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Grupo de Lima urge al Gobierno realizar investigación “imparcial” sobre muerte de Fernando Albán

El Cooperante | 10 octubre, 2018

Caracas.- El fiscal de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunciaba el lunes que el concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, se había lanzado del piso diez de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela.

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Un “suicidio” que ha provocado innumerables reacciones tanto a nivel nacional e internacional que, en su mayoría, exigen al Estado venezolano emprender una investigación “imparcial” e “independiente” que logre esclarecer las dudas en torno a la misteriosa muerte del dirigente del partido Primero Justicia (PJ), quien fue detenido el pasado viernes 5 de octubre por funcionarios del Sebin, mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado Vargas, al momento de arribar al país.

Una posición a la que se unió el Grupo de Lima, en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Cancillería de Perú. En referida misiva, expresan su “profunda preocupación” por el fallecimiento del concejal venezolano, la cual ocurrió el lunes 8 de octubre en “circunstancias aún no esclarecidas”.


“El Grupo de Lima urge al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”, es parte del texto redactado por dicha instancia.

Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, ratificaron su repudio a la “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos”.

De igual manera, en el comunicado también insistieron en “su decisión de seguir realizando todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela”.

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