Alberto Arteaga: Grabar la conversación entre Mendoza y Hausmann es el verdadero delito

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Saimar De Santis.- Luego de que la fracción oficialista de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Pedro Carreño, denunciara ante el Ministerio Público al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y al economista Ricardo Hausmann, las dudas crecen con respecto al desarrollo de esta denuncia.

Acusados de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y asociación para delinquir, el empresario y el economista están en el ojo del huracán luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, difundiera un audio en el que se escucha una conversación en la que se plantean escenarios para resolver la crisis económica venezolana.

Para el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, las imputaciones “carecen en absoluto de fundamento”, pues el verdadero delito en ese caso sería la grabación y difusión de una conversación privada.

“Quienes en definitiva han sido víctima de un delito, además a la luz de todo el país y de los medios de comunicación social, han sido el señor Mendoza y el señor Haussman. Por cuanto una comunicación privada entre ellos ha sido ilegalmente intervenida. Lo que debería investigarse es quién interceptó esa comunicación privada, porque eso es un delito en conformidad con la ley venezolana”, señaló el abogado.

Arteaga señala que existe una prohibición expresa en el artículo 48 de la Constitución nacional, en el que se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que éstas no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente.

“Lo que se pretende que se investigue es el contenido de una grabación que carece de todo valor, según lo que establece el artículo 181 del Código Procesal Penal. Esa grabación es ilícita, y hay que investigar quién hizo la grabación y aplicar las sanciones correspondientes. No puede interferirse ni puede difundirse ninguna comunicación privada”, explica Arteaga.

El penalista considera que en el audio difundido no es una prueba suficiente para realizar las acusaciones: “Es una comunicación absolutamente inocua. Ahí no hay elemento alguno que indique ni traición a la patria, mucho menos de usurpación de funciones”. Afirma que Mendoza, como cualquier ciudadano, solo estaría emitiendo una opinión sobre la situación del país y está haciendo uso de su derecho a opinar y a expresarse.

De acuerdo a los establecido en la legislación vigente las penas de cada uno de los delitos por los que los parlamentarios psuvistas solicitaron investigar a Hausmann y Mendoza son: En el delito de traición a la patria se establece una sanción de hasta 30 años de cárcel, por usurpación de funciones públicas la sanción va de dos a seis meses de prisión, mientras que en el caso de asociación para delinquir la pena sería entre seis y diez años de cárcel.

“Eso carece completamente de sentido, no tiene fundamento alguno en el derecho. La grabación carece de todo valor jurídico pues no fue autorizada por un juez, y en caso de que hubiese sido autorizada, no podría ser difundida”, concluye.

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