o un TSJ en paralelo, lo que se quiso fue terminar de integrar al actual supremo judicial”, afirmó.

La juramentación, prosiguió, se celebró en la plaza Alfredo Sadel en Caracas, pero no se logró realizar la toma de posesión por la presión ejercida por el Gobierno contra los recién nombrados magistrados, quienes buscaron protección fuera del país. “Fue así como el 13 de octubre se instaló como TSJ-exilio en la sede de la OEA, donde se inició su año judicial”.

Por tal razón, la abogada aseguró que jurídicamente no sería viable sostener que los magistrados que despachan desde el exilio tengan jurisdicción para actuar o ejercer competencias -asignadas por la Constitución y las leyes venezolanas- desde el exterior, como tampoco podría predicarse que las decisiones que tomen fuera del territorio tengan ejecución real en Venezuela.

Expresó que otra de las dudas surgidas tiene que ver con la viabilidad de producirse una detención del presidente Maduro por parte de la Interpol ante una orden del TSJ-exilio, “cuyas decisiones carecen de ámbito internacional, a diferencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional de la Haya”.

Eglée González Lobato advirtió que, por una parte, las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han estado al margen de la reinstitucionalidad que se necesita y por otra parte el gobierno prefiere la violencia verbal antes que enfrentar el problema del éxodo masivo que la comunidad internacional discute. Manifestó que superar “las derrotas de 2016 y 2017 implica que tanto los que salieron al exilio como quienes se han quedado, deben articular una acción comprensible para todos y para ello “hay que desterrar la idea de un supuesto gobierno en el exilio con un supuesto TSJ en el exilio“.

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